Corrupción: los sospechosos salpican

Las sospechas de corrupción preceden a su descubrimiento como los nubarrones a las tormentas. Cuando esas sospechas recaen sobre miembros relevantes de un grupo humano, sea institución, corporación, partido, profesión, o familia, las sospechas comprometen al grupo. Mucha gente cree que todos conocen las fechorías de los sospechosos, o al menos las toleran, las suponen, o las silencian. Dicen: “Son todos iguales”. Cuando el responsable aprovecha su jerarquía o superioridad en el colectivo o actúa utilizando a sus miembros, implica a estos como colaboradores más o menos voluntarios. Y salpica a todo su grupo.

Un ejemplo reciente: los sospechosos mensajes de WhatsApp cruzados durante el año 2019 entre el presidente de la Audiencia Nacional (AN) José Ramón Navarro y Francisco Martínez, que había sido secretario de Estado de Interior con el ministro Fernández Díaz, ambos implicados en la trama delictiva policial para favorecer al PP (operación Kitchen). Martínez pedía insistentemente información y ayuda judicial sobre el proceso que le afecta, que estaba en fase de secreto sumarial. Navarro promete dársela. Su cautela en sus mensajes es palmaria, pero le invita a cenar en casa. Cabe sospechar que en esa conversación doméstica, íntima e indemostrable, pudo explayarse en informaciones irregulares con datos procesales secretos obtenidos del juzgado con la necesaria complicidad, intencionada o irresponsable, de los jueces correspondientes. La sospecha clamorosa que recae sobre el presidente difícilmente le acarreará responsabilidades por falta de pruebas, pero implica directamente a esos jueces. Y además salpica a toda la judicatura.

Otro ejemplo reciente: el FC Barcelona pagaba a Enríquez Negreira mientras fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Los datos fueron descubiertos por la Agencia Tributaria que, como es preceptivo, los remitió a la fiscalía. La investigación progresó y ha sido judicializada. Cobró, según las noticias, casi siete millones de euros mientras ejercía funciones jerárquicas sobre el colectivo arbitral, diciendo que fue para conseguir que los árbitros “no perjudicaran al club”. Lo mismo que dicen los gánsteres cuando exigen contraprestación por una supuesta protección. Pero con una diferencia esencial: no consta que los directivos pagaran coaccionados por amenazas de Negreira. Ni que este les estafara cobrándoles, año tras año, hasta siete millones de euros, sin intención de cumplir su compromiso, y sin que los directivos, que no son ingenuos, le pagaran sin percibir el engaño.

Las sospechas, ahora ya indicios, sugieren que hubo un acuerdo libre para que el vicepresidente del CTA consiguiera que los árbitros favorecieran intencionadamente al club con decisiones incorrectas. Y eso constituiría un delito de corrupción en el deporte, introducido en el código penal en 2010, imputable a Negreira y a los árbitros que hubieran accedido a sus ilegales proposiciones, a los directivos que pagaron por ello y al club como persona jurídica responsable. Pero ni el conjunto del colegio arbitral ni los 143.000 socios del Barça son culpables. Como no lo son los más de 5.000 jueces y juezas de las sospechosas confidencias de Navarro. No son iguales. Pero están injustamente salpicados por el irreversible desprestigio de las sospechas.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal