Desjudicializar

La Sala de lo Contencioso-administrativo resolvió el pasado jueves el recurso del presidentde la Generalitat, Quim Torra, contra la decisión en la que la Junta Electoral Central le privaba de su escaño en el Parlament a consecuencia de la sentencia de inhabilitación dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La resolución de la Sala de lo Contencioso-administrativo se produjo antes de que el fondo último de la cuestión, la inhabilitación de Torra por haber mantenido emblemas independentistas sobre la fachada de la Generalitat en periodo electoral, haya sido decidido definitivamente por la Sala de lo Penal del mismo Tribunal Supremo. Por último, la Junta Electoral, esta vez la de Barcelona, ha concedido 48 horas al Parlament para que, a tenor de lo ya establecido por el Supremo, retire el escaño a Torra.

La evidente dificultad para describir con precisión este laberinto de resoluciones judiciales que el propio president de la Generalitat ha querido tejer a su alrededor a partir de una decisión entre grotesca e inane coloca al independentismo, y no solo a su partido, ante la disyuntiva de aplicarse a sí mismo aquello que no deja de reclamar a los demás. Si el independentismo quiere de verdad desjudicializar la política, ese eslogan del que ha hecho bandera, que empiece por aquello que, en una esfera política sin interferencia alguna con la justicia, haría cualquier partido que no cese de invocar la democracia y el bien de los ciudadanos, y del que dependa un Ejecutivo incompetente y paralizado: convocar elecciones. Cataluña merece que de una vez por todas las urnas se pronuncien sobre una estrategia que hasta ahora solo ha consistido en cometer ilegalidades para, a continuación, exhibirse agraviado por la actuación de los Tribunales y recurrir sus decisiones, inflando deliberadamente una monumental burbuja para que Torra pueda continuar gesticulando como president en su interior.

En términos políticos, estrictamente políticos, hace demasiado tiempo que el independentismo carece de cualquier argumento para prolongar una legislatura en la que no existe propiamente un Ejecutivo, sino una acumulación desordenada de funciones y consejeros, ni tampoco un Legislativo, sino un escenario donde la eficacia de los debates en los que deberían decidirse los asuntos más graves de una comunidad en nada difiere de la de unas charlas intrascendentes entre diputados. El reciente compromiso alcanzado entre las fuerzas independentistas con En Comú Podem para aprobar los presupuestos autonómicos ha permitido superar por un lado una parálisis que, por el otro, permanece férreamente asegurada: con un president cuyas prioridades políticas coincidan con las expresadas por Quim Torra, ni Cataluña conseguirá revertir los daños económicos y sociales infligidos por el procés, ni existen garantías de que, si de él depende, no se ciegue cualquier salida.

El Partido Socialista, primero, y el Gobierno presidido por Pedro Sánchez, después, están dando pasos arriesgados para reconducir la situación en Cataluña sin que, por el momento, sus interlocutores de Esquerra Republicana de Cataluña hayan correspondido con el más mínimo gesto. La encrucijada ante la que el president Torra se ha colocado deliberadamente a sí mismo, y que mañana deberá recibir una respuesta del conjunto del independentismo, interpela de manera directa a ERC y, si la obcecación y el fanatismo no le cegara, también a su socio de Gobierno, Junts per Cataluyna. En manos de ambos partidos ha quedado la decisión de qué hacer del Parlament, un parapeto para seguir judicializando la política al mismo tiempo que se reclama desjudicializarla o una Cámara donde la voluntad de los ciudadanos tenga el valor que le corresponde. La propaganda interesada acerca de la respuesta judicial del Estado ya ha dado de sí todo cuanto podía, y ha llegado la hora de que el independentismo demuestre con hechos políticos cuál es la suya.