La policía fiscal y la Guardia Civil registran la Fundación Cela

Hasta facturas por valor de más de cien euros de una multinacional láctea, según fuentes relacionadas con el caso, se llevaron los agentes que entraron en la sede de la Fundación Camilo José Cela, en Padrón, para efectuar un registro por orden judicial. Los policías se presentaron en las Casas dos Coengos el pasado 24 de julio, aunque hasta ahora no ha trascendido la operación, que sigue bajo secreto de sumario. Eran miembros de la Guardia Civil y de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, y en el interior del edificio administrativo se encontraron, únicamente, según las mismas fuentes, con la directora. Covadonga Rodríguez, hija del histórico popular Dositeo Rodríguez y actual directiva de la fundación, fue nombrada a dedo en 2010 como relevo del gerente de siempre, Tomás Cavanna (cuando la Administración gallega empezaba a tomar las riendas), y ha sido mantenida en el puesto por la Xunta ahora que la institución es definitivamente pública. En cuanto llegaron los agentes, Rodríguez telefoneó a su abogado para que la asesorase durante el registro.

Según personas vinculadas con el caso, los investigadores revisaron los archivos de correo electrónico de los responsables de la entidad y se llevaron una voluminosa documentación compuesta por nóminas, transacciones bancarias y facturas de todo tipo cobradas o pagadas a cargo de la Fundación Cela. La orden de registro fue emitida por la juez María Salomé Martínez Bouzas, titular del juzgado de Instrucción número 2 de Padrón, que abrió la investigación después de que la Fiscalía de Santiago presentase en junio una denuncia contra Marina Castaño y Cavanna. El fiscal Álvaro García Ortiz había investigado desde enero, con el apoyo de la Agencia Tributaria, las actividades económicas dentro de la fundación de la viuda de Camilo José Cela y del gerente que ella misma y el Nobel habían traído procedente de la Ford. Después de seis meses, concluyó que había pruebas suficientes para presentar una denuncia por estafa, apropiación indebida, fraude fiscal y malversación de caudales públicos.

Las pesquisas partieron de una denuncia inicial que presentó Lola Ramos, una vecina de Iria Flavia, la localidad padronesa en la que permanece la sede de la Fundación Cela pese a que el rescate de la institución llevado a cabo por la Xunta implicará el traslado de los fondos más valiosos a la Cidade da Cultura. Ramos intenta destapar las presuntas actividades irregulares de Castaño desde el año 2004 y posee una sustanciosa documentación comprometedora que obtuvo, en buena parte, a través de envíos anónimos de personas conocedoras de las interioridades de la fundación. Antes de presentarse en la Fiscalía, Ramos denunció durante años que la viuda, nombrada con el respaldo de Fraga presidenta de la entidad al morir el Nobel, había creado sociedades interpuestas para aprovechar subvenciones y obtener las “millonarias devoluciones del IVA” que correspondían a la fundación como institución “sin ánimo de lucro”.

La cantidad de dossieres que remitió Ramos a responsables políticos e instituciones diversas durante aquellos años de investigación particular es ingente. Los recibieron Fraga, Touriño y finalmente Feijóo a su paso por la presidencia de la Xunta, el Ministerio de Hacienda, altos cargos de la Agencia Tributaria, el Patronato de Fundaciones e incluso el Rey. En cada caso guarda Ramos las cartas de respuesta, conforme estaban al tanto de sus “reflexiones” (dijo Fraga) o “consideraciones” (según Feijóo) los remitentes, pero nadie puso freno a las supuestas actividades ilícitas de Castaño. Por eso Ramos, después de que el juzgado de Padrón asumió el caso, volvió este verano a la Fiscalía para denunciar, en primer lugar al hijo de Cela (al que también había informado) y posteriormente a Feijóo y a Touriño por ocultación y omisión del deber de perseguir delitos.