Sánchez vuelve a cerrar la puerta al referéndum de independencia que pide Aragonès

El procés “pertenece al pasado” y Pedro Sánchez no contempla en ningún caso conceder al independentismo catalán la que ha pasado a ser ahora su principal demanda: la celebración de un referéndum de autodeterminación, esta vez acordado con el Estado. Una consulta que la víspera le volvió a exigir el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. “Estos son debates pasados, en la Constitución no se reconoce el derecho a la independencia de ningún territorio. Podrán reclamar lo que quieran, pero desde luego no se va a producir. No cabe en la Constitución ni en ninguna Carta Magna de ningún país del mundo”, ha zanjado Sánchez este martes, en la tradicional comparecencia en La Moncloa para hacer balance del año. “¿Cuántas veces han dicho que se va a celebrar un referéndum de independencia en Cataluña? He perdido la cuenta. En cambio, se celebraron dos referéndums y una declaración unilateral de independencia con el Gobierno del PP”, ha remarcado en un acto en el que la economía ha sido la gran protagonista.

El presidente ha destacado que España tenga una previsión de crecimiento del PIB superior al 5% pese a la incertidumbre por las secuelas económicas y sociales de la invasión de Ucrania. Ha celebrado también poseer la menor inflación de la eurozona ―6,8% frente al 11,1%― o los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social y el desempleo del 12,7%, unas cifras que no se producían desde la Gran Recesión de 2008. Pero ha sido el mensaje político de la superación del procés, con la derogación del delito de sedición y la rebaja de la malversación como último paso tras la concesión de los indultos en junio de 2021, la que ha marcado la rendición de cuentas de Sánchez.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE se ha referido al independentismo como “un proyecto político que va contra los tiempos”. Esta contundencia llega después de que el Ejecutivo accediera a reformar, como le exigía ERC, el Código Penal para suprimir la sedición —sustituyéndolo por otro de desórdenes públicos agravados cuya pena máxima se reduce de 15 a cinco años— y rebajar las penas del delito de malversación sin ánimo de lucro (de 12 años de prisión a cuatro). En ambos casos, los dirigentes del procés condenados o aún pendientes de juicio por el desafío secesionista de 2017 se verán beneficiados. La reforma, que se aprobó la semana pasada en el Senado, ha incomodado sobremanera en el PSOE, mientras el PP y otros partidos de la derecha la han aprovechado para acusar al Gobierno de aceptar todas las exigencias de los independentistas. Sánchez ha vuelto a reivindicarla hoy como un modo de favorecer la convivencia en Cataluña y pasar página del procés. “Hoy, la Constitución se cumple en todos los territorios del país, también en Cataluña. El independentismo no es una de las mayores preocupaciones de los españoles”, ha dicho.

Sánchez ha evitado aclarar si la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat catalana se reunirá próximamente, algo que las fuentes gubernamentales consultadas no consideran prioritario una vez reformado el Código Penal y que, según interpretan, traería al PSOE más problemas que ventajas en un año electoral con autonómicas y municipales en mayo y generales a finales de 2023. “Esta mesa de diálogo, que ha criticado tanto la oposición, ha demostrado ser una herramienta útil para vehicular la agenda del reencuentro desde el respeto a la Carta Magna”, ha valorado el líder del PSOE, que ha reiterado en varias ocasiones la idea de que el independentismo va en contra de los principios fundacionales de la UE. “La respuesta que estamos dando desde Europa es hacia una mayor integración de la soberanía en Europa. Por tanto, creo que el independentismo como proyecto político va contra los tiempos; hacia donde van las sociedades del siglo XXI no es a compartimentar soberanía, sino a compartir soberanía, que es lo que se está haciendo en Europa. Este es un debate pasado”, ha insistido.

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Dentro del PSOE relacionan la dureza empleada por Sánchez hacia el independentismo con la proximidad de un ciclo electoral en la que los socialistas se jugarán todo su poder territorial: la presidencia de nueve comunidades autónomas y 2.700 alcaldías. En Ferraz y La Moncloa son conscientes del recelo que en el partido y entre su electorado han generado las decisiones con las que Sánchez confía en dar carpetazo al “conflicto político” en Cataluña. Pero ha sido el PP quien ha acaparado una vez más el grueso de las críticas del presidente.

Sánchez ha llegado a corresponsabilizar al Gobierno de Mariano Rajoy de la gravedad que adquirió el procés en 2017. Lo sucedido entonces fue culpa de “la irresponsabilidad del independentismo”, pero también de la “incapacidad de quienes entonces gobernaban” para reconducir la crisis. “Yo heredé este problema del independentismo y del PP”, ha insistido. Después, el presidente ha comparado la actitud de la Generalitat en 2017 con la del PP hoy, y ha establecido un común denominador: ambos incumplen la Constitución. “Sería deseable que aquellos que pedían que se cumpliera la Constitución cuando estaban en el Gobierno la cumplan cuando están en la oposición”, ha reclamado, aludiendo al bloqueo que el PP ha impuesto en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, obligada por la Ley Fundamental y pendiente desde hace cuatro años. “El PP está fuera de la Constitución”, ha rematado el jefe del Ejecutivo.

“La unión de España se fragua y garantiza construyendo convivencia. He tomado decisiones arriesgadas para resolver un problema que heredé y todo lo que hago va en la dirección de no volver a repetir la desgracia de 2017, en parte por la incapacidad de los que estaban [gobernando] antes y van dando lecciones de no sé qué”, ha vuelto a reprochar Sánchez a los populares. “Lecciones de constitucionalismo, si las da alguien, es el PSOE. Que un partido como el PP no cumpla con la Constitución es un problema para la democracia española”, ha remachado. El presidente ha defendido así la reforma del Código Penal pactada con ERC: también en lo referido a la rebaja del delito de malversación. En este punto, ante las reiteradas preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que condenados por distintos casos de corrupción vean reducido su castigo precisamente por esta reforma legal, el líder socialista ha evitado responder.

El presidente, que en su balance de 2021 ya consideró “altamente improbable” la reforma del Poder Judicial en lo que restaba de legislatura, ha acusado al principal partido de la oposición de incumplir la Ley Fundamental “de forma flagrante” y de negarle “el pan y la sal” al Gobierno durante la pandemia y en los 10 meses de guerra en Ucrania. “No ha cambiado nada. La oposición del PP, con Alberto Núñez Feijóo, hoy es igual que antes, con Pablo Casado.

Sánchez se ha mostrado prudente ante el pleno de la tarde de este martes del CGPJ, en el que se ha debatido y finalmente se han designado a los dos magistrados para el Tribunal Constitucional. Ante la pregunta de si, en el caso de producirse un acuerdo entre conservadores y progresistas en ese pleno ―como ha ocurrido―, tendría sentido seguir adelante con la reforma legislativa con la que el Gobierno quiere cambiar las mayorías necesarias para la renovación del Constitucional, Sánchez ha respondido: “Vamos a esperar a ver el resultado de la votación. Si ello fuera así, la urgencia no sería la misma”. Pero no ha cerrado la puerta a impulsar la reforma legal igualmente: “Si algo ha quedado claro estos años es que cuando el PP está en la oposición se producen bloqueos, que en este caso han sido inéditos. Y que a lo mejor justificarían, pero eso lo dejamos a la decisión de los grupos parlamentarios, hacer algunas reformas que impidan que en el futuro se pueda producir este tipo de bloqueos, que lo que hacen es erosionar las instituciones y dificultar el correcto funcionamiento de nuestra democracia en un órgano tan importante como el Constitucional”. Las fuentes gubernamentales consultadas mantienen que en el ánimo de Sánchez no está el cambio legal, para rebajar las mayorías parlamentarias requeridas, que pide Unidas Podemos con el objetivo de desbloquear la renovación del Poder Judicial.