Bolaños, sobre la decisión del Constitucional: “Es de una gravedad máxima, afecta a la separación de poderes, pero debe acatarse”

Desde La Moncloa, y con gesto de extrema gravedad, el ministro de la Presidencia y principal responsable de la estrategia jurídica del Gobierno, esto es, el hombre que está detrás de la iniciativa recurrida ante el Tribunal Constitucional, Félix Bolaños, cargó con dureza contra la decisión del órgano de garantías de paralizar la reforma sobre su propia renovación y su principal instigador, el PP. Pero desde la primera frase dejó claro que debe ser acatada. “Con la lealtad institucional que siempre tiene este Gobierno quiero decir que la resolución debe acatarse”, arrancó como primera idea para que quedara claro que el Ejecutivo no iba a abrir ninguna puerta a la rebeldía como planteaban algunos sectores de Podemos. Pero enseguida empezó la carga de fondo.

“No compartimos ni el insólito procedimiento ni el fondo”, ha insistido Bolaños. “Lo ocurrido es de una gravedad máxima. La decisión más grave del Constitucional ha sido adoptada en un tiempo inusualmente breve y con la mayoría más exigua [6-5]. El Constitucional ha detenido la acción legislativa de los representantes legítimos del pueblo español. Algo que no ha sucedido nunca en los últimos 44 años, que no ha pasado jamás en ningún país europeo de nuestro entorno y que afecta a los fundamentos de la separación de poderes de nuestra democracia. La ley no confiere al Constitucional la posibilidad de paralizar la actuación de las Cortes Generales. Es más, esa facultad existía y en 1985 se derogó, precisamente para evitar que se pudiera impedir a los parlamentarios debatir y aprobar asuntos. Lo que se pretendía evitar, justo ha ocurrido hoy. Además, el Constitucional ha paralizado su propia renovación, pendiente desde hace seis meses. Y lo han hecho algunos magistrados que, con su voto, han decidido su propio futuro”.

El ministro ha evitado el tono más de partido, que se ha dejado para otros portavoces, pero no ha querido dejar fuera las críticas al PP. De hecho, los golpes más duros fueron contra los populares y no contra el Constitucional. “Este no es un conflicto entre partidos ni entre instituciones, sino entre quienes cumplimos la Constitución y quienes la incumplen desde hace cuatro años. ¿Cuáles son las razones para este bloqueo? Lo estamos viendo. Con sus recursos, el PP quiere controlar el Parlamento cuando es mayoría y cuando no lo es. Hoy se ha abierto una puerta que no sabemos adónde conduce. El principal partido de la oposición ha recurrido siempre ante el Constitucional todos los avances de la sociedad española: la ley del aborto, la de igualdad, la de matrimonio igualitario, la de eutanasia o la reforma laboral”, ha insistido.

Por último, Bolaños ha querido rebajar la tensión y dar un mensaje de calma. “El Gobierno comprende la preocupación de muchos españoles ante la gravedad de lo ocurrido. Pero quiero transmitir tranquilidad. El Gobierno seguirá actuando dentro de la ley y la Constitución. La democracia siempre se abrirá camino a pesar de las dificultades”, ha rematado el ministro.

En una línea similar se había manifestado Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos: “Por primera vez en nuestra historia democrática los representantes del pueblo han visto parcialmente suspendida su actividad legislativa. Este grave hecho es el resultado de un proceso de deterioro de nuestras instituciones por la captura de intereses partidistas de la cúpula judicial y de la resistencia del PP a cumplir con la Constitución. La democracia prevalecerá. Este Gobierno, y yo como vicepresidenta, vamos a seguir trabajando del lado de la democracia, del Estado de derecho y de las instituciones. Lo vamos a hacer con diálogo, con serenidad y con política constructiva”.

Mucho más duro había sido un compañero de su formación, Jaume Asens: “El golpe contra el poder del pueblo y la separación de poderes se ha consumado. Estamos más cerca de convertirnos en Hungría y en Polonia, en una democracia tutelada por unos jueces ultra del PP que tienen el mandato caducado, que se han atrincherado en el Consejo General del Poder Judicial y en el Constitucional y que están diciendo al poder legislativo sobre lo que puede legislar o no antes de que termine la votación”, denunció el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos nada más conocerse la noticia.

Varios dirigentes de este grupo se mostraron a lo largo del día partidarios de desoír la resolución del Constitucional: “Pensamos que, si una orden va en contra de la propia Constitución, que dice que el mandato de hacer leyes lo tiene la sede de la soberanía popular, no habría motivos para acatar una orden como esa”, afirmó el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique a mediodía, aunque recordó que su partido carece de representación en la Cámara alta. Antes, desde la sede de la formación morada, la diputada en la Asamblea de Madrid y portavoz Alejandra Jacinto se pronunció en el mismo sentido: “La Mesa del Congreso y la del Senado tienen tanto escritos de reconsideración como elementos jurídicos suficientes para no atender lo que pudiera producirse como consecuencia de la decisión del Tribunal Constitucional”.

Mientras, Aitor Esteban, portavoz del PNV, fue rotundo en Twitter: “Lo imposible, como en la peli: parece que arrasará todo. Fin de la credibilidad del Tribunal Constitucional y otros órganos, utilizados para hacer política. Invasión de la soberanía parlamentaria (recuerden el caso Atutxa). Y por cierto, el PNV no votó ni a Arnaldo ni a Espejel. Otros sí”, dijo para recordar que los nacionalistas rechazaron el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos con el PP hace un año para renovar parcialmente el Constitucional, que implicó dar entrada a dos magistrados muy cercanos al partido que finalmente han sido claves en esta decisión, sobre todo Arnaldo, el ponente de esta iniciativa.

Por el contrario, el PP se mostró eufórico: “Hoy ha triunfado el Estado de derecho, hoy nuestra democracia ha salido fortalecida. Hoy la justicia ha venido a decir que no todo vale en la política, que el Gobierno se saltó todas las líneas rojas y que este tipo de desmanes no se puede permitir en un Estado democrático”, señalan fuentes del PP. Según los populares, el Constitucional “ha defendido a todos los españoles y a nuestro Estado de derecho de la deriva autoritaria y antidemocrática de Sánchez”. El líder de Vox, Santiago Abascal, apostilló: “La decisión del Tribunal Constitucional debería detener, de momento, el asalto de Sánchez. Pero no hay nada ganado, porque sigue con su plan de perpetuarse”. E Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, concluyó: “Gana la democracia y pierde Sánchez”.