El Gobierno congela la mesa de diálogo con la Generalitat tras rebajar el castigo penal a los independentistas

El Gobierno de Pedro Sánchez da por concluido el procés y también la negociación posterior con la Generalitat de Cataluña para rebajar el castigo a sus responsables, que se ha saldado con la derogación del delito de sedición y la rebaja de las penas por malversación. Y no tiene ninguna prisa por convocar una nueva reunión de la mesa de diálogo para seguir hablando del asunto. “No hay fechas y no está agendada”, son tajantes las fuentes gubernamentales consultadas por EL PAÍS. El compromiso que el Ejecutivo adquirió con la Generalitat en la última cumbre entre ambas administraciones, el pasado julio en Madrid, fue celebrar otro encuentro antes de que finalizara el año, pero en La Moncloa ya no lo consideran urgente. Subrayan que la “desjudicialización” que se acordó en el encuentro anterior se ha materializado con la reforma del Código Penal pactada por PSOE y ERC y aprobada por la vía de urgencia en el Parlamento la semana pasada, una decisión que ha provocado una importante incomodidad entre los socialistas —aunque la han respaldado en bloque, con contadas excepciones— y el rechazo de los socios no nacionalistas del Gobierno.

“La mesa ha tenido sus frutos, con unos acuerdos que se han trasladado al Boletín Oficial del Estado. Además, que no se reúna no significa que se haya roto el diálogo”, insisten en el Gobierno, donde recalcan que el contacto entre los grupos parlamentarios de la coalición con ERC es continuo. Pero la mesa, desde la perspectiva del PSOE, “ha quedado superada”. ERC, por el contrario, presiona para que se cumpla el calendario que Gobierno y Govern acordaron en verano.

La Moncloa y Ferraz, sede del PSOE, manejan tiempos muy diferentes a los del president de la Generalitat, Pere Aragonès, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y se resisten a fijar una fecha. La sensación que dejan las conversaciones con diferentes dirigentes socialistas es que es poco probable que se produzca antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, en las que el PSOE se juega todo su poder territorial. Pero no se cierran por completo.

Una reunión de la mesa podría reavivar las críticas y recelos entre los socialistas, que quieren pasar página cuanto antes de la polémica reforma de los dos delitos —sobre todo el de malversación, asociado directamente a la corrupción— por los que fueron condenados los líderes del desafío secesionista de 2017 y de la que también se beneficiarán los dirigentes independentistas pendientes de juicio. La sedición, sancionada con hasta 15 años de prisión, desaparece del Código Penal. Y en paralelo se crea un nuevo delito de desórdenes públicos agravados que tendrá una pena máxima de cinco años de cárcel y en el que, según el Gobierno, encajarían los hechos del procés. La malversación sin ánimo de lucro, que se castigaba hasta ahora con hasta 12 años de prisión, también se rebaja sustancialmente y tendrá un tope de cuatro años; e, incluso podrá saldarse sin penas de cárcel, si no se prueba que el desvío de fondos ha producido un “daño o entorpecimiento grave del servicio público”.

Sánchez reiteró el jueves a los periodistas, durante la copa de Navidad en La Moncloa, que se trataba de una decisión “arriesgada pero necesaria” para cerrar el horizonte judicial del procés y favorecer así, según su visión, la convivencia en Cataluña. “Asistimos no al final del independentismo pero sí al final del procés. Y con un mensaje político muy potente: Junts reprocha a ERC que reconozca que lo que hicieron en 2017 fue delito”, destacó el presidente en los corrillos informales con periodistas. Pero la insistencia de ERC en que el Gobierno asuma la propuesta de que se celebre otra consulta de autodeterminación (esta vez pactada) y que el Estado esté obligado a negociar la independencia si el 55% de los catalanes la apoya es otro factor que dificulta la celebración de la mesa, al menos de forma inminente.

La primera reunión de la mesa de diálogo fue en febrero de 2020 en Madrid, entre Sánchez y el entonces president Quim Torra; la segunda, en septiembre de 2021 en Barcelona. Y la última de nuevo en La Moncloa sin Sánchez ni Aragonès. Junts nunca ha participado, ni siquiera cuando formaba parte del Govern, mostrándose siempre crítico con ese foro y con la estrategia de ERC de aparcar la unilateralidad.

“La carpeta catalana está cerrada”, dicen fuentes del Gobierno. Pero en el Palau de la Generalitat ponen en cuarentena ese rechazo tan tajante de La Moncloa y recuerdan que ambas partes acordaron en verano que se reunirían para refrendar los acuerdos en favor de la “desjudicialización” que se pactaran en el Congreso. Las fuentes republicanas consultadas entienden que los dos Ejecutivos comparten la idea de que es ahora cuando se abre realmente la negociación sobre el encaje político entre Cataluña y España, una vez se soslaya la “desigualdad” que implicaba que una de las partes tuviera “represaliados”.

Aragonès aseguró el miércoles, durante la sesión de control en el Parlament, que aunque sería leal en la defensa de la autonomía del poder legislativo tras el veto del Tribunal Constitucional al debate y votación de las enmiendas para la reforma de su propia renovación, sí identificaba “oportunidades” para el independentismo en la crisis institucional que se había desatado. Fuentes del Palau puntualizan que Aragonès se refería a la necesidad del Gobierno de contar con la mayoría de la investidura para sacar adelante múltiples reformas y es en esa posibilidad de presión donde creen en ERC que el Gobierno no podrá escaparse de sus compromisos.

En las filas republicanas discrepan de La Moncloa y se muestran confiados en que antes de fin de año habrá una reunión de la mesa de diálogo, en Barcelona, en la que el orden del día pase por refrendar lo conseguido en el Congreso y el Senado con la reforma del Código Penal. La dirección de ERC recuerda cómo el Gobierno negaba en verano por pasiva y por activa cualquier retoque del delito de sedición. Esquerra logró al final su derogación. O las veces que el Gobierno central, “hasta 24 horas antes”, negaba reuniones que se terminaban produciendo. Así pues, creen que el historial les acabará dando la razón.

En el Govern aceptan que Sánchez ha cumplido con el fondo de los compromisos, pero ven importante también cuidar las formas. Tanto Aragonès como la secretaria general de ERC, Marta Rovira, huida en Suiza, han aceptado públicamente la dificultad de lograr acuerdos en 2023, un año a rebosar de citas electorales y que concluirá con las generales. Incluso a los propios republicanos, que ven a los socialistas como el contrincante a derrotar en los comicios municipales, les es necesario marcar distancias. Pero, al mismo tiempo, en ERC insisten en vender como una carta solvente el hecho de haber logrado resultados en la vía dialogada. Las imágenes de otra reunión de la mesa de diálogo antes de que acabe el año, o a principios del que viene, les resultarían útiles.

Para los republicanos también es importante combatir el relato gubernamental de que el procés se ha acabado. Un relato en el que el propio Sánchez y pesos pesados del Gobierno como el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, han insistido en varias intervenciones públicas. Para ERC la desjudicialización era el primer paso necesario para lograr “igualdad” entre las partes. Ya sin la amenaza de la “represión” en la política, afirman, es hora de abordar el centro del problema político. Su propuesta es la del referéndum, algo que rechaza tajantemente el Gobierno. Sánchez ha repetido hasta la saciedad que en Cataluña no habrá ninguna consulta de autodeterminación porque no la contempla la Constitución y porque la solución a la crisis territorial son los proyectos integradores y no los rupturistas: “Estamos en un momento de cierre de una etapa e inicio de una nueva. España no se va a romper”, ha dicho.