Los conservadores del CGPJ buscan el voto del vocal del PNV para imponer a sus dos candidatos al Constitucional

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelve a reunirse este martes a petición de los vocales conservadores para votar las candidaturas para renovar el Tribunal Constitucional. No hay acuerdo previo que haga probable que ningún aspirante obtenga los 11 votos necesarios, porque los vocales propuestos por el PP siguen vetando de facto al aspirante progresista, José Manuel Bandrés, y quieren a toda costa imponer un nombre distinto como candidato de ese bloque: esta vez, a la expresidenta de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, María Luisa Segoviano, que se jubiló hace dos meses. Los conservadores aspiran a que un vocal del otro sector les dé su voto y las miradas están puestas en Enrique Lucas, propuesto por el PNV y que se abstuvo en la votación anterior porque su hermano, Pablo Lucas, era uno de los candidatos. Él no suscribió en su día la candidatura de Bandrés por el sector progresista y los conservadores buscan ahora que apoye a Segoviano.

La intervención del Gobierno para zanjar mediante una reforma legal el bloqueo a la renovación del Constitucional por parte del CGPJ ha agravado la división entre bloques del órgano de gobierno de los jueces. Después de tres meses de negociaciones fallidas, la posibilidad de que el Ejecutivo registre una proposición de ley para sacar adelante su propuesta —que permitiría designar al candidato más votado de cada grupo sin necesidad de que el otro sector lo apoye— ha alterado la estrategia, sobre todo de los conservadores, que de apostar por dilatar los nombramientos y no proponer a ningún candidato han pasado a buscar que la renovación se lleve a cabo cuando antes proponiendo a tres magistrados distintos para el puesto. Lo que no se ha modificado es la prioridad de los consejeros propuestos por el PP: frenar la designación de Bandrés, el candidato oficial de los progresistas y al que el otro grupo rechaza porque lo considera el preferido del Gobierno.

Los conservadores intentaron la semana pasada dividir al bloque progresista presentando como candidatos al conservador César Tolosa y a Pablo Lucas, compañero de Bandrés en la Sala Tercera del Supremo y por el que apostaban para el Constitucional algunos vocales del grupo progresista. Pero este sector, que tras una votación interna se había decantado por Bandrés por seis votos a uno, respetó en bloque esa decisión en el último pleno, lo que frustró la fractura que buscaban los conservadores, que suman 10 votos y solo necesitan uno para alcanzar los 11 necesarios (tres quintos de los 18 vocales que quedan en un pleno que lleva cuatro años con el mandato caducado).

Los consejeros propuestos por el PP vuelven a intentarlo ahora poniendo sobre la mesa el nombre de Segoviano. Esta vez, en principio, serán ocho los votos del sector progresista en juego porque el vocal Lucas, salvo que su hermano sea propuesto en el último momento por algún consejero, ya no tiene que abstenerse, según interpretan la mayoría de los miembros del órgano consultados. Y el voto de este consejero, que fue elegido hace nueve años a propuesta del PNV, es el que buscan los conservadores, según coinciden varios vocales.

Lucas no ha firmado la candidatura de Bandrés que han registrado para la reunión de este martes los seis vocales propuestos por el PSOE y la vocal propuesta por IU, lo que ha generado suspicacias entre miembros del pleno. “Nosotros no hemos negociado con él, pero si nos quiere apoyar, encantados”, señala un vocal conservador. El consejero propuesto por el PNV ha votado normalmente con los progresistas, pero siempre se ha mantenido un poco al margen de la estrategia de grupo. “El grupo progresista somos siete más Lucas. Normalmente ha votado con nosotros, pero no siempre. No es parte del grupo progresista de forma inquebrantable”, señala un consejero.

Los vocales progresistas que han llevado de forma más directa la negociación para intentar desatascar la renovación del Constitucional restan, no obstante, importancia al hecho de que su nombre no figure entre los firmantes. “No le hemos ofrecido firmar nuestra candidatura por respeto. Para no ponerle en el compromiso de tener que suscribirla una vez que parece frustrada la de su hermano”, señala un vocal, que advierte, además, de que la candidatura de Pablo Lucas todavía no está descartada porque hasta que comience el pleno se pueden presentar aspirantes. “Nada impide que un vocal conservador de los que en el pleno anterior votó a Lucas vuelva a poner su nombre sobre la mesa”, afirma este consejero.

En ese caso, Lucas tendría que abstenerse de nuevo. Pero si su hermano, como prevé la mayoría, no es esta vez candidato, varios vocales creen que el debate de la abstención podría también plantearse otra vez en el pleno. “Cuando al inicio de la negociación debatimos las reglas de la votación, algunos vocales señalaron que, si su hermano era candidato finalmente, él tendría que apartarse de todo el proceso”, recuerda un consejero.

Si Lucas decidiera votar ahora con los conservadores, propiciaría la elección de los dos candidatos propuestos por este grupo (Tolosa y Segoviano), lo que implicaría la renovación inmediata del tribunal de garantías y previsiblemente haría decaer la reforma legal que impulsa el Gobierno y que ha provocado la primera suspensión cautelar de una tramitación legislativa en el Tribunal Constitucional. Si se aprueban los nombramientos en el CGPJ, sería la primera vez en su historia que se haría sin un consenso entre bloques y con los dos candidatos propuesto por el mismo sector.

Varios vocales coinciden en que la decisión de los conservadores de abandonar la candidatura de Lucas y cambiarla por la de Sevillano no ha sentado bien al vocal propuesto por el PNV, lo que puede tener también consecuencias imprevisibles. Pero su enfado, en todo caso, sería con los conservadores, lo que hace dudar a vocales de ambos grupos que vaya a decantarse por apoyarlos en la votación decisiva. Tampoco ha gustado ese cambio de candidato en el grupo progresista, que acusan a sus compañeros conservadores del pleno de actuar de forma “frívola” y de utilizar el nombre de magistrados y después desecharlos.