José María Mena

Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no basta con que los jueces sean independientes, es necesario, además, que lo parezcan

El joven monarca y el ambiguo gobernante disfrutaban hace 41 años de una amplísima credibilidad. Todavía no habían amasado sus inexplicables e injustificables fortunas

Los dirigentes del PP han encontrado una nueva excusa para seguir negándose de manera manifiesta y terminante a participar en el proceso de elección para la renovación quinquenal del Consejo, desobedeciendo el mandato constitucional

Hay constituciones, como la italiana o la francesa, que prohíben la revisión de la forma de gobierno. Nuestra Constitución, sin embargo, sí permite revisar la forma monárquica

La pederastia clerical parece una lacra que abarca a las confesiones cristianas de casi todos los países. Quizá la razón de esa abundancia está en el antinatural celibato forzoso, unido al llamado secreto pontificio

La llegada excepcional de refugiados afganos puede desbordar temporalmente los recursos de acogida. Pero es responsabilidad de la UE velar por el efectivo cumplimiento de las reglas democráticas que nos hemos dado

Para neutralizar el problema de los procesos penales pasados, presentes y futuros existen instituciones jurídicas históricas, legítimas y practicables, como son la amnistía, la reforma del código penal o el indulto

Sea cual sea el resultado de los análisis, el caso es que Isabel Díaz Ayuso triunfó blandiendo este eslogan, jugando frívola o cínicamente con uno de los conceptos fundacionales de nuestra cultura

Los magistrados, a veces, han de medir o comparar derechos en litigio, u otros conceptos abstractos, inmateriales, de contenido cultural e ideológico, cuya estimación es necesariamente personalísima

Para recuperar el inmueble que Francisco Franco consiguió de manera fraudulenta, sus herederos ejercitarán todos los recursos procesales que les ofrece una legalidad democrática que no se merecen

El regreso de Juan Carlos I sería un terremoto que alejaría a la institución de la mayoría de la gente. Por eso no debería volver. Al Juan Carlos perdedor le ha llegado ya el tiempo del suspiro

A la tercera va la vencida. Es deseable que, ahora sí, llegue al debate parlamentario y que en él no sufra enmiendas que desnaturalicen lo esencial, en lo que coincidían los proyectos de Zapatero y de Rajoy

La inseguridad jurídica y la desconfianza cívica crecen con las pugnas, más políticas que sanitarias, entre gobiernos. Aumentan con las rectificaciones del Gobierno y con las tergiversaciones de Ayuso

Cuando era el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz actuó tras conversar con el Papa sin sentirse teológicamente obligado a atenerse a las terrenales reglas de la legalidad democrática

El desconcierto deriva fácilmente hacia la desconfianza y la hostilidad frente a las prohibiciones, las normas y las instituciones

Si las pruebas documentales contra Juan Carlos I fueran suficientes para impulsar una investigación penal, debería asegurarse la disponibilidad del investigado ante los jueces

Está claro que una Constitución democrática no debería amparar actos ilegales del monarca ajenos a su función como jefe de Estado, pertenecientes a su vida privada, patrimonial o íntima

Nunca habríamos imaginado que el supuesto ético y jurídico del estado de necesidad nos sería desfavorable, y que en el autobús de la vida, a nuestros años, nos había de corresponder ceder el asiento

Un jefe del Estado republicano es un ciudadano responsable ante sus conciudadanos cuando deja el cargo; un jefe del Estado monárquico no es un ciudadano, es soberano, es irresponsable y vitalicio

Hay fórmulas jurídicas que, sin propugnar la impunidad, están previstas para cuando la pena sea notablemente excesiva. tienen grandes dificultades políticas y jurídicas, pero ninguna es imposible

Pese a las críticas jurídicas, éticas y estéticas no existe ninguna incompatibilidad o impedimento legal para que la exministra de Justicia, Dolores Delgado, sea nombrada fiscal general

Ahora, para la Audiencia Nacional, el trabajo sexual por cuenta ajena ya no es actividad económica lícita al margen de enfoques morales. La razón del cambio no es técnico-jurídica. Es el feminismo.

Mientras haya peligro de muerte inminente de miles de personas, serán profundamente reprochables las prohibiciones de acudir en su socorro. Sería deseable que esas normas prohibitivas fueran derogadas