Desjudicialización de la política catalana

Fue la palabra del verano. La utilizaron, sin contención ni precisión, cuando empezaron los calores del tórrido verano que ahora acaba. Decían pretender desjudicializar el procés, previamente judicializado hasta la saciedad, con severas condenas ya dictadas y con otros numerosos procesos incoados, pendientes de conclusión. Y, sobre todo, con Puigdemont judicializado, aunque procesalmente en rebeldía.

En tal contexto, desde el gobierno de España y desde la Generalitat de Catalunya, se acomete una iniciativa para solucionar el inacabable conflicto político. El ministro Bolaños, en una entrevista a principio del verano, decía que desjudicializar no es mirar para otro lado si hubiera un presunto delito. “Es apostar por la política, [porque] judicializar cronifica los conflictos”.

Un documento de esos mismos días, suscrito por representantes del gobierno de España y de la Generalitat, decía que “la actividad política debe llevarse a cabo dentro del ordenamiento jurídico vigente”. Es decir, se conciertan para que en lo sucesivo no haya ni unilateralidad extralegal, de un lado, ni policía patriótica o Pegasus, ilegales, del otro. Y añadía el siguiente circunloquio: “La eventual mejora del marco normativo ha de producirse mediante mecanismos ya establecidos. Los acuerdos deben ser con mayorías grandes”. Estos son los márgenes del terreno de juego en el que el gobierno de España y la Generalitat de Cataluña se conciertan para resolver el conflicto, o por lo menos reconducirlo a márgenes tolerables. Más allá de esos difíciles márgenes es un territorio que pertenece a unos protagonistas ajenos a las iniciativas y documentos de este verano: es el territorio del sistema judicial español y europeo. Otra vez, el lento, complejo e inexorable territorio de la judicialización.

Si la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea facilita al Tribunal Supremo español la captura de los rebeldes Puigdemont y acompañantes, entonces el proyecto de desjudicialización podría convertirse en una rejudicialización, políticamente incómoda e incontrolable. La solución del indulto parcial, como el de los ya indultados, no es una solución. Requiere, previamente, una instrucción judicial con sus previsibles recursos, sus interrogatorios de investigados y testigos, un juicio oral desmesurado mediáticamente, una condena, y un cumplimiento parcial de la pena. Previsiblemente, meses y meses de “cronificación” del conflicto, e innumerables ocasiones para incidentes deplorables.

La otra propuesta para desjudicializar el procés se plasma en el circunloquio de Bolaños: “La mejora del marco normativo”, o sea, la reforma de la sedición en el Código Penal, que nunca podría alcanzar a la impunidad práctica de los que aún están pendientes de juicio. De todos modos, esta iniciativa exigiría mayorías parlamentarias de ley orgánica, de problemática consecución en lo que queda de legislatura.

Seguramente en cuanto se reinicie el curso político habrá otras iniciativas, todavía incompletas, o trabajadas con discreción entre los calores del verano, para desjudicializar el procés, y que no conduzcan a la incontrolable espiral de la rejudicialización. Es imprescindible evitar que, al oír la palabra del verano, los insidiosos anhelantes de la perpetuación del conflicto nos recuerden la clásica frase de Hamlet: palabras, palabras, sólo palabras.

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