Las Cortes acatan el fallo sobre la renovación del Constitucional, pero el Senado votará el resto de cambios sobre sedición y malversación

Las dos cámaras de las Cortes Generales asumirán el fallo del Tribunal Constitucional (TC), tras varias jornadas sumidas en la incertidumbre, y tras estudiar con sus expertos jurídicos posibles planes alternativos para enfrentarse a una situación sin precedentes en 44 años de democracia. Pero, en pocos días, presentarán alegaciones para “preservar su inviolabilidad” y “autonomía”, como confirmaron anoche la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el del Senado, Ander Gil.

Antes del pronunciamiento del Constitucional que ha abierto una página histórica suspendiendo por primera vez la tramitación de unas leyes —que reforman el Código Penal y el sistema de elección del propio tribunal de garantías—, las presidencias de Congreso y Senado, ambas en manos de los socialistas, no se planteaban otra cosa que no sea el acatamiento inmediato de esa inédita y polémica decisión, pero con “honda preocupación”. Unidas Podemos dejó caer, sin embargo, que habría motivos para desobedecer lo que tachan como una “intervención preventiva inaudita” y “un golpe blando contra la democracia” y la institución que encarna la soberanía popular.

Fuentes jurídicas de la Cámara alta apuntaron que ahora se podrán debatir y aceptar en el pleno del jueves el resto de las modificaciones planteadas, por ejemplo en el Código Penal para eliminar los delitos de sedición, crear otros nuevos o rebajar las penas en la malversación, que no fueron recurridas.

La suspensión del trámite de esas reformas legales afectará ahora más directa y urgentemente al Senado, una vez que los cambios con enmiendas del Código Penal y la ley orgánica del Poder Judicial y del TC ya fueron aprobados el jueves por el Congreso y ahora estaba previsto el procedimiento de aprobación definitiva —de nuevo a toda velocidad— en la Cámara alta. Para las nueve de la mañana de este martes está convocada la Comisión de Justicia del Senado con el fin de examinar el texto llegado de la Cámara baja y posibles enmiendas antes de su discusión y ratificación en el pleno del jueves. Según las mismas fuentes, se debatirá la ley sin las enmiendas no anuladas.

La presidenta del Congreso y de las Cortes, la socialista Meritxell Batet, envió el viernes al Senado el oficio con la votación del pasado jueves, remitiéndole los proyectos ahora rectificados sin variar las actuaciones habituales en estos casos. El proceso parlamentario estaba programado para seguir su curso normal sin detenerse, en contra de algunas acusaciones recibidas estos días contra ese método exprés utilizado para sacar adelante esas reformas legales. De hecho, el PP sí había presentado varias enmiendas a esos textos, que ahora se verá si son admitidas por la comisión y llevadas al pleno del Senado del jueves, pero no para pedir la supresión de esos conflictivos cambios recurridos en el sistema de elección del TC.

Al aceptar el TC el recurso del PP contra el procedimiento usado a través de dos enmiendas del PSOE y Unidas Podemos para impulsar esas reformas, la presidencia del Senado tendrá que ver si llega a tiempo de citar una mesa de ese órgano para desconvocar la Comisión de Justicia de este martes (señalada a las nueve de la mañana de este martes) o si elimina ese asunto del orden del día del pleno programado ya para el jueves en la sesión que tiene cerrada para las 11.00 horas, según las fuentes jurídicas consultadas en esa Cámara.

Fuentes de las presidencias de ambas Cámaras avanzan que al aceptar el Constitucional el recurso del PP y frenar esas reformas ahora y con estos trámites urgentes, se acatará esa postura, pero se presentarían alegaciones en plazo para revertir esa decisión como partes afectadas. Una posición que recalcaron anoche en sus comparecencias tanto Batet como Gil, y que asentaron en la necesidad de ser oídos “a la mayor brevedad sus argumentos para preservar la autonomía parlamentaria de este poder” del Estado, como remachó la presidenta de las Cortes. Gil repitió esa idea y recalcó que las Cortes disponen de mecanismos para sostener la prevalencia de las funciones constitucionales del Parlamento.

La Mesa del Congreso, por su lado, celebrará este martes una reunión ordinaria en la que tenía programado examinar el recurso presentado en su día por el PP, en el que pedía no admitir a trámite la enmienda a la reforma que modifica las mayorías necesarias en el Consejo General del Poder Judicial para designar magistrados fuera de mandato del Constitucional. La inclusión de esta enmienda, con una cuestión ajena al motivo principal de la ley, se acordó contra el criterio de los servicios jurídicos del Congreso y es el motivo que aduce el PP para denunciar que el proceso ha limitado los derechos de sus diputados. Es un procedimiento del que han abusado en numerosas ocasiones todo tipo de gobiernos y que no agrada formalmente a los letrados.

La Mesa no tendrá muy en cuenta esa reclamación. La mayoría de los dos partidos en el Gobierno en ese órgano ha crecido incluso temporalmente, ya que los populares no han cubierto todavía la vacante de uno de dos sus miembros, el exsecretario cuarto Adolfo Suárez Illana, que hace dos semanas renunció a su escaño. PSOE y UP tienen seis representantes, el PP uno (Ana Pastor) y Vox otro (Ignacio Gil Lázaro), por lo que ese recurso popular tiene nulas posibilidades de prosperar.

Si el Constitucional no se hubiera pronunciado sobre el fondo del conflicto, el Senado sí tenía planeado seguir adelante con su calendario de trabajo. La pasada semana, el PP exigió aplazar el debate en el Congreso y se negó a participar en la votación. Ahora no se oponía a continuar con los órdenes del día en la Cámara alta. Eso sí, su portavoz en la Comisión de Justicia, el juez Fernando de Rosa, exalto cargo de gobiernos de José María Aznar y de Francisco Camps en la Comunidad Valenciana, quería reclamar un informe a los letrados sobre los escenarios de futuro que se abren ante este conflicto institucional.

Mientras se esperaba el resultado de la larga reunión en el Constitucional, los dos partidos del Gobierno aprovecharon las últimas horas para inundar el tribunal de garantías de recursos para tratar de presionar al sector conservador de ese órgano y para impedir que prosperase el del PP. Este mismo lunes, los socialistas reforzaron los suyos con otro a título individual de su diputado y presidente de la Comisión de Justicia, Felipe Sicilia. Unidas Podemos también registró otro escrito en el que reclama que el asunto se someta al criterio y arbitraje del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (UE). Varios dirigentes de la coalición, entre ellos su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, han insistido en denunciar que la suspensión de un proceso parlamentario de las Cortes “cruzaría una línea roja muy peligrosa”. Ante esa eventual “crisis sin precedentes del sistema democrático”, Echenique entiende que “habría motivos para no acatar” lo acordado por el tribunal de garantías, como también señaló su portavoz nacional, Alejandra Jacinto, que acusó al sector conservador de la justicia, al igual que Jaume Asens, el presidente de ese grupo parlamentario, de perpetrar “un golpe blando” y “poner en juego la democracia”.