Los militares argentinos acusan el golpe del fin de las leyes de impunidad

El teniente general Juan Carlos Mugnolo, jefe del Estado Mayor Conjunto, ha sido el más elocuente: 'Llevamos sobre nuestras espaldas 18 años de desconfianza. Ningún país puede vivir eternamente culpándose por su pasado'. El jefe militar lanzó esta pregunta al aire: 'Lo que queremos saber es si terminará todo este estado de sospecha permanente'.

También habló el almirante Joaquín Stella, jefe de la Marina, una de las instituciones más comprometidas en la represión ilegal en los años de dictadura y que destaca por su mutismo oficial. 'Esta medida', dijo refiriéndose al fallo del juez Cavallo, 'significa un obstáculo en la búsqueda de la reconciliación nacional, que no está basada en el olvido, sino que mira hacia el futuro'. El jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Walter Barbero, sumó su opinión, en la misma línea: 'Es volver atrás en muchas cosas'.

El teniente general Ricardo Brinzoni, jefe del Ejército, es el único de los cuatro miembros de la cúpula militar que mantiene el silencio desde el fallo judicial. Pero hay que recordar que fue el primero en declarar, antes de hacerse pública la decisión del juez, que la anulación de las leyes sería 'un retroceso'.

Brinzoni es, precisamente, uno de los jefes militares bajo sospecha por el cargo que ocupó durante la dictadura al frente de la secretaría general de la gobernación del Chaco, provincia donde, en diciembre de 1976, fueron fusilados 22 detenidos.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que instigó la nulidad de las leyes de impunidad, investiga una eventual responsabilidad penal del actual jefe del Ejército en aquellos hechos.

Brinzoni dio la semana pasado un paso que puede tornarse en su contra, al encabezar una petición masiva de recursos de hábeas data, presentada por 658 oficiales del Ejército, ante organizaciones de derechos humanos.

El objetivo de la acción es conocer qué datos constan en registros tanto públicos como privados sobre los oficiales en cuestión. En la medida que pueden recurrir a los tribunales si consideran que los datos son incorrectos, los militares estarían reabriendo de alguna manera el pasado que pretenden enterrar.

Atrocidades del pasado

En opinión del CELS, el general Brinzoni trata de escudarse en las nuevas generaciones de las Fuerzas Armadas, que nada tienen que ver con las atrocidades cometidas en otros tiempos.

Pocos dudan que la salida a la palestra de los jefes militares para criticar el fallo del juez Cavallo ha sido coordinada con el flamante ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, que ha expresado su convencimiento de que las leyes anuladas son perfectamente constitucionales, 'porque fueron aprobadas por el Parlamento' de la época, en el que ocupaba un escaño de senador el actual presidente, Fernando de la Rúa.

Jaunarena también era ministro de Defensa del Gobierno que, bajo la presidencia del radical Raúl Alfonsín, elaboró las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

El espíritu de cuerpo que trata de infundir la cúpula militar contra una decisión judicial ha sorprendido al principal afectado, el juez Cavallo, según confesaba a EL PAÍS en una entrevista concedida esta semana.

'Cuando me hablan de malestar en las Fuerzas Armadas me cuesta creerlo. La fuerzas están compuestas por montones de personas. Esa gran mayoría no tiene nada que ver con lo que pasó. ¿Por qué razón no se va a ocupar de lo que se tiene que ocupar, que es la defensa de la República, en vez de preocuparse de una situación judicial que no le afecta?', declaró entonces el magistrado.

Cavallo recordó que 'la gente que integra la oficialidad joven de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas ni siquiera había nacido en la época en que se cometieron las violaciones de derechos humanos. Las FAS están integradas por hombres y mujeres honestos que deben tener el orgullo de llevar el uniforme y que no están manchados por ninguna sospecha de participación en hechos tan aberrantes que han marcado la historia de la República Argentina de manera lamentable'.

La decisión del juez ha recibido el apoyo del general Martín Balza, ex jefe del Ejército, que una vez más ha reiterado su pública autocrítica por los desmanes de sus compañeros de armas en el pasado.

Balza rechazó que con la anulación de las leyes de impunidad pretenda juzgarse al Ejército y admitió que la ley de Obediencia Debida 'protegió a los culpables e hizo sospechosos a los inocentes' porque 'muchos de ellos, que estaban imputados, querían aclarar su situación a la justicia, pero la ley se les impuso'.