El Consejo del Poder Judicial se reunirá el martes para votar la renovación del Constitucional

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá el próximo martes, 20 de diciembre, para votar el nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar. La convocatoria se hace a instancias del grupo conservador, por lo que el orden del día incluirá la propuesta de designación como miembros del tribunal de garantías de los dos magistrados que ha registrado este bloque: el conservador César Tolosa, presidente de la sala tercera del Supremo, y el progresista Pablo Lucas, magistrado de esa misma sala. Pero la convocatoria especificará también la posibilidad de someter a votación a “aquellos otros candidatos que podrán proponer los vocales hasta el mismo momento del inicio de la sesión”, tal y como se acordó al inicio de la negociación. Los progresistas presentarán por esta vía la candidatura de su aspirante oficial, José Manuel Bandrés.

El pleno del Consejo iba a debatir la renovación del Constitucional en una sesión ordinaria prevista el próximo jueves, 22 de diciembre, pero los conservadores han exigido adelantarla. Su intención es votar las designaciones antes de que entre en vigor la reforma legal impulsada por el Gobierno, que cambia las mayorías necesarias para elegir a los dos nuevos miembros del tribunal de garantías. Este cambio elimina la obligación de que los nombramientos se hagan con una mayoría de tres quintos de los vocales y permite que sean elegidos los dos magistrados más votados, lo que facilitaría la designación tanto del candidato preferido por los consejeros propuestos por el PP como del elegido por los progresistas. Los conservadores quieren adelantarse a esta vía porque pretenden frenar el nombramiento del candidato oficial de los progresistas.

Horas después de que Mozo convocara el pleno para el martes, un vocal del CGPJ, el conservador Wenceslao Olea, ha presentado un recurso de reposición para exigir que la reunión se fije el lunes. El argumento de Olea se basa, según fuentes del órgano, en que los tres días de plazo que el reglamento da al presidente del CGPJ para convocar el pleno cuando lo piden cinco o más vocales terminan el sábado o, si ese día se considera inhábil el lunes.

La urgencia de los conservadores desaparecerá si el Constitucional opta por suspender la reforma legal impulsada por el Gobierno. Pero a la espera de que esto ocurra, los vocales propuestos por el PP han exigido a Mozo la convocatoria de un pleno urgente. El presidente suplente rechazó el martes la primera solicitud argumentando que la petición incumplía los requisitos formales que exige el reglamento del Consejo. Entre las condiciones está que la solicitud de pleno debe ir acompañada del nombre de los candidatos cuya designación se sugiere, algo a lo que los conservadores se habían resistido hasta ahora. Para que prosperara su petición de pleno urgente, los consejeros del PP, que habían amagado con querellarse contra Mozo si no atendía su solicitud subsanaron el error y revelaron el nombre de su candidato al Constitucional.

La propuesta de los conservadores incluye también el nombre del progresista Lucas, con el que pretenden fracturar el bloque de vocales propuestos por el PSOE, IU y PNV para desactivar la candidatura de Bandrés, a quienes consideran el aspirante preferido del Gobierno. Con la legislación actual, para ser elegido magistrado del Constitucional se requieren 11 de los 18 votos del pleno del CGPJ. Los conservadores suman 10 y los progresistas ocho, por lo que hace falta un pacto entre los grupos o que vocales de uno acepten sumar sus apoyos a los del otro. Fuentes progresistas no contemplan esta posibilidad ni tampoco la otra vía que han sugerido en los últimos días dirigentes del PP: que la vocal progresista Clara Martínez de Careaga se abstenga por ser esposa del magistrado del Constitucional Cándido Conde-Pumpido, que aspira a presidir el tribunal de garantías. Pero miembros del órgano de ambas sensibilidades coinciden en que no hay causa de abstención, y los consejeros conservadores no pueden recusarla.