EE UU tuvo información permanente de los asesinatos y torturas de la dictadura argentina

Casi 27 años más tarde se confirma lo que ya se sabía entonces. La Embajada de Estados Unidos en Argentina recogía información de primera mano durante la dictadura militar entre 1976 y 1982 y la enviaba a Washington. Los funcionarios y agentes se reunían con altos cargos militares, políticos cómplices, sindicalistas venales y periodistas. Gracias a ellos se enteraban de inmediato de los secuestros, las torturas, las ejecuciones sumarias y de las luchas intestinas del poder. En la sede de la embajada se llenaron fichas sobre unos 13.000 ciudadanos 'desaparecidos'.

Nada se hizo para evitar los asesinatos. Entre los 4.677 documentos secretos desclasificados por el Gobierno de EE UU y entregados el martes en Buenos Aires, no hay una sola línea en la que alguien diga, al menos, 'denuncien' o 'detengan la matanza' de unas 30.000 personas.

Las ambiciones comerciales y políticas de Washington no tienen piedad. A fines de marzo de 1976, tras el golpe de Estado del general Jorge Videla, que inauguraba la más sanguinaria y criminal dictadura de la historia argentina, desde la Embajada en Buenos Aires se remitía a Washington un informe en el que se consignaba con cierta satisfacción: 'No fuimos acusados de estar detrás de este golpe y la Embajada espera que continúe siendo así (...) No sería bueno ni para ellos ni para nosotros. Sin embargo, los mejores intereses para la Argentina y para nosotros mismos descansan en el éxito de este Gobierno moderado que ahora lleva adelante el general Videla (...). Nos prometió resolver rápidamente varios de nuestros problemas de inversiones (Exxon, Chase Manhattan, Standard Electric y demás)'.

Los archivos abarcan toda la dictadura militar -incluida la guerra de las Malvinas- desde 1975, el último año de Gobierno de María Estela Martínez, Isabelita, la viuda de Perón, hasta 1984, un año después de asumir el Gobierno constitucional de Raúl Alfonsín. La búsqueda se organizó sobre la base de 300 temas presentados al Departamento de Estado por el National Security Archive, una ONG que ya trabajó en la revisión de documentos vinculados con Chile, El Salvador y Guatemala.

Los defensores de derechos humanos confían en que EE UU remita ahora los informes reservados enviados por los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y del Departamento de Inteligencia de Defensa.

Carmen Aguiar, miembro de la Línea Fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, recordaba ayer que 'durante el Gobierno de Carter había un funcionario, Allen Harris, a quien llamaban Tex, que atendía bien a los familiares de las víctimas y parecía preocuparse por la situación de las personas secuestradas y desaparecidas'. Hace dos años, el 16 de agosto de 2000, la secretaria de Estado de EE UU, Madeleine Albright, se comprometió ante madres y Abuelas de Plaza de Mayo a liberar los documentos clasificados y a reenviarlos a Buenos Aires.

Los textos, a veces manuscritos, incluyen análisis políticos de la situación y revelan también la trama de cómplices civiles que primero alentaron y apoyaron el golpe de Estado y luego encubrieron la represión y persecución de los opositores políticos. El consejero William Hallman comió en un restaurante de Buenos Aires con el dirigente radical Fernando de la Rúa el 12 de octubre de 1977, según consta en el documento desclasificado 80F178. La conclusión fue la siguiente: 'La actitud cínica de De la Rúa sobre 'el derecho a optar' (a irse del país) me interesó, porque entre los políticos civiles sé personalmente que De la Rúa es el más abierto defensor de la Junta Militar y creyente que casi todas las acciones tomadas por las fuerzas de seguridad son correctas'. En ese momento ya eran más de 15.000 los secuestrados. 20 años más tarde, De la Rúa sería jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y luego presidente de Argentina entre 1999 y 2001.

Por su parte, 'otro peronista, el ex gobernador de la provincia de La Rioja Carlos Menem, dijo en una reunión el 24 de julio [1982] que los militares deberían ser juzgados por sus errores, incluyendo los abusos a los derechos humanos. El líder del partido radical, Raúl Alfonsín, descartó cualquier posibilidad de manto del olvido'. La justicia civil condenó en 1984 a Videla y los principales comandantes de las juntas militares a penas de reclusión perpetua. A fines de los ochenta, Alfonsín impulsó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que liberaron de proceso a los oficiales acusados. A comienzos de los noventa Menem dictó el indulto a los militares que cumplían penas de cárcel.

Los informes, que han sido publicados en la página de Internet del Departamento de Estado de EE UU, incluían hasta los detalles sobre cómo se torturaba a los prisioneros en campos clandestinos de concentración: 'Descargas eléctricas, el submarino (les ahogan con una bolsa), inyecciones de sodio pentotal, severas golpizas, y el teléfono (un golpe en ambas orejas con las manos ahuecadas)'. Los documentos servirán como evidencia en los Juicios por la Verdad, donde se investiga el destino de las víctimas.