El Supremo argentino declara inconstitucional el recorte salarial del 13%

La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha declarado inconstitucional el decreto dictado a mediados de 2001 y que suponía una reducción del 13% de los salarios de los funcionarios estatales y jubilados de mayores ingresos.

Ante esta medida, el Gobierno argentino se ha declarado insolvente ya que carece de fondos para cumplir con el fallo de la Corte Suprema. El ministro de Justicia y seguridad, Juan José Alvarez, ha admitido que el fallo judicial afectará al plan económico, mientras que el jefe del gabinete de gobierno, Alfredo Atanasof, ha subrayado que "todo el mundo sabe" que no hay fondos para cumplirlo.

El fallo, con la firma de siete ministros responde a la demanda particular interpuesta por el militar Leónidas Tobar contra el Ministerio de Defensa. Aunque sólo afectaría a este caso, sentaría un precedente para que miles de funcionarios del Estado y jubilados se lancen a reclamar a los tribunales la devolución de los montantes recortados.

Los empleados públicos argentinos han recibido con júbilo la noticia y el Gobierno se ha quedado en silencio ante la decisión del Supremo. La medida supone un duro golpe al plan de ahorro fiscal del presidente argentino, Eduardo Duhalde, y, aunque fue dictada a partir de una demanda particular crea una jurisprudencia que servirá de amparo al resto de las personas perjudicadas por la reducción, según han declarado expertos legales.

"Realmente satisfechos"

El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación, Andrés Rodríguez, ha expresado su satisfacción por el fallo de la Corte Suprema, el máximo tribunal del país. "Estamos realmente satisfechos porque se está haciendo justicia con un reclamo de larga data del gremialismo, que lo reivindicó con luchas y acciones judiciales que ahora han dado su fruto", ha destacado Rodríguez, una de las principales figuras de la Confederación General del Trabajo (CGT), la más antigua central sindical del país.

El tribunal ha afirmado en los fundamentos de su fallo que "la ausencia de límites temporales y cuantitativos de las quitas salariales desarticula todo el sistema del empleo público, pues el derecho de los trabajadores estatales se encontraría en todo momento a merced de la discrecionalidad con que el poder público resolviese llevar a cabo su política económica, afectando los derechos constitucionales de la propiedad y los que tutelan la relación laboral".

El tribunal ha recordado que si bien ha admitido que "frente a una situación de emergencia son aceptables remedios extraordinarios que aseguren la autodefensa de la comunidad, tales poderes que asisten al estado democrático no son ilimitados".