ERC defiende que el Gobierno esté obligado a negociar la independencia si el 55% de los catalanes la apoya en una consulta pactada

Las negociaciones con el Gobierno central para “desjudicializar el conflicto político” no quitan tiempo a ERC para seguir trabajando en su objetivo último: la independencia de Cataluña. Después del descarrilamiento del procés en octubre de 2017, los republicanos optaron por aparcar una nueva aventura unilateral y explorar los límites de la negociación con el Ejecutivo, y ahí se inscribe la propuesta estrella de la ponencia política que el partido votará el próximo 28 de enero en su congreso. El borrador del texto, que se ha remitido este lunes a la militancia, incluye su propuesta de condiciones para celebrar un referéndum de independencia pactado, sin fijar ningún calendario. El president Pere Aragonès ya había anunciado, en septiembre pasado, su voluntad de presionar al Ejecutivo central con esta vía, inspirada en la Ley de Claridad de Canadá. Ahora, el borrador de ponencia baja a los detalles y propone que, si más de la mitad del censo catalán participa en esa votación y el sí a una pregunta clara obtiene más del 55% de los votos, el Gobierno central esté obligado a abrir una negociación para pactar los términos de la secesión.

La propuesta se conoce en un momento político de alta tensión, cuando el Ejecutivo central negocia con ERC una reforma del Código Penal que beneficiará directamente a los condenados por el procés y a quienes siguen encausados. La situación de 37 ex altos cargos de ERC y Junts, condenados o pendientes de ser juzgados por delitos como sedición (que se pretende abolir) o malversación (se negocia una reducción de penas) está en juego. Pero la segunda fase del congreso de ERC ya estaba programada para el 28 de enero y los estatutos fijan un límite de 40 días para hacer llegar el borrador de los documentos a la militancia, por lo que han sido difundidos justo ahora. En noviembre se celebró la primera parte del congreso, máximo órgano de dirección del partido, donde Oriol Junqueras y Marta Rovira resultaron reelegidos por cuarta vez consecutiva como presidente y secretaria general, respectivamente.

El “acuerdo de claridad” que proponen los republicanos bebe de los procesos independentistas de Quebec, Escocia y Montenegro. En 2000, el Parlamento canadiense —a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo — aprobó la llamada Ley de Claridad, que establecía los términos en los que podría celebrarse un referéndum sobre la secesión de Quebec. La versión catalana no sería una ley, pero sí un acuerdo. En primer lugar, la pregunta sometida a votación de los catalanes tendría que ser clara, “como la del referéndum del 1 de octubre de 2017″ (aquella fue binaria y el enunciado era: ¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?); el censo incluiría a los mayores de 16 años (como en Escocia); y el comienzo de una negociación bilateral con el Gobierno central para consumar la secesión comenzaría si el sí lograse en esa votación más del 55% de los votos y la participación superase el 50% (el baremo utilizado en la exrepública serbia).

Todo ese proceso estaría acompañado por la comunidad internacional, según la hoja de ruta de ERC. Antes de someterlo a un hipotético pacto con el Gobierno central en el marco de la mesa de diálogo, la apuesta de los republicanos es que el contenido de ese acuerdo de claridad sea debatido por las entidades y partidos que están a favor de celebrar el referéndum de independencia (aunque no estén a favor de la independencia). Una vez esa propuesta haya sido mejorada, sería trasladada al Ejecutivo central en la segunda fase de las negociaciones que, asegura ERC, se abrirán una vez se cierre la carpeta de la “desjudicialización”. Con todo, los republicanos recuerdan que no renuncian a una amnistía, pese a que la suma de los indultos a los líderes de procés, la derogación de la sedición y la reforma de la malversación podría tener en la práctica los efectos de ese perdón colectivo.

En septiembre pasado, cuando aún no se había roto la coalición de Gobierno con Junts, Aragonès volvió a poner sobre la mesa el “acuerdo de claridad” como vía para asegurar la celebración de un referéndum acordado. Tanto Junts como la CUP la rechazaron. El Gobierno, por su parte, siempre ha cerrado la puerta a un referéndum de independencia. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, reiteró ese rechazo después de que el president planteara en septiembre el “acuerdo de claridad”. Rodríguez lamentó que los independentistas mantuvieran “sus pretensiones de máximos, que no son en absoluto compartidas por el Gobierno”.

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