Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La Audiencia confirma que un jurado popular juzgará parte del ‘caso Cela’

Considera que se trata de un delito de malversación de caudales públicos porque la Xunta ya había tomado las riendas de la entidad. Ordena separar de la causa la apropiación de las devoluciones del IVA por la que también se investiga a Marina Castaño

Marina Castaño pasa ante unas vecinas por una calle de Padrón a la salida del juzgado.
Marina Castaño pasa ante unas vecinas por una calle de Padrón a la salida del juzgado.

El caso que investiga la gestión de la Fundación Cela desde que era una entidad de carácter privado hasta el momento en que se llevó a cabo el proceso de transformación pública y el gerente de toda la vida marchó premiado con una generosa indemnización (pese al ahogo económico que sufría la institución) sufre cambios importantes en la recta final de las pesquisas. La Audiencia Provincial de A Coruña ha resuelto con cuatro autos otros tantos recursos de apelación contra decisiones dictadas por el juzgado instructor, el número 2 de Padrón, y ha decretado la escisión en una pieza separada de la investigación sobre la supuesta apropiación indebida por parte de Marina Castaño del IVA procedente de obras de rehabilitación realizadas en la Fundación. También ha dictado el sobreseimiento provisional del capítulo relativo a la contratación de un mayordomo para Castaño que cobraba con cargo a la fundación.

Sin embargo, en respuesta a los recursos presentados por el excargo popular Dositeo Rodríguez y su hija Covadonga (nombrada a dedo directora-gerente durante la transformación de la entidad en pública) la Audiencia rechaza el archivo de la causa en la que están investigados por malversación de caudales públicos y confirma que esta parte será juzgada por un jurado popular. Dositeo y Covadonga Rodríguez, Marina Castaño y el exgerente que dirigió la fundación desde tiempos de Cela, Tomás Cavanna, siguen investigados por este delito de malversación, que salió a la luz por el empeño de una vecina de Padrón, Lola Ramos, y que según la audiencia debe someterse al veredicto de un jurado porque se trataba ya, a mediados de 2010, de una fundación asumida por la Xunta que recibía del erario público más de la mitad de su financiación. Según el intercambio de elocuentes correos de la época, que figura en el sumario, los cuatro investigados estaban al tanto de la indemnización de 150.000 euros que se preparaba para el director saliente.

En uno de los autos, la Audiencia estima parcialmente las aspiraciones de Castaño y admite que las cuestiones relativas a las devoluciones del IVA "no son enjuiciables por el tribunal de jurado", como el resto de la causa por malversación de caudales públicos, "ni [unos delitos] pueden considerarse conexos con los anteriores". Marca, además, una importante distancia en el tiempo: recuerda que estos hechos se produjeron "con anterioridad a mayo de 2010", es decir, cuando la Fundación Cela "era de naturaleza privada", al igual que las sociedades supuestamente implicadas y creadas para el desvío de cuantiosas sumas en concepto de devoluciones de IVA, que le correspondían por tratarse de una institución sin ánimo de lucro. Todo esto sucedía en el sector privado, de ahí que ni Castaño ni Cavanna, que no actuaban "como funcionarios públicos a efectos penales", deban ser juzgados por estos hechos por un jurado popular.

Para que esta causa se juzgue en su cauce pertinente, la Audiencia Provincial ordena al juzgado instructor que forme una "causa separada" para "depurar las responsabilidades en las que podrían haber incurrido" tanto Castaño como Cavanna por "apropiación indebida". Según un informe pericial incluido en la causa, la entidad Lengua y Literatura, Agrupación de Interés Económico (AIE), constituida con un 80% de capital de la Fundación y un 20% a nombre de Marina Castaño, absorbió el IVA de las obras de rehabilitación de dos de las Casas dos Coengos (Iria Flavia, sede de la fundación del Nobel), unos trabajos subvencionados con fondos públicos.

Lengua y Literatura, AIE, se constituyó el 27 de julio de 1998 con un fondo operativo de 500.000 pesetas y su objetivo social era "administración, tenencia, rehabilitación, explotación y arrendamiento de inmuebles que sean propiedad de sus socios", es decir, gestionaba fundamentalmente propiedades de la Fundación Cela. La aportación de Marina Castaño se hizo a través de la sociedad Letra y Tinta, SL, que dirigía la periodista desde Madrid, y que también ha sido objeto de esta investigación. A través de Lengua y Literatura, AIE, se "recuperó el IVA en las facturas pagadas por la rehabilitación y equipamiento de las casas números 5 y 8 de los canónigos".

Por otra parte, en esta serie de autos, la sala acuerda el "sobreseimiento provisional parcial" del episodio relativo a la supuesta contratación con cargo a la Fundación de un trabajador privado de Mariña Castaño. La Audiencia no observa el "debido encaje punitivo" de estos hechos en la causa, recuerda también que se produjeron cuando la fundación era privada y reconoce que su "conocimiento y valoración no corresponde a la jurisdicción" que abarca el resto de elementos.

Finalmente, en varios autos, la Audiencia Provincial rechaza la petición realizada por todos los imputados de sobreseer la causa y apoya la necesidad de que el caso de malversación relativo a la suculenta indemnización de Cavanna sea juzgado por un jurado popular. Los cuatro investigados habían pedido el sobreseimiento alegando que se había producido vulneración de derecho a la tutela judicial efectiva por atribuirles un delito de malversación de caudales públicos, que deber se "cometido por un funcionario". Pero, en la misma línea que la juez de Padrón, la sección sexta de la Audiencia de A Coruña, con sede en Santiago, recuerda que la jurisprudencia "ha mantenido siempre una concepción amplia del sentido penal de funcionario público", que "no exige las notas de incorporación ni de permanencia, sino, fundamentalmente, la participación en la función pública".

A diferencia con los hechos del caso Cela acaecidos antes de mediados de 2010, la indemnización se decidió cuando ya se había firmado el traspaso de la entidad a manos de la Xunta y la modificación de los estatutos, el 27 de mayo de 2010. Por tanto la entidad, insiste la sala, ya "era pública", aunque el proceso no culminase hasta dos años más tarde, y en aquel momento recibía más del 50% de sus fondos desde la Administración. "Desde 2010, los recurrentes eran funcionarios públicos a efectos penales, por desempeñar funciones en una fundación del sector público", recoge el auto, que ratifica el carácter de "caudales públicos" de las cantidades investigadas y considera que el "núcleo central" de los acontecimientos "tuvo lugar cuando la fundación era pública".

La audiencia se extiende bastante en las pruebas que sostienen el caso concreto de la indemnización de Cavanna, que cobró 150.000 euros por un despido que, presuntamente, fue "un cese más o menos voluntario". Los mensajes intercambiados en aquel momento entre los cuatro investigados revelan que "hubo una negociación entre las partes para determinar el monto indemnizatorio". Castaño comenta que los "servicios prestados" por el hombre que el propio Cela contrató, procedente de la Ford, se merecen una "generosidad" ilimitada a la hora de su marcha. Y Covadonga Rodríguez, hasta aquel momento pupila de Cavanna y sucesora en el cargo al llegar la Xunta, informa a su padre de la cuantía estipulada por el beneficiario y de los cuatro plazos en que debe satisfacerse. Y añade un comentario: "Alucino".

La Audiencia considera que están fundamentadas las acciones encaminadas a "simular un despido por causas objetivas", cuando "se trataba de una marcha del empleado consensuada y a la carta". Tanto por el conocimiento previo que todos los investigados supuestamente tenían como por el hecho de que sabían que "el dinero era público", la Audiencia rechaza los recursos en contra de que el supuesto delito sea objeto de un tribunal del jurado.