El Govern urge al PSC a pactar los presupuestos tras el acuerdo con los comunes

El Govern ha dado este miércoles un paso adelante para aprobar los presupuestos de 2023. El president Pere Aragonès y Jéssica Albiach, líder de En Comú Podem, han firmado en el Palau de la Generalitat un documento que contempla, entre otras medidas, aumentar 279 millones de euros la partida para la atención primaria en sanidad -así se alcanzará el 20% del presupuesto destinado a salud- y elevar un 33% el impuesto a los pisos vacíos así como igualar el de patrimonio al mismo nivel que el nuevo impuesto a las grandes fortunas estatal. ERC cuenta con 33 diputados y los comunes, ocho, por lo que el Govern necesita el apoyo de una de las otras dos grandes fuerzas (los 33 votos de PSC o los 31 de Junts) o bien la abstención de ambas para aprobar las cuentas. La mayoría absoluta está fijada en 68. Laura Vilagrà, consejera de la Presidencia, ha afirmado que no hay ningún motivo técnico para que tanto PSC como Junts apoyen el acuerdo.

La previsión del Govern es aprobar el proyecto antes de finalizar el año e iniciar así la tramitación parlamentaria. Vilagrà ha revelado que han celebrado tanto con PSC como con Junts una decena de reuniones y que confía en cerrar un acuerdo pronto. “Esperemos que todo el mundo esté a la altura. No podemos perder la oportunidad de no tener presupuestos”, ha dicho. Su optimismo contrasta con la lectura de Salvador Illa, líder del PSC, que hoy mismo ha dicho que las negociaciones están “aún verdes” después de reunirse con Aragonès. Vilagrà ha replicado que dilatar más las conversaciones es “innecesario” e “irresponsable” y ha señalado que Cataluña no está en condiciones de no destinar ya 279 millones a atención primaria y el 20% más de recursos al Índice de Renta de Suficiencia de Garantías (IRSG).

Con esa declaración, el Govern ha lanzado un mensaje a sus socios potenciales además de aclarar de nuevo que no piensa incluir en las cuentas ninguno de los proyectos a los que aspira el PSC, como la ampliación del aeropuerto de El Prat o Hard Rock Café. Esta es la tercera vez que el Govern y los comunes cierran un acuerdo presupuestario. El texto, de fuerte contenido social, contempla aumentar la partida en atención primaria elevando el gasto de ese capítulo sanitario a 2.530 millones y destinar 180 millones para viviendas del parque público. El Ejecutivo prevé adquirir 1.500 viviendas vacías que están en manos de la Sareb o de entidades financieras para ponerlas en manos de mesas de emergencia.

Los comunes aspiraban a lograr mayor presión fiscal y subir, entre otras cosas, el IRPF a las clases altas. No han logrado esa medida pero sí, en cambio, elevar un 33% el impuesto que grava los pisos vacíos de grandes tenedores y entidades financieras. En 2020, la Generalitat recaudó 8,8 millones de euros por este tributo. Esa recaudación se utilizó en la compra de viviendas por tanteo y retracto. El tributo grava a las viviendas vacías durante dos años sin justificación. Por ese motivo, el gravamen se aplicó en 2020 a unos 8.000 pisos. “Son unos presupuestos de sentido común”, ha afirmado Albiach, que también ha instado a acelerar las otras para aprobar los presupuestos. Su objetivo es que el documento llegue sin tocar una coma al Parlament. “Si no es así, no votaremos los presupuestos”, ha avisado la diputada. “Está cerrado a cal y canto”, ha remachado Vilagrà.

El acuerdo prevé incrementar del impuesto de patrimonio en Cataluña con el objeto de igualarlo al nuevo tributo de grandes fortunas presentado en el Congreso por PSOE y Unidas Podemos. Así, la Generalitat se asegurará el ingreso de 12 millones de euros adicionales a lo que ya recauda por ese tributo y que de otra forma irían a las arcas del Estado. El impuesto de las grandes fortunas está diseñado para los contribuyentes con un patrimonio superior a los tres millones de euros y solo se aplicará en aquellas comunidades que no recauden por Patrimonio o cuyo gravamen en ese tributo sea inferior al estatal. El proyecto surgió a raíz de que el gobierno andaluz anunciara su rebaja, siguiendo la estela de la Comunidad de Madrid. Asimismo se fija el compromiso de poner las bases durante el primer trimestre de este año del impuesto sobre las emisiones portuarias de los grandes buques, que ya se daba por hecho que tendría que esperar hasta 2023, e impulsar el impuesto sobre los alimentos ultraprocesados, un compromiso ya incluido también en las cuentas de 2022.

El interrogante es cómo afectará el acuerdo en la negociación que mantiene ERC con el PSC

El interrogante es cómo afectará a la negociación la postura del Govern urgiendo al PSC. Los socialistas sostienen que Esquerra ha vuelto apostar por la misma fórmula de la investidura -pactar primero con el socio pequeño, en ese caso la CUP, para hacerlo después con el grande- que entraña sus riesgos y recuerdan que se ofrecieron ya desde el 22 de agosto a negociar. El PSC reivindica desde el minuto uno que tiene tantos diputados -33- como ERC y reclama una negociación de tú a tú. El riesgo, advirtió en su día el PSC, es que el acuerdo contenga elementos que no les gusten. “A ver entonces qué hacen”, dijeron fuentes socialistas. Los socialistas, partidarios de la prudencia fiscal, exigen en la negociación desencallar cinco proyectos, entre ellos la ampliación del aeropuerto de El Prat, el Hard Rock Café o la B-40, el cinturón del Vallès. “El calendario no nos presiona”, avisó este martes la diputada socialista Alícia Romero que culpó al Govern de negociar con extrema lentitud y de hacer ya inevitable la prórroga presupuestaria.

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