Castilla-La Mancha urge a desmontar una vía ferrata levantada en un espacio protegido de Toledo

Se despejan las sospechas que para los ecologistas estaban más que claras. La vía ferrata instalada en el cauce del río Pusa, en Toledo, vulnera la normativa que protege el entorno. La Junta de Castilla-La Mancha ha pedido al Ayuntamiento de Santa Ana de Pusa (345 habitantes, Toledo) que retire los elementos que conforman la vía y que organizaciones como Ecologistas en Acción y Esparvel habían denunciado por alterar el entorno e invadir un ecosistema altamente sensible. Según la información a la que ha tenido acceso EL PAÍS las comprobaciones técnicas realizadas por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, a través de los agentes medioambientales, determinan que la instalación, que lleva aparejadas varias tirolinas, “es incompatible con la conservación de los recursos naturales de la zona”.

El procedimiento puesto en marcha por el Gobierno regional el pasado mes de noviembre confirma lo que ya decían estas organizaciones: que la instalación vulnera el plan de gestión de la ZEC/ZEPA Ríos de la margen izquierda y Berrocales del Tajo, incluida en la Red Natura 2000, y que prohíbe este tipo de actuaciones en el entorno en la que justamente se instaló: una zona del río que discurre encañonada, conocida como La Estrechura, de alto valor paisajístico y en la que, según Ecologistas en Acción, habitan especies protegidas como el águila imperial, la cigüeña negra, la nutria o el búho real. El Ejecutivo de Castilla-La Mancha ya ha trasladado sus conclusiones al Consistorio de Santa Ana de Pusa para que “adopte las medidas oportunas que devuelvan al espacio su estado original”.

El alcalde del municipio, Serafín Diego (PSOE), asegura que desmontará la vía, pero pide que sean las administraciones que, afirma, dieron la autorización al proyecto, las que asuman el coste de los trabajos. “Yo no tengo por qué saber si es o no una zona ZEPA. Pedí unos permisos a la Confederación Hidrográfica del Tajo y a Medio Ambiente y me los dieron”, defiende. “En cuanto nos digan que ponen el dinero llamamos a la empresa que la hizo y la quitan”, agrega. El alcalde lamenta que la vía ferrata —un itinerario para practicar la escalada en roca equipado con clavos, peldaños y cables de acero, entre otros elementos— no vea finalmente la luz por los beneficios que iba a reportar a su municipio. “Todos los días tenemos llamadas de gente preguntando si la puede hacer. Afectará al turismo del pueblo”, vaticina.

Ecologistas en Acción, que denunció la instalación ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, celebra la decisión de la Junta, pero lamenta que el daño ya está hecho. “La vía ha supuesto perforaciones y ensuciamientos de los que tendrá que hacerse cargo el responsable”, apunta Roberto Oliveros, coordinador de esta organización en Toledo. Y señala, además, los riesgos que entrañaba la vía ferrata. Las lluvias que han caído en la zona en las últimas semanas han cubierto de agua la instalación por la crecida del cauce del Pusa y han evidenciado, explica, las “nulas condiciones de seguridad” que reunía. “Parecía que la instalación no hubiera estado nunca allí, estaba totalmente sumergida. Luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando pasan accidentes graves”.

Oliveros apunta a la “irresponsabilidad” del Ayuntamiento de Santa Ana de Pusa “por saltarse a la torera la normativa medioambiental y de seguridad”. Y eso, añade, “además de la restauración del daño causado, debería tener las sanciones que correspondan”. El alcalde responde que cualquier sanción, “si la hubiera”, debería ser para la Junta, “que es la que ha metido la pata por dar los permisos sin mirar el terreno y si es o no es zona ZEPA”. “Yo, que soy el Ayuntamiento junto a mis compañeros, estamos decididos a quitarla. Hay vecinos que no la quieren y yo respeto a mi pueblo. Ellos, que son los que han dado el permiso, que se busquen la vida y hagan lo que tengan que hacer. Si no nos dan el dinero para retirarla, se quedará ahí, aunque sea cerrada”, advierte.