La decisión del Constitucional deja en el aire el nombramiento de los dos magistrados que corresponde elegir al Poder Judicial

La decisión del Tribunal Constitucional de suspender la reforma legal impulsada por el Gobierno para acelerar su renovación deja otra vez en el aire el nombramiento de los dos magistrados del tribunal de garantías que corresponde elegir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El pleno de este órgano se reúne este martes para votar por primera vez la renovación del Constitucional; tres meses después de que, el 13 de septiembre, venciera el plazo legal para hacerlo. Pero la cita tiene pocas opciones de convertirse en decisiva, según admiten vocales de ambos bloques. Los dos sectores del órgano ni siquiera han mantenido conversaciones en los últimos días para explorar las opciones de alcanzar un pacto. La negociación está suspendida y las relaciones se han roto después de que los conservadores rechazaran de facto al aspirante de los progresistas —el magistrado de la Sala Tercera del Supremo José Manuel Bandrés—.

El pleno extraordinario de este martes se ha convocado a petición de los consejeros propuestos por el PP y en el orden del día solo figura la candidatura presentada por estos, formada por el conservador César Tolosa (presidente de la Sala Tercera) y el progresista Pablo Lucas (magistrado de esta sala). Los vocales conservadores, que durante meses han maniobrado para retrasar los nombramientos, han sido en los últimos días los principales interesados en hacerlos para intentar esquivar la reforma legal del Gobierno, que eliminaba la obligación de que las designaciones del tribunal de garantías por parte del CGPJ se hagan con una mayoría de tres quintos, permitiendo que fueran elegidos los dos candidatos más votados, lo que facilitaría la designación tanto del aspirante preferido por los consejeros propuestos por el PP (Tolosa) como del auspiciado por los progresistas (Bandrés).

Frenar la elección de Bandrés

Los conservadores querían adelantarse a esta reforma legal porque pretenden parar la elección de Bandrés, a quien consideran el candidato del Gobierno, pero la intervención del Constitucional para frenar el cambio de ley devuelve la situación al escenario anterior al anuncio de esa reforma, en el que los consejeros propuestos por el PP no tenían prisa por propiciar la renovación del tribunal de garantías, porque eso supondría que los conservadores pierden la mayoría que actualmente ostentan en este tribunal.

Las posturas enfrentadas entre los dos bloques del CGPJ hacen casi imposible que este martes se llegue a un acuerdo. Para ser elegido magistrado de ese tribunal se requieren 11 de los 18 votos del pleno del CGPJ. Los conservadores suman 10 y los progresistas ocho, por lo que hace falta un pacto entre los grupos o que vocales de uno acepten sumar sus apoyos a los del otro. Y eso es lo que buscan los conservadores presentando a Lucas. La candidatura de este implica la abstención de su hermano, pero esto no conlleva una rebaja en el quórum necesario, que sigue siendo de 11, según miembros consultados en ambos bloques, por lo que para que prosperara la propuesta de los conservadores haría falta que otro progresista cambiara su voto. Fuentes progresistas no contemplan esta posibilidad y prevén que el pleno de este martes se saldará con una votación fallida en la que Tolosa y Lucas obtendrán 10 votos.

Los consejeros propuestos por el PP se preparan ya para responsabilizar a los progresistas si se da este escenario. “Tienen en su mano desbloquear la situación. Si se niegan a votar a uno de los candidatos de la lista inicial que ellos mismos presentaron, los que lo atrasan son ellos. Nosotros no podemos hacer más”, asegura un vocal conservador. Del lado progresista, esta afirmación se interpreta como una simple “escenificación” por parte de los conservadores. “Salvo sorpresa de última hora, ellos, con este pleno, solo buscan escenificar”, advierte un vocal de este grupo.

Los conservadores no descartan explorar una de las vías que han sugerido en los últimos días dirigentes del PP: que la vocal progresista Clara Martínez de Careaga se abstenga por ser esposa de Cándido Conde-Pumpido, magistrado del Constitucional, que aspira a presidir el tribunal. Con una vocal menos en el pleno y la abstención obligada de Enrique Lucas a la candidatura de su hermano, el quórum para propiciar los nombramientos sí bajaría a 10 y la elección estaría solo en manos de los conservadores. Pero los miembros del órgano no pueden recusarla y la vocal no va a apartarse, por lo que los conservadores admiten que esta opción tiene pocos visos de prosperar.

La negociación entre ambos sectores ha sido tensa desde el inicio por las excusas que ha ido solapando el grupo conservador para retrasar la negociación. Pero esa tensión ha crecido en las últimas semanas, después de que los vocales propuestos por el PP decidieran torpedear la candidatura de Bandrés, lo que precipitó la reforma legal impulsada por el Gobierno, a la que se oponen frontalmente los conservadores del CGPJ porque frustra su plan de impedir la elección de Bandrés.

Este choque ha afectado también a la relación de los conservadores con el presidente suplente del Consejo, el progresista Rafael Mozo, al que contribuyeron a aupar como sustituto del dimitido Carlos Lesmes en contra del criterio del gabinete jurídico del órgano. Los vocales propuestos por el PP reprochan a Mozo que, la semana pasada, rechazara su petición de convocar de forma urgente un pleno. El presidente suplente alegó un error formal en la petición de los conservadores y les obligó a revelar, por primera vez, el nombre de su candidato a magistrado del Constitucional. “No había pasado en los 40 años que tiene el CGPJ que el presidente rechazara la petición de convocar un pleno. Y menos con excusas peregrinas”, añade un vocal conservador, que admite que esta postura de Mozo daña el crédito que tenía en este bloque. No obstante, este grupo no se plantea, de momento, ninguna iniciativa contra el presidente interino del órgano.