ERC apremia al Gobierno para que la mesa de diálogo cierre acuerdos en el frente judicial

El Gobierno y los republicanos se abren a reformar Código Penal, pero sin especificar el alcance

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (a la derecha), y el de la Generalitat, Pere Aragonès, el 15 de julio en La Moncloa.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (a la derecha), y el de la Generalitat, Pere Aragonès, el 15 de julio en La Moncloa.Andrea Comas

El Ejecutivo central y el de la Generalitat celebran esta semana una nueva reunión de la mesa de diálogo. Ambas partes insisten en que habrá frutos “sí o sí”. Esa fue la idea que transmitieron, el pasado día 15, los presidentes Pedro Sánchez y Pere Aragonès tras su encuentro en La Moncloa. Sin embargo, todo indica que el proceso de maduración de esos frutos necesita tiempo y trabajo. Los republicanos apremian al Ejecutivo de Sánchez para cerrar acuerdos en el frente judicial. Los primeros espadas de ERC, con Oriol Junqueras a la cabeza, acusaron el pasado fin de semana al Ejecutivo de no querer reformar el Código Penal, mostrando así el interés porque los avances lleguen en ese campo. Los republicanos consideran que afirmar que no existe una mayoría parlamentaria para hacerlo, como defiende el propio Sánchez, es una excusa más. Mientras, ERC pide a Junts, que no acudirá pese a ser parte del Govern, que no ponga piedras en el camino de la mesa de diálogo.

Las posiciones de inicio del Gobierno y el Govern son muy distantes. En una entrevista a este diario, la ministra de Hacienda y nueva número dos del PSOE, María Jesús Montero, recordó el domingo que una negociación sobre la independencia de Cataluña es imposible y que ni siquiera se habla de ello en los tanteos parlamentarios: “Jamás hemos hablado con nadie de otros elementos que puede que estén en la cartera de algunos partidos. La independencia de Cataluña, por ejemplo”. En el caso de la llamada “desjudicialización”, en ERC insisten en que este término es cosecha de La Moncloa y recuerdan que aparece como el segundo punto de la llamada Agenda del Reencuentro, el documento de 44 puntos con el que el Gobierno quiere encauzar la desafección de parte de la ciudadanía de Cataluña. Las mismas fuentes insisten en que el Govern no tiene problemas semánticos, porque ese término encaja en su propuesta de amnistía para las decenas de altos cargos y ciudadanos que tienen causas abiertas o sentencias derivadas del procés. El Gobierno ya indultó a los condenados por el Tribunal Supremo, en una decisión criticada por la oposición de derechas, y anunció una reforma del Código Penal, que no ha llevado a cabo, para reducir a la mitad las penas por el delito de sedición. El Ejecutivo central sostiene ahora que más allá de los indultos, es muy difícil definir qué más puede proponer en ese apartado, bajo la premisa de actuar en el marco de la legalidad vigente.

La reforma del Código Penal, que ya en su día recomendó la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, tiene como punto más paradigmático reformar el delito de sedición para reducir a la mitad sus penas. Fue el delito por el que fueron condenados los exconsejeros de la Generalitat de Carles Puigdemont en concurso medial con malversación de fondos públicos. La Fiscalía los acusaba de rebelión, mientras la Abogacía del Estado, tras la llegada del PSOE al Gobierno, cambió su calificación por la de sedición). ERC, en su defensa de la amnistía como la propuesta que cree que genera más consenso en Cataluña, se cerraba en banda a negociar esa reforma del Código Penal. Pero el criterio ahora es no dejar escapar esa ventana de oportunidad. “Si alguien tiene otras propuestas en esta dirección, que lo propongan, pero en todo caso hechos y acuerdos, y acciones y medidas, no solo palabras”, criticó el lunes la portavoz republicana, Marta Vilalta.

Fuentes de La Moncloa ya desinflaron, hace dos semanas, la posibilidad de que se abordara esa reforma en la mesa de diálogo. Los últimos trabajos de calado sobre el tema se hicieron cuando Juan Carlos Campo era el titular de Justicia. El tema ha vuelto a la primera línea después de que, la semana pasada, la diputada de la CUP Anna Gabriel se presentara ante el Tribunal Supremo para normalizar su situación jurídica tras más de cuatro años de vivir huida en Suiza. Todos los ojos se pusieron en la secretaria de ERC, Marta Rovira, que también huyó para no comparecer ante los magistrados. En su caso, como en el de Puigdemont, un cambio en las penas del delito de sedición podría ser uno de los engranajes que podrían evitar su ingreso automático en prisión si se entrega a la justicia. La situación de Gabriel era menos complicada, pues se le acusaba de desobediencia.

El propio Sánchez reconoció, en una entrevista concedida a La Vanguardia en el mes de junio, que ve con buenos ojos el cambio. “Nosotros siempre hemos defendido la actualización del Código Penal. Tenemos que modernizarlo y adaptar algunos preceptos a las democracias de nuestro entorno”, aseguró. Eso sí, el jefe del Gobierno recordó que son necesarios 176 diputados para conseguirlo. El domingo, el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, culpó al Gobierno de paralizar la reforma por “razones políticas” en una entrevista con Europa Press. “Si no hay una razón matemática, es evidente que la razón es puramente política”, afirmó, señalando a la mayoría de la investidura.

Esa presión también muestra cierto nerviosismo. Por un lado, les preocupa que el Gobierno ya dé por zanjada la crisis desatada por el caso Pegasus de espionaje de móviles a independentistas, y tenga la tentación de bajarle la importancia a la reunión de la mesa de diálogo. De ahí que se trabajara tanto en amarrar un compromiso sobre el método de trabajo, que finalmente pactaron el ministro Félix Bolaños y la consejera Laura Vilagrà.

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El otro tema es el cambio en la Fiscalía General del Estado. La renuncia de Dolores Delgado por razones de salud generó inquietud, pues los republicanos creen que en la labor del ministerio fiscal también puede haber margen para que se logre “sacar a las togas de la política”, pese a que el Gobierno recalca que no puede dar órdenes a ese órgano en ningún caso. Dos de los grandes responsables del referéndum ilegal del 1-O, Josep María Jové y Lluís Salvador, están a la espera de que la Fiscalía presente su escrito de acusación para que después el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña les abra juicio oral.

Los republicanos niegan que se esté dejando en segundo plano la idea de que se logre celebrar un referéndum. Desbrozar el frente judicial, defendió Vilalta, es el primer paso de “un camino que aglutina a la mayoría de la ciudadanía de Cataluña”. Junts aprovechó el lunes para insistir en su rechazo a la mesa de diálogo, que considera caduca y sin margen para lograr ningún acuerdo. En ERC critican esa actitud. “Hay que superar la judicialización, por lo que nos gustaría que en esta negociación se sumen nuestros compañeros de viaje, en lugar de poner piedras en este camino”, lamentó Vilalta.

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