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El juzgado de Padrón instruirá la denuncia contra Castaño

El fiscal confirma que la viuda de Cela tenía personal pagado por la fundación

Castaño llega a la fundación para la última  junta el pasado día 12.
Castaño llega a la fundación para la última junta el pasado día 12.

Malversación de caudales públicos, estafa, apropiación indebida y fraude fiscal, “entre otros” según la Fiscalía, son los delitos que pudieron cometer Marina Castaño y Tomás Cavanna, exgerente de la fundación Cela, a través de Lengua y Literatura, Agrupación de Interés Económico (AIE). Ambos montaron esta sociedad mercantil, aún en vida de Cela, supuestamente para desviar sustanciosas subvenciones y patrocinios que entraban en la institución sin ánimo de lucro creada en Padrón por el Nobel, y facturar, además, las devoluciones millonarias del IVA que le correspondían a la fundación, exenta del pago de impuestos.

Después de cerrar una investigación en la que intervino desde comienzos de año la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía nacional, y colaboró también la Tesorería General de la Seguridad Social, el fiscal de Santiago, Álvaro García Ortiz, ha denunciado a los dos socios. El juzgado de Padrón deberá continuar ahora la instrucción, reclamar al patronato la documentación contable y llamar a declarar, como solicita el ministerio público, a Castaño López, todavía vinculada a la Fundación Cela como presidenta de honor, y a Cavanna Benet, defenestrado en 2010 de la gerencia, cuando la entidad fue asumida supuestamente al borde de la quiebra por la Xunta.

Como adelantó ayer este periódico, la investigación del fiscal partió de la denuncia presentada por una vecina de Iria Flavia, Lola Ramos, que lleva años recopilando documentos delatores de supuestas maniobras de desvío de capital que se produjeron en la sede de la fundación Cela después de la constitución, en junio de 1998, de la sociedad interpuesta Lengua y Literatura, AIE. Los trasvases de dinero se realizaban a través de una cuenta abierta en la oficina del Pastor de Padrón a nombre de esta firma.

Estos movimientos a través de la cuenta del Banco Pastor y otras prácticas probadas, como la existencia de trabajadores contratados y pagados por la institución cultural gallega que “en realidad prestaban sus servicios en actividades privadas del matrimonio Cela”, casi siempre en su casa madrileña de Puerta de Hierro, han llevado al fiscal a señalar una presunta malversación de caudales públicos. Además, considera que “constituyen la base para investigar la posible comisión de delitos de estafa, apropiación indebida y otros como fraude fiscal”.

El fiscal confirma que la viuda de Cela tenía personal pagado por la fundación

Lengua y Literatura, AIE, “de finalidad real desconocida”, se creó con un capital inicial procedente en un 80% de los ingresos, en forma de subvenciones y patrocinios, que recibía la Fundación Cela, y en un 20% de lo aportado por otra sociedad mercantil, Letra y Tinta, SL, que dirigía directamente Marina Castaño desde su domicilio en Madrid. A partir de ese momento, Lengua y Literatura, tal y como explica el fiscal en su denuncia, “empieza a gestionar las subvenciones de la fundación” y a pagar las facturas que genera esta, con lo que “obtiene grandes cantidades de dinero en concepto de devolución del IVA”.

Entre la documentación recabada, de la que según el fiscal “se desprende” que Lengua y Literatura actuaba “de manera interpuesta”, figura una factura emitida en 1998 por la empresa Odein, SL, por 26,7 millones de pesetas, “presuntamente por la realización de una obra en la fundación”. Esta empresa, hasta ese año del grupo Malvar, estaba presidida por Thais de Picaza, entonces miembro del patronato de la Fundación Cela y recientemente condenada por delito fiscal y falsedad en documento mercantil. Otras pruebas relevantes son copias de las propias actas de las reuniones del patronato, en las que constan varias (y gruesas) cantidades referidas a reintegros de la Agencia Tributaria, y la declaración de IVA que presentó Lengua y Literatura en 1999, en la que consta una devolución de casi siete millones de pesetas.

En septiembre de 2010, según relata el fiscal, Lengua y Literatura “realizó una operación con valores” por importe de casi 1,3 millones de euros, y mes y medio después entró en fase de disolución para darse finalmente de baja en diciembre. Entonces ya se había retirado Letra y Tinta de la sociedad, y Lengua y Literatura estaba al 100% participada por fondos de la Fundación Cela. La operación con “acciones y participaciones en sociedades de responsabilidad limitada” quedó con esta denominación registrada en un documento notarial firmado en Santiago.

La sociedad mercantil se disolvió al tiempo que entraba la Xunta en la fundación

Las últimas maniobras de Lengua y Literatura recogidas por la Fiscalía hasta el momento de la disolución coinciden en el tiempo con el rescate llevado a cabo por la Xunta. En 2010, el entonces conselleiro de Cultura, Roberto Varela, negociaba con la viuda la conversión de la entidad en pública y el traslado de los manuscritos de Cela a la Cidade da Cultura. Aparte de que sean llamados a declarar los dos denunciados, Castaño y Cavanna, el fiscal García Ortiz ha solicitado al juzgado de Padrón que requiera al patronato de la fundación “para que aporte todos los libros de actas y documentación contable de la misma desde el año 2007”.

Por su parte, el presidente de la Xunta, desde este mes plena responsable de la fundación, que ha pasado a ser de carácter público, aseguró ayer en declaraciones a la prensa que no sabía nada del asunto. “No tengo información para pronunciarme”, dijo Feijóo, “supongo que nos darán traslado y tomaremos nuestra decisión”. “Sabemos lo que se publicó”, añadió en referencia a lo que contó EL PAÍS. “La Fundación Cela tiene el legado del único Nobel gallego, y creemos que hemos de cuidarlo. Estaremos a lo que digan los fiscales”, comentó, e insistió: “No tenemos notificación de nada, no creo que ningún cargo de la Xunta tuviera información de lo que hoy se ha publicado”. No obstante, este diario ha podido ver la carta de respuesta que, con fecha del 25 de enero de 2010, envió Feijóo a la mujer que llevó el caso a la Fiscalía, Lola Ramos. En ella le agradecía su “opinión” y su “interés”. Previamente, ella le había remitido información acerca de todo lo que ahora, a través del fiscal, ha llegado al fin a manos del juez.