La rejudicialización de Vox

La enseñanza principal del procés es que las soluciones traumáticas son insuficientes e ineficaces. La ruptura traumática que pretendía el unilateralismo ilegal independentista careció de fuerza suficiente para lograr sus objetivos. La imposición traumática judicial de la legalidad vigente acalló el conflicto, pero es insuficiente e ineficaz para resolver el larvado problema histórico. La desjudicialización es un ejemplo inteligente y audaz de aprendizaje de aquella lección. Judicializar, según la RAE, es llevar por vía judicial un asunto que podría conducirse por otra vía, generalmente política. Desjudicializar, por lo tanto, es optar por esa otra vía. Pero evidentemente, la nueva vía no garantiza la solución final del problema. Es solamente el cauce, lleno de dificultades, contradicciones, interrupciones, retrocesos e incluso desaciertos. Y también de obstáculos tendidos por quienes no asumen la lección del procés, y no toleran más tratamiento del problema que el de la rejudicialización, es decir, la vuelta a la vía traumática policial y judicial para imponer la legalidad vigente.

Vox nos brinda un ejemplo paradigmático de esa intolerancia frente a cualquier vía de desjudicialización del problema que resurgió con el procés. Ha interpuesto una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, contra los integrantes de la mesa de diálogo gobierno-Generalitat, contra el exministro de justicia, contra Oriol Junqueras y contra muchos más. Según Vox, los querellados habrían cometido un delito de conspiración para la rebelión, y alternativamente para la sedición, y otros delitos derivados o relacionados con esa acusación principal. Según la querella, Sánchez y los demás querellados quieren desarmar al Estado, paso a paso, a lo largo del tiempo, con medidas como los indultos, la derogación de la sedición y la disminución de penas de la malversación, con todo lo cual facilitarían la repetición impune de hechos como los del procés de 2017, que ellos calificaban como delito de rebelión.

Pero los querellantes deben saber que hechos como los de 2017 no constituyen delito de rebelión, porque así lo decidió el Tribunal Supremo en la famosa sentencia contra los independentistas. También deben saber que no cabe acusar de sedición, porque ese delito ha desaparecido del Código Penal. Y, sobre todo, deben saber que Vox no puede querellarse contra el Presidente y los demás miembros del Gobierno por un delito de rebelión, porque no se lo permite la Constitución. Según su artículo 102.2 para esa acusación es necesaria la iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. Vox necesitaría 87 votos para la iniciativa de la querella, y 175 para su aprobación. Y solo tiene 52.

Deben saber, y saben, que su querella es procesalmente inviable. Les da igual. Solo pretenden azuzar el populismo ultrarrepresivo, simplista y visceral, ajeno y hostil a las reglas de la Constitución, del derecho y de la lógica. Su pretendida argumentación acusatoria no es irrisoria, ni obra de ignorantes. Es una querella mendaz e insostenible, que evidencia su taimada maquinación leguleya y sus inquietantes designios extrajurídicos.

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