El Gobierno pedirá al Parlamento europeo que permita el uso del catalán

Un conjunto de iniciativas en defensa del catalán ha sido el resultado más tangible de la tercera reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña, celebrada este miércoles en Madrid. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha comprometido a solicitar formalmente que se permita su uso en el Parlamento europeo. Y al mismo tiempo, impulsará una reforma del reglamento del Senado para ampliar el uso de las lenguas cooficiales de España. El Ejecutivo ha expresado además su apoyo a la nueva ley catalana sobre los idiomas en la enseñanza, aprobada en el Parlament con el respaldo de los socialistas, y con la que se frenó la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que fijaba un 25% de clases en castellano.

El otro acuerdo anunciado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se refiere a la voluntad de ambas partes de “desjudicializar” el conflicto independentista, aunque en este caso el alcance del pacto es todavía impreciso. La única concreción es que ambas partes se ponen de plazo hasta fin de año para abordar posibles cambios legislativos. Bolaños solo ha aludido genéricamente a que los dos Gobierno se comprometen a renunciar a cualquier iniciativa “fuera del juego de reglas democráticas” y a canalizar sus diferencias “a través del diálogo”. En el documento suscrito por ambas partes, se afirma su voluntad de “conducir la actividad política e institucional de acuerdo a las instituciones y procedimientos democráticos”. Subraya además que cualquier “solución política” debe contar con el respaldo de una “mayoría social amplia y transversal, según los principios y el ordenamiento democrático”. Fuentes del Ejecutivo han resaltado la relevancia de ese compromiso por parte del Govern de no intentar de nuevo ninguna acción unilateral. Las dos delegaciones se han mostrado satisfechas, en público y en privado, del clima y los resultados de la reunión.

Más allá de esa declaración de principios sobre el asunto de la llamada “desjudicialización”, persisten las diferencias entre ambas partes a propósito de la reforma del delito de sedición, que entre otras cosas, permitiría aliviar las acusaciones penales contra el expresident Carles Puigdemont, huido en Bélgica, o la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que está en Suiza. La posición inicial de Esquerra es retirarlo sin más del Código Penal, pero se abre a una modificación en la línea de “homologarlo” con la realidad de otros países europeos. Una idea casi calcada al planteamiento del Gobierno, que defiende “armonizarlo con las leyes europeas más avanzadas”, en palabras de Bolaños. El Ejecutivo central aboga por mantenerlo, pero con una tipificación más precisa y con penas más suaves. El ministro ha insistido en que es necesario buscar un acuerdo que cuente con el respaldo de la “mayoría parlamentaria suficiente” para sacar adelante la reforma, un argumento que los republicanos ven como una excusa. Unidas Podemos ha salido de inmediato a pedir al PSOE que presente una propuesta para modificar la tipificación del delito,

Para la líder de la delegación catalana, la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, esa “desjudicialización” es el primer paso dentro de la negociación de otros temas, pues permite que ambas delegaciones “estén en igualdad de condiciones”. Una vez se “normalice este punto”, ha dicho, se puede ya avanzar en la “solución política para atender las demandas democráticas” de los catalanes. Bolaños ha subrayado el tono “amable” de la reunión y ha saludado los acuerdos, pero al mismo tiempo ha reconocido: “Queda mucho diálogo por delante”.

Al encuentro también han asistido, en representación del Ejecutivo central, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los ministros de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y Cultura, Miquel Iceta. La Generalitat está representada solo por miembros de ERC, pues Junts insiste en rechazar las condiciones con que funciona ese órgano. Junto a Laura Vilagrà, han asistido el consejero de Empresa, Roger Torrent; la de Cultura, Natàlia Garriga, y el de Interior, Joan Ignasi Elena.

Con respecto a la iniciativa para que el Europarlamento permita el uso del catalán, el Gobierno ha precisado que se podría extender a las demás lenguas cooficiales siempre que lo soliciten los respectivos Ejecutivos autónomos. En el caso del Senado, se trataría de impulsar una reforma del reglamento que ya está en marcha en la Cámara Alta para ampliar el uso de todos los idiomas españoles, aunque con determinadas restricciones. El Gobierno da además su respaldo expreso a la nueva ley del Parlament sobre el catalán en la enseñanza que, entre otras cosas, concede autonomía a los centros educativos para decidir cómo reparte las horas lectivas entre las dos lenguas cooficiales. El Tribunal Superior de Cataluña entiende que esa disposición ignora su sentencia que obliga a una cuota mínima del 25% en castellano, y la ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.

La reunión se celebra en un momento muy tenso entre los socios del Ejecutivo catalán, ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de abrirle juicio oral a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por supuestos delitos de corrupción. ERC tiene que decidir si, con su voto, se le retira el escaño. Junts da por acabada la mesa de diálogo y pide abrir una nueva etapa que encare una “negociación real” con el Estado.

La puesta en marcha de la mesa fue uno de los acuerdos a los que llegaron Sánchez y el presidente catalán, Pere Aragonès, en su cita del día 15 en La Moncloa. La celebración de un nuevo encuentro se había ido posponiendo (tenía que ser en enero de este año), entre otras cosas, porque ambas partes no lograban cerrar ningún acuerdo con calado para presentar. Se trata de la tercera reunión de la mesa de diálogo, la segunda con Aragonès en el cargo: la primera fue en febrero de 2020 en Madrid con el expresidente Quim Torra, y la segunda tuvo lugar el 15 de septiembre de 2021 en Barcelona.