Así fue la mesa de diálogo: tres horas de terapia sobre el origen de la crisis catalana

La primera gran discusión de la mesa de diálogo no fue, como todo el mundo esperaba, sobre cómo se puede resolver el conflicto político o si Cataluña tiene o no derecho a votar en un referéndum de autodeterminación. Fue algo mucho más básico, que se llevó buena parte de las tres horas de reunión entre dos partes que hasta hace poco parecían irreconciliables y el miércoles pasearon amablemente por los jardines de La Moncloa y compartieron varias horas de animado debate sin ninguna tensión. Lo que sí generó algunos moderados cruces dialécticos, fue algo que recordaba al arranque de Conversación en la catedral, de Mario Vargas Llosa, con su "¿En qué momento se jodió el Perú, Zavalita?".

Los representantes de la Generalitat y del Gobierno dedicaron largos minutos a analizar, con discrepancias importantes, cuándo se torció la crisis catalana, dónde está el origen de todos los males. Hablaron los 15 allí reunidos y varias veces, aunque la voz cantante la llevaron en todo momento los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra. Cada uno tuvo opiniones matizadas, pero el principal cruce se produjo, según varios de los presentes, entre Josep María Jové, el llamado arquitecto del procés, imputado por su participación en él y hombre clave en el poder de ERC, y Carmen Calvo, la vicepresidenta y la persona a la que Sánchez ha encargado la interlocución directa y constante con los independentistas, y en especial con Pere Aragonès, el líder de los republicanos.

Calvo insistía, como suele decir el Gobierno, en que el problema empezó en 2010, cuando la sentencia del Constitucional tumbó una parte del Estatut. Pero Jové discrepaba, porque él cree, como suele defender ERC, que el problema es anterior y viene de cuando se negoció el propio Estatut, entre 2003 y 2006, y se hizo de una manera que frustró a buena parte de los catalanes, como se vio en la escasa participación en el referéndum.

Había discrepancias de fondo, pero ambos grupos coincidían en responsabilizar al PP, que entonces recogió firmas por toda España contra el Estatut e incluso pidió un referéndum en todo el país para frenarlo. Y también al Constitucional, entonces con mayoría conservadora, porque tumbó en el texto —acordado por el Parlament, el Congreso y refrendado por los catalanes—  cosas que aceptó en otras leyes básicas de comunidades como la valenciana o la andaluza.

Jové les explicó que una parte de los catalanes había visto la negociación del Estatut como una última oportunidad para garantizar el encaje entre Cataluña y España —en su sentencia, por ejemplo, el Constitucional dictaminó que no tienen "eficacia jurídica" las referencias a Cataluña como nación que figuraban en el preámbulo— y que no funcionó. También les reprochó que tuvieran una visión "muy madrileña" del problema, sin entender que una parte de los catalanes ya eran independentistas incluso antes de 2006.

Esta parte del debate fue la más intensa y en el fondo la menos compleja de gestionar, porque al fin y al cabo solo se estaba hablando de historia. Más problemático parecía tratar de autodeterminación. Así que el Ejecutivo ideó una forma de esquivarlo.

La delegación catalana se reunió en el centro cultural Blanquerna, sede de la Generalitat en Madrid, para almorzar y rematar las sesiones preparatorias previas. Se acordó de forma nítida la posición conjunta antes de llegar a La Moncloa. Según coinciden varios ministros, todos se quedaron muy sorprendidos precisamente al comprobar que no había diferencias importantes entre los representantes de Junts per Catalunya y de ERC, a pesar de que estas son muy conocidas y en ocasiones se expresan en público de forma descarnada. Hasta el punto de que Torra ha dado por muerta la legislatura por esas discrepancias aparentemente insalvables. Pero en La Moncloa funcionaron como un bloque. De hecho, incluso los representantes independentistas, dado el ambiente distendido, contaron a los ministros de Sánchez que habían estado juntos en Blanquerna.

Torra y Aragonès se repartieron los papeles. El president, que arrancó la reunión, se concentró en defender la propuesta catalana, que incluía exigencias inaceptables para el Gobierno: amnistía, derecho a decidir y la necesidad de que haya un mediador. Aragonès, por su lado, se concentró en destacar la importancia de la mesa, la metodología que había que pactar —aunque ya venía muy trabajada por los gabinetes— y lo que implicaba poner en marcha el diálogo. El Gobierno, casi desde el primer momento, trató de llevar el debate a los 44 puntos que había entregado Sánchez a Torra en su reunión en Barcelona.

El presidente y sus ministros querían hablar de contenido, de reformas, de transferencias, de economía. Pero la delegación catalana, y en especial Torra, les frenó enseguida. Esos asuntos no son para esta mesa, explicó el president, sino para la comisión bilateral Estado-Generalitat. Ahí se volvió a la autodeterminación, que era donde quería ir una y otra vez la delegación catalana.

Marta Vilalta, secretaria general adjunta de ERC y una de los interlocutores que tuvo la posición negociadora más dura durante las reuniones con los representantes del PSOE previas a la investidura, trató de forzar al Gobierno a definirse. Les explicó que esos 44 puntos son muy importantes, incluso urgentes, pero que no resuelven el conflicto político, y les exigió que dieran una respuesta a la exigencia de autodeterminación y amnistía.

Ahí se hizo un breve silencio, porque el Gobierno, y en especial su presidente, tenían muy preparado ese escenario y habían decidido que la mesa tenía que salir bien, así que no iban a cargar las tintas con una disputa sobre una autodeterminación que el Ejecutivo considera totalmente inviable. Sánchez y su equipo desviaron el asunto para que la reunión siguiera adelante y no se quedaran atrapados en el principal punto de desacuerdo. El tema está de momento aparcado, pero el Govern no tardará en ponerlo de nuevo sobre la mesa.

Varios ministros consultados insisten en que todos los que estaban sentados a esa mesa saben cuál es la posición de Sánchez sobre la autodeterminación y la amnistía, porque la ha repetido mil veces, pero no era el momento de encerrarse ahí sino de salvar la reunión. Y se salvó, coinciden en las dos partes, sobre todo porque se pactó continuar. El breve receso que se hizo fue para rematar el comunicado conjunto, la mejor prueba de que la reunión fue bien. La clave de ese texto fue la utilización de la idea de "seguridad jurídica" y no de la palabra Constitución. Nunca una cita fracasada termina con un calendario estricto como el pactado y mucho menos con un comunicado conjunto. Al final, ya con el comunicado resuelto, se abrió un poco más el debate y todo el mundo pudo decir lo que quería y en algunos casos incluso desahogarse. A ratos parecía, a decir de alguno de los presentes, una especie de terapia de las cosas que no han podido decirse durante años.

Todos los dirigentes presentes en la reunión consultados coinciden en que las discrepancias fueron importantes, pero el tono fue muy bueno. Y en cualquier caso insisten en que fue una reunión muy útil para desdramatizar el problema. Sobre todo, como dijo Torra al final, porque lo importante era la reunión en sí y la metodología que se pactó, esto es: una cita mensual entre los equipos y una plenaria cada seis meses con los presidentes y vicepresidentes: una manera de Torra de dejar fuera de las reuniones mensuales a Aragonés. "Hay un alejamiento brutal en casi todo pero hay voluntad de reunirse y hemos pactado la metodología, eso no es poco", resumía un ministro.

Nadie se puede levantar de la mesa. No hay incentivos para eso. El que lo hiciera asumiría un coste enorme y los ciudadanos se lo harían pagar. Y el Gobierno por supuesto quiere mantenerla a toda costa, porque mientras hay mesa hay legislatura. Al final, Sánchez cerró la reunión con un último discurso en el que evitó centrarse en las discrepancias y animó a todos a seguir reuniéndose para buscar un punto de acuerdo aunque se tarde mucho tiempo en encontrarlo.

Lo más importante, resumen varios de los consultados, es que nadie quiere levantarse de esa mesa. El Gobierno, porque le va la legislatura en ella y ha apostado por destensar la situación en Cataluña. ERC, porque es quien la ha diseñado. Y Junts per Catalunya, porque sabe que tendría un gran coste para ellos ser los culpables de la ruptura del diálogo. Así que la mesa se mantiene en pie mientras a todos les interese que siga. Eso puede ser muchísimo tiempo, aunque cuando se habla de posibles resultados todos son mucho más escépticos. La unidad independentista tiene un nuevo reto en ciernes: decidir quién será la voz cantante sin Torra y Aragonès en las reuniones.