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Juicio a Marina Castaño por malversación en la Fundación Cela

El fiscal pide cuatro años y medio de prisión y ocho de inhabilitación para la que fue esposa del Nobel, un conselleiro de Fraga, el exdirector y la subdirectora de la entidad

Marina Castaño ante los juzgados de Padrón tras declarar como investigada en julio de 2016.
Marina Castaño ante los juzgados de Padrón tras declarar como investigada en julio de 2016.

Ya no será ante un jurado popular, como se había previsto en un principio, pero Marina Castaño, la que fue segunda esposa y después marquesa viuda (hasta que se casó de nuevo) de Camilo José Cela, se sentará toda la semana que viene en el banquillo de los acusados por una maniobra de malversación de caudales públicos supuestamente perpetrada en 2010, cuando la Xunta decidió rescatar de la quiebra la fundación del Nobel. El fiscal que desde 2012 investigó los números de la institución cultural reclama cuatro años y medio de prisión y ocho de inhabilitación absoluta para Castaño, que en el momento de los hechos era presidenta de la entidad con sede en Iria Flavia (Padrón, A Coruña).

Álvaro García Ortiz exige la misma pena para otros tres acusados: Tomás Cavanna, el director elegido por el propio escritor para gobernar la casa; Dositeo Rodríguez, conselleiro de la Xunta en tiempos de Fraga y antiguo miembro del patronato de la fundación; y la hija de este, Covadonga Rodríguez, subdirectora de la institución todavía hoy, a pesar de su imputación y de que la Camilo José Cela es ahora una fundación pública. Lo que esta semana juzgarán en Santiago los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña es si los cuatro "orquestaron" el despido "simulado" de Cavanna al tiempo que la Xunta tomaba las riendas de la Fundación e iba a prescindir de sus servicios. El objetivo, afirma la fiscalía, era beneficiar al director gerente con una indemnización neta de 150.000 euros procedentes del dinero público.

"Con el concurso y la participación activa de todos ellos, en ejecución de un plan preconcebido y con la finalidad de conseguir un beneficio económico a favor de Tomás Cavanna y con su acuerdo, simularon un despido", acusa el fiscal de Santiago Álvaro García Ortiz en su escrito provisional de conclusiones. Dositeo Rodríguez era en aquella época "miembro destacado del patronato, persona de confianza de la presidenta, y debido a su estrecha relación con la Xunta, pues había sido Conselleiro de Presidencia, era también persona cercana a los responsables políticos". Con el fin de que Cavanna se embolsase los 150.000 euros netos, Rodríguez "se encargó de convenir con el beneficiado la mencionada cantidad imputable a los fondos públicos y de que el montante total fuera asumido por la Xunta de Galicia".

El despido, "orquestado por los acusados, fue sometido a la aprobación del patronato en su reunión del 27 de mayo de 2010", y los patronos "de buena fe" aprobaron que el director gerente "fuera cesado conforme a su voluntad, como despido objetivo por causas organizativas, con una indemnización de 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades". Cuatro días después, Covadonga Rodríguez, la subdirectora que había sido preparada por el propio Cavanna en vistas a su próxima jubilación, comunicó al director "su despido por causas organizativas" con una indemnización "de 96.000 euros" (los 20 días de salario por año trabajado con un límite de 12 meses). Ella firmaba la carta "en nombre de la fundación".

El 3 de junio, en la conciliación celebrada ante la SMAC (Sección provincial de Mediación, Arbitraje y Conciliación), la pupila de Tomás Cavanna "pactó con él el pago de 150.000 euros con cargo a los fondos de la Xunta", tal y como habían "concertado previamente". De esta cantidad "no se efectuó la retención de 75.274,69 euros a la que estaba obligada la fundación en concepto de rentas de trabajo" y Cavanna "tampoco liquidó las cantidades correspondientes a la declaración del IRPF". Este hecho, que supondría un delito de fraude fiscal, quedará definitivamente impune porque ha prescrito "penal y administrativamente".

Sin público y en bancarrota

Todo esto sucedía en el momento en que la fundación hacía agua después de años de "gestión de los acusados", recuerda la fiscalía. Tras la muerte de Cela en 2002, la institución perdió muchos patrocinadores. Al final la situación económica era "crítica", se sucedían los conflictos con la plantilla, las actividades y visitas del público se habían desplomado, y afloraba el deterioro galopante de algunos fondos emblemáticos. Estaba incluso en "peligro" la "continuidad" de la propia fundación, asegura el fiscal. La que por el tamaño de su legado es la mayor fundación de autor de toda España, sobrevivía a duras penas con fondos públicos desde el año 2007 y estaba en bancarrota. Esto era "ampliamente sabido por todos los acusados", que promovieron que la Xunta, durante el primer mandato de Alberto Núñez Feijóo, "asumiera la tutela mediante la firma de un acuerdo económico". En la fecha de los hechos, la Camilo José Cela era ya "una fundación del sector público de Galicia".

Pero la casa seguía regida por los mismos. Marina Castaño fue quien "firmó el cheque nominativo" para abonar los 150.000 euros el 30 de julio. Esto, a pesar de que, tal y como subraya el fiscal, "en la papeleta de conciliación habían establecido que el pago podría hacerse en 10 plazos entre agosto de 2010 y mayo de 2011". El ministerio público considera a los cuatro acusados responsables de la malversación y pide para todos la misma pena, aunque distingue entre Marina Castaño y Covadonga Rodríguez, a las que atribuye el papel de "autoras"; y Dositeo Rodríguez y Cavanna, a los que define como "partícipes necesarios". Además de los cuatro años y medio de prisión y los ocho de inhabilitación absoluta, exige que devuelvan de forma "conjunta y solidaria" el dinero de la indemnización de aquel director, sobrino de Juan Benet, que el propio Cela fichó en 1993 en la Ford para confiarle su fundación en Iria Flavia.

Papeles anónimos en la acera de enfrente

S. R. P.

Después de 17 años de gerencia, Cavanna publicó las reflexiones y memorias de su paso por la institución en el libro Tumba revuelta (Cara y cruz de la Fundación Cela) y está jubilado. Por su parte, el exconselleiro popular de Presidencia y Administraciones Públicas, excandidato a alcalde de Santiago y exvicepresidente de la Diputación de A Coruña Dositeo Rodríguez fue nombrado por el Parlamento gallego en 2013 miembro del Consello de Contas, órgano fiscalizador de la contabilidad de las Administraciones públicas en Galicia. Hoy ya no ocupa ese cargo.

Cuando lo nombraron ya habían sucedido los hechos que se juzgan. Y la actividad económica de la Fundación Cela estaba bajo la lupa de la fiscalía y el juzgado de Padrón a consecuencia de la denuncia presentada por Lola Ramos, una vecina de Iria (de la acera de enfrente de la sede) que había recibido en varias entregas una comprometida documentación anónima. El prestigio de Rodríguez, número uno de su promoción en el Cuerpo de Inspectores de Finanzas del Estado, empezaba a tambalearse. Su hija, sin embargo, continuó al frente de la Fundación Cela, primero como directora gerente en funciones y luego, tras su imputación, como subdirectora. El cargo de director y presidente del patronato le corresponde ahora que es pública al conselleiro de Cultura de la Xunta.

Museo del Ferrocarril

La acusación particular, ejercida por el abogado Xosemaría Rodríguez, en nombre de la denunciante Lola Ramos, eleva la petición de pena de prisión a cinco años, más 10 de inhabilitación, para Castaño y los otros tres procesados. La documentación que ella entregó al fiscal en 2012 destapaba una presunta trama de sociedades que se embolsaban las sustanciosas devoluciones del IVA que le correspondían a la fundación por estar declarada entidad sin ánimo de lucro. La fiscalía formuló su denuncia inicial por estafa, fraude, malversación y apropiación indebida contra Castaño y Cavanna, y la causa acabó reduciéndose a los dos últimos delitos. En 2016, la Audiencia Provincial ordenó dividirla en dos piezas, y la de apropiación siguió instruyéndose por separado (hasta su archivo) de la que finalmente llega a juicio.

En estos años, además, el hijo del Nobel, Camilo José Cela Conde, ganó a la fundación y a la que fue viuda de su padre su particular batalla judicial por la parte de la herencia que le correspondía. El Supremo obligó a devolverle 5,2 millones de euros, de los que 1,2 eran responsabilidad de la entidad pública en manos de la Xunta. Para saldar la herencia legítima, la fundación vació y dio al hijo la llamada Casa número 8, de las que había ido comprando Cela para albergar su legado en Iria y montar su soñado Museo del Ferrocarril. También le entregó 20 obras de arte.

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