Aragonès y el PSC acercan posiciones para los presupuestos catalanes con partidas por valor de 5.000 millones

El ‘Govern’ de Pere Aragonès ha arrancado este 2023 con una prórroga presupuestaria y con una reunión negociadora con los socialistas que les urgen a cerrar ya un acuerdo para aprobar las cuentas. Las conversaciones se han acelerado este lunes y los socialistas ven viable cerrar el acuerdo esta misma semana. Pero hay escollos que siguen sin resolverse. Según fuentes del Govern, la parte del acuerdo presupuestario que ya está cerrado con los socialistas implica inversiones por valor de 5.300 millones de euros sobre un presupuesto total de 38.000 millones pero el PSC reclama partidas extra que, por ahora, no son asumibles para el departamento de Economía.

Fuentes del Gobierno catalán han explicado que los 5.300 millones que se han acordado con el PSC implicarían dar salida al 87% de las reivindicaciones que la formación de Salvador Illa puso encima de la mesa la semana pasada como exigencia para apoyar las cuentas. Sin embargo, sigue habiendo escollos en el otro 13% que impiden hablar, por ahora, de un acuerdo cerrado. Según estas fuentes, las reclamaciones de los socialistas exigirían desembolsar 5.000 millones suplementarios, de los que 3.000 tendrían que ir en las cuentas de este año. Según el Departamento de Economía comprometer este dinero en este momento implicaría descuadrar las cuentas porque no tienen garantizados los ingresos y tampoco quieren hinchar las previsiones, insisten fuentes gubernamentales.

Desde el PSC dan por buena la aproximación entre ambas partes, pero niegan que haya acuerdo sobre el 87% de sus demandas y que esos pactos supongan una inversión superior a los 5.000 millones de euros. La formación de Salvador Illa también mantiene sus pretensiones de que el acuerdo presupuestario blinde también materias que nada tienen que ver con las cuentas catalanas, como la ampliación del aeropuerto de Barcelona o la tramitación del complejo de un macrocasino de Hard Rock en Tarragona, así como dar luz verde a la construcción definitiva del Cuarto Cinturón.

Las consejeras Laura Vilagrà (Presidencia) y la de Economía (Natàlia Mas) mantuvieron este lunes una reunión con los socialistas, concretamente con la diputada Alicia Romero. El miércoles y el jueves proseguirán las negociaciones. Tras la reunión, Romero emplazó al Govern a cerrar un acuerdo y a encajar en el proyecto su lista de prioridades, que incluye entre otras cosas retomar y abordar en el primer semestre del año con el Gobierno la ampliación el aeropuerto de El Prat . “Estamos dispuestos a firmar cuanto antes mejor pensando que el Parlament está habilitado la próxima semana para trabajar”, ha señalado.

Tras reivindicar que cuentan con 33 escaños y que quieren una negociación de “igual a igual”, el PSC plantea medidas políticas como congelar la apertura de delegaciones en el exterior; que el Centro de Estudios de Opinión (CEO) dependa del Parlament y no de Presidencia; o que se cree una comisión para evaluar cómo se otorgan las subvenciones a los medios. Los socialistas plantean “prudencia fiscal” y, por tanto se alejan del impuesto a los pisos vacíos pactado por el Govern y los comunes. Romero ha recordado que el Govern sabía cuál era su posición y que a él le corresponde encajar las diferentes propuestas si hay “algún desequilibrio”. “Hemos sido muy transparentes y sabían nuestra postura cuando cerraron el acuerdo con los comunes”, afirma la portavoz que rechaza catalogar sus propuestas como “irrenunciables”, pero si que recalca que son “importantes” y “prioritarias” para los socialistas.

Mientras las negociaciones entre Govern y PSC inician la recta final, Junts per Catalunya intenta no quedar totalmente descolgada de la negociación. Ayer anunció un acuerdo con ERC para aumentar en 80 millones la partida destinada a fomentar y proteger el catalán. Tras quedar eclipsado en el Congreso por los acuerdos entre el Gobierno y Esquerra por la aprobación de la reforma de los delitos de sedición y malversación, Junts procura no quedar fuera de la ecuación para influir en las cuentas catalanas. El Govern cerró en diciembre un acuerdo con los comunes y cuenta con el apoyo de 41 diputados. La mayoría absoluta está fijada en 68, para lo que es necesario el acuerdo con los socialistas o con Junts, o una abstención de ambos.

Junts presentó hace varias semanas un documento con medio centenar de propuestas económicas, sociales y soberanistas entre las que figuraban potenciar las grandes infraestructuras, como la ampliación del aeropuerto, y aliviar la presión fiscal. Esa premisa parece incompatible con el acuerdo del Govern y los comunes, que incluía un impuesto a los pisos vacíos y actualizar el de Patrimonio. “El Govern pidió conocer nuestras propuestas y ahora falta saber cuáles no acepta”, dijo Mónica Salas, portavoz de Junts, en una entrevista a EFE, avisando que si cierran un acuerdo será por “negociación y no por adhesión”. Jordi Turull, secretario general de Junts, lamentó la semana pasada que ERC les pida celeridad en la negociación pero que a la par no les trasladan toda la documentación.

El documento de los neoconvergentes contempla compensar la inflación con rebajas en el tramo autonómico del IRPF deflactando un 3,5% en todos los tramos y revisar de forma progresiva el impuesto de sucesiones hasta como estaba en 2011 con la reforma impulsada por Artur Mas. Su objetivo sería bonificarlo al 99% en los próximos años. La propuesta es incompatible con el acuerdo que cerraron el ‘Govern’ y los comunes, que pasa en materia fiscal por elevar un 33% el impuesto a los pisos vacíos así como igualar el de patrimonio al mismo nivel que el nuevo impuesto estatal a las grandes fortunas. Junts también pide actualizar el Índice de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC) en un 8,7% con un impacto presupuestario de 200 millones de euros. De momento, el Ejecutivo ha accedido a aumentarlo un 8%.

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