Aragonès asume que no se celebrará la mesa de diálogo para mostrar sus últimos acuerdos con Sánchez

El ‘Govern’ de Pere Aragonès ha asumido que finalmente no se celebrará la mesa de diálogo que estaba convocada para antes de final de año. Tras la aprobación de la reforma del Código Penal, el Gobierno de Pedro Sánchez enfrió la posibilidad de organizar el encuentro e insinuó que no tenía ninguna prisa en convocarlo. La decisión de La Moncloa irritó inicialmente al Ejecutivo catalán, pero al final se ha resignado al subrayar que en realidad la reunión tenía solo como objetivo visualizar la “desjudicialización” del procés con la derogación del delito de sedición y la reforma del de malversación. “Los resultados de la mesa son incuestionables”, ha afirmado la portavoz del Ejecutivo, Patrícia Plaja.

Tras la celebración del Consell Executiu, la portavoz ha reconocido que ya no esperan que esa mesa se celebre en los próximos días ni semanas y ha lamentado que el Gobierno haya sucumbido a la “presión” de la derecha y haya optado por no mostrar públicamente en Cataluña los acuerdos asumidos. “Cuesta entender que después de la reforma, el Gobierno no haya querido escenificar el resultado”, ha afirmado. “Han priorizado minimizar el ruido a mantener su compromiso”, ha dicho. La portavoz ha asegurado que las negociaciones con La Moncloa continúan de forma discreta.

La futura mesa de diálogo, por tanto, no figura de momento en la agenda. Y no sería de extrañar que se aplace a después de las elecciones municipales de mayo. El Govern rechaza en cualquier caso la lectura de Pedro Sánchez de que con esta reforma del Código Penal el “procés se ha acabado”. “Puede repetirlo las veces que quiera, pero el conflicto y el movimiento independentista sigue más vivo que nunca”, ha insistido Plaja. También ha afirmado que el Ejecutivo catalán quiere abordar en esta nueva fase la celebración del referéndum de autodeterminación. El Gobierno se opone de manera frontal a esa reivindicación y considera que con los cambios en el Código Penal, que beneficiarán a los líderes del procés condenados por el Tribunal Supremo, la llamada carpeta catalana está prácticamente cerrada.

La decisión de Aragonès de aceptar que no habrá una mesa de forma inminente ha coincidido en el tiempo con el anuncio de que se celebrará una cumbre hispano-francesa en Barcelona para consagrar la amistad entre los dos países. La elección de Barcelona como sede puede interpretarse como un mensaje del Gobierno de que ha logrado sacar a Cataluña de la “crispación”, como afirmó Pedro Sánchez en un mitin con Salvador Illa el pasado mes de diciembre. El Govern carecía este mediodía de información sobre esa cumbre.

El Govern no descarta aprobar las cuentas sin los apoyos necesarios si ven que el PSC y Junts dilatan innecesariamente la negociación

De momento, el Ejecutivo en solitario de Esquerra ha arrancado el año con las cuentas prorrogadas y con el objetivo de aprobarlas y empezar a tramitarlas la próxima semana. “Las negociaciones están muy avanzadas. Es de suma importancia que los recursos estén disponibles”, ha afirmado este martes Aragonès. Con una mayoría parlamentaria frágil de 33 escaños, ERC necesita imperiosamente el apoyo del PSC (los mismos diputados) o de Junts (32). De momento, solo cuenta con el acuerdo con En Comú Podem (8) y está lejos de alcanzar la mayoría absoluta (68). La portavoz asegura que están “a las puertas” de llegar a un pacto con el PSC y que solo falta “voluntad política” para cerrarlo al garantizar que han aceptado el 87% de las medidas que pedían los socialistas por valor de 5.300 millones. Según su versión, el PSC ha solicitado ahora otras por valor de 5.000 millones más sin querer aumentar impuestos. “Es poco serio”, ha dicho Plaja. Y ha insistido en que no incluirán en la negociación temas que reivindica el PSC como la ampliación de El Prat, el proyecto del Hard Rock Café en Tarragona o el impulso del Cuarto Cinturón.

El optimismo del Ejecutivo choca con el PSC. Los socialistas no han ocultado su creciente malestar después de que el Govern haya dado casi por hecho el acuerdo y le acusa de manejar cifras que dicen que no son exactas. “Están rompiendo los puentes y las confianzas”, afirma Alícia Romero, portavoz del PSC en una entrevista en El Nacional al asegurar que sus reivindicaciones se elevan a 3.000 millones para 2023 y que tampoco es cierta el porcentaje del 87%. El Govern ha avisado, mientras, que no descarta aprobar las cuentas si el PSC o Junts dilatan de forma innecesaria las negociaciones. Los socialistas advierten que en ese caso presentarán una enmienda a la totalidad.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal