El desacuerdo por la vía del referéndum pactado vuelve a poner al Gobierno catalán en la cuerda floja

Los dos socios del Gobierno catalán airearon este martes sin el menor rubor, durante la primera sesión del Debate de Política General celebrado en el Parlament, las graves desavenencias que les separan. Eso sí, de momento, aunque la sensación sea de estar en la cuerda floja, ninguna de las dos partes da el golpe final. El president Pere Aragonès desempolvó la propuesta de llegar a un pacto con el Gobierno central, sin calendarios, para determinar las condiciones de un nuevo referéndum de independencia, y Junts no solo la desestimó sino que hizo una enmienda en toda regla a los avances en el eje territorial. Albert Batet, portavoz de Junts, desafió a Aragonès a cumplir con el pacto de gobierno y hasta amagó con reclamarle que se someta a una cuestión de confianza, un anuncio que llega después de que hace un mes advirtiera de que llevaría la continuidad del Govern a votación de las bases de Junts si no había un cambio de rumbo hacia la secesión. La CUP también ha presentado una moción para el pleno de la semana que viene pidiendo igualmente la moción de confianza.

“¿Cómo vamos a confiar en una nueva propuesta si no se cumple el acuerdo que facilitó su investidura? ¿Lo piensa cumplir?”, le ha espetado Batet a Aragonès, además de insistir en la necesidad de tener “garantías y concreción”. No solo eso: Batet, en tono agrio, reclamó al republicano que, si no se las ofrece, se someta a una cuestión de confianza como hizo Carles Puigdemont en 2016, una maniobra que acabó con la promesa del entonces president de convocar un referéndum para lograr el apoyo de la CUP. Junts recrimina a ERC que desoiga sus demandas: articular una dirección estratégica común del independentismo, actuar de manera conjunta en el Congreso y cambiar el enfoque de la mesa de diálogo. “Se lo hemos dicho del derecho y del revés, sin obtener el resultado esperado”, le recriminó.

El anuncio de la posible petición de una moción de confianza fue recibido con una exclamación de sorpresa desde la bancada republicana. Aragonès dejó claro en la réplica posterior que no piensa someterse a ningún movimiento que pueda “desestabilizar” a su Gobierno, y retó a Junts a tomar las decisiones que considere oportunas. No citó explícitamente una eventual salida del Govern de los posconvergentes. “Le he puesto propuestas sobre la mesa. Si hay propuestas alternativas, estoy dispuesto a escucharlas”, manifestó el líder del Ejecutivo. “Es imprescindible que reforcemos al Govern”, reclamó Aragonès, que contestó el envite de Junts exigiendo lealtad. “Los acuerdos hay que mirarlos en su totalidad”, dijo.

En un debate larguísimo, el líder de Junts tomó la palabra pasadas las 21.30 y puso al descubierto la herida que separa a los dos socios del Govern. Eso echó por los suelos los esfuerzos de miembros del Govern, que se habían conjurado para que el debate fuera una vitrina para lucir el trabajo de este año y medio de legislatura y transmitir así un mensaje de unidad pese a las turbulentas relaciones de los partidos que le conforman. Aragonès, en su intervención de la mañana, no había escatimado esfuerzos en detenerse en la labor de cada uno de los consejeros, independientemente de su color político, aunque no mencionó en ningún momento el nombre de su socio, Junts. El líder republicano también había aprovechado el atril para anunciar un plan de ayuda a las familias ante la inflación y la crisis energética: 300 millones de euros que, en su gran mayoría, dependen de que salgan adelante las próximas cuentas (aún en el aire) para ponerse en marcha.

El president sacó pecho de la gratuidad de las guarderías y obvió que solo ha aprobado una ley, la de los presupuestos, en lo que lleva de mandato. Pero la atención del hemiciclo —con Laura Borràs, presidenta suspendida de la Cámara, siguiendo la sesión desde la tribuna de invitados— estaba en cuál sería la propuesta de Aragonès sobre la cuestión soberanista. Hace un mes que Junts advirtió de que, si no se cambiaba el rumbo en el camino hacia la independencia, serían las bases quienes tendrían la última palabra sobre la continuidad del Ejecutivo. De ahí que la nueva apuesta por la moción de confianza fuera recibida con estupor. “No entraré en ningún juego que paralice las instituciones”, dijo Aragonès.

La vía de pacto con el Gobierno central que propone Aragonès busca recoger la experiencia de lo sucedido en Canadá en 2000, cuando el Parlamento —a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo canadiense— aprobó la llamada Ley de Claridad para establecer los términos en los que podría celebrarse un referéndum sobre la secesión de Quebec. El republicano aspira a un acuerdo, no a una ley, que plantee “cuándo y cómo Cataluña puede volver a ejercer el derecho a decidir”. Las situaciones legales de ambos Estados son completamente diferentes y difícilmente homologables, pero Aragonès pretende que se establezcan parámetros similares a los que se acordaron para la provincia canadiense: claridad de la pregunta, quién la determina y cuál podría ser la mayoría necesaria (el Supremo canadiense nunca cuantificó ese baremo). Eso sí, el triunfo del sí, según la Corte suprema de Canadá, implicaba no la posibilidad de la secesión, sino que se abriera el proceso para una reforma constitucional.

Aragonès aseguró que su propuesta, “escrupulosamente democrática”, va dirigida tanto a los independentistas como a los no independentistas. Y tiró de las encuestas del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO) para justificar que el referéndum es una propuesta de aceptación transversal. Según el CEO, la celebración de un referéndum es la opción preferida por los votantes de todos los partidos menos los del PP y Vox. En el PSC, el apoyo llega al 73,7%. Si se mira a Ciudadanos, el apoyo es del 50%. “Esta mayoría social existe y ninguno la puede ignorar”, aseveró.

La propuesta, sin fechas ni calendarios, también busca llamar la atención de la comunidad internacional: de ahí que se recurra a la misma terminología del caso canadiense. Implicaría que primero se llegase a un consenso con entidades, partidos y sindicatos en Cataluña, y posteriormente se presentaría al Gobierno. El Ejecutivo central ha descartado por activa y por pasiva la posibilidad de que se celebre un referéndum de independencia en Cataluña y la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, reiteró ayer el portazo. Tras el Consejo de Ministros, lamentó que los independentistas mantengan “sus pretensiones de máximos que no son en absoluto compartidas por el Gobierno”.

El PSC, el principal grupo de la Cámara, pasó de puntillas sobre la propuesta y su líder, Salvador Illa, la calificó de “deja vu”. Se trata de un asunto incómodo para los socialistas, pues hasta hace menos de una década el PSC defendía la celebración de un referéndum acordado. Incluso en una de sus ponencias políticas llegó a incluir una vía similar a la Ley de Claridad canadiense que finalmente desapareció del texto final que se aprobó en 2016. En Comú Podem, por su parte, recordaron que en su día el diputado Xavier Domènech hizo una propuesta similar y que desde las filas de los republicanos se calificó entonces de “pantalla pasada”. Aragonès pide ahora a la jefa de filas de esa formación, Jéssica Albiach, que presione en el Gobierno central para dar luz verde al plan.

El debate acerca del encaje de Cataluña en España queda relegado ante una necesidad apremiante para el Govern: la de aprobar los presupuestos. La alianza entre ERC y Junts suma 64 diputados y necesita al menos otros cuatro votos de apoyo para validar las cuentas. Una vez que la CUP ya se ha apartado de esa posibilidad, los comunes se anuncian como aliados potenciales. El PSC también está abierto a negociar, pero dentro del Govern esta opción genera pocas simpatías.

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