ERC recuerda que el exministro Cristóbal Montoro dijo que la Generalitat no gastó “ni un euro” en las urnas del 1-O

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha tirado este lunes de hemeroteca para justificar su propuesta de cambio en el delito de malversación. La portavoz del partido, Marta Vilalta, ha recordado que hasta el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, del PP, dijo en agosto de 2017 que “ni un euro” de dinero público había sido destinado a preparar el referéndum ilegal del 1-O (que en ese momento aún no se había celebrado), pues las cuentas de la Generalitat catalana estaban intervenidas por el Gobierno central desde julio de ese año. “No se ha hecho desembolso alguno para llevar a cabo el referéndum”, dijo Montoro en el Congreso. En abril de 2018, en una entrevista en El Mundo, insistió en esa idea: “Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”, afirmó el dirigente del PP, aunque matizó que eso no implicaba que no hubiera existido malversación, porque ese delito “no requiere solo desvío de fondos: es también abrir un recinto público para un acto político ilegal, por ejemplo”.

La portavoz de ERC ha defendido que la existencia de lucro (personal o a terceros) es el factor que debe definir la persecución penal del delito, sin dejar margen de interpretación a los jueces para otros supuestos. Vilalta se ha mostrado “convencida” de que el expresidente de la Junta de Andalucía, el socialista José Antonio Griñán, no recibirá ningún beneficio si se modifica la ley, porque él fue condenado por malversación con lucro a terceros.

ERC propone que esa malversación sin ánimo de lucro tenga una pena máxima de tres años; pero plantea, además, una redacción que, en su opinión, implicaría que los hechos del procés independentista quedarían impunes. La dirigente republicana no ha querido opinar sobre la contrapropuesta socialista, que plantea penalizar con un máximo de cuatro años el desvío de dineros públicos para otros fines (donde, según el PSOE, sí entraría la malversación del procés). En el Código Penal actual, la pena máxima en la modalidad agravada de malversación son 12 años.

“Lo que se tiene que perseguir es cuando ha existido una apropiación personal o de terceros o con fines particulares de recursos públicos. Es evidente que eso sí es delictivo. Si no, se entra en la persecución política arbitraria”, ha asegurado la portavoz de ERC. Los republicanos remarcan que, pese a que la Generalitat diseñara partidas presupuestarias para el referéndum (un hecho que, según el Código Penal de 2015, ya es delito), estas no llegaron a hacerse efectivas y por tanto no se realizó pago alguno.

“El exministro Montoro dijo en 2017 que no se había gastado dinero público en el referéndum del 1 de octubre”, ha recordado Vilalta. El exministro, sin embargo, ha ido modulando con el paso del tiempo. En febrero de 2019, durante el juicio del procés en el Tribunal Supremo, Montoro compareció como testigo y volvió a matizar sus palabras de 2017: sostuvo que, a pesar del control que Hacienda impuso a las cuentas de la Generalitat desde meses antes del referéndum ilegal, el Govern pudo usar fondos públicos para organizar la consulta a través del “fraude” o el “engaño”. Y subrayó que él se había referido únicamente a dos gastos (la compra de urnas y la manutención en el extranjero del prófugo Carles Puigdemont) pero no a otros, como la publicidad del 1-O, los sobres y papeletas para la consulta o el pago de observadores internacionales. “Quería transmitir a los españoles que la Generalitat no podía hacer la convocatoria porque no tenía presupuesto. A veces, simplificamos demasiado en asuntos complejos”, dijo.

De hecho, la sentencia del Tribunal Supremo sobre los líderes del procés les condena no porque se hubiera realizado ningún pago específico sino por el hecho de prever ese gasto. “El momento en el que el acreedor realiza correctamente la prestación a su cargo es el momento en el que debe entenderse producido el menoscabo a los caudales o fondos públicos, desde el punto de vista del procedimiento de ejecución del gasto público”, recoge la sentencia de 2019. “Es ese momento, aun cuando todavía no pueda hablarse de una salida material de fondos para el abono de las prestaciones ya recibidas, cuando el procedimiento resulta ya irreversible o inevitable para la Administración”.

Los exconsejeros del Govern Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva fueron condenados por malversación, que se produjo “en concurso medial” con la sedición, es decir que, según el Supremo, el uso indebido de fondos públicos fue necesario para el plan independentista.

La dirección de ERC cree que hay tiempo hasta el martes para llegar a un acuerdo con los partidos que sostienen al Gobierno central y lograr así cerrar la apuesta por la “desjudicialización” que pactaron ambos Ejecutivos en la mesa de diálogo. “Nos avala nuestra historia de 91 años sin un caso de corrupción en nuestras filas”, ha dicho Vilalta.

Preguntada específicamente por si ERC ha estudiado los posibles efectos de su propuesta de redactado sobre casos como el del socialista José Antonio Griñán o dentro del eventual juicio del caso Kitchen, Vilalta se ha mostrado “convencida” de que no se verá alterado el castigo. Griñán fue condenado cuando aún estaba vigente el Código Penal de 1995, y en Kitchen las acusaciones por otros delitos muy graves garantizarán que ese caso “no quede impune”, ha augurado Vilalta.

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