ERC y CUP rechazan blindar a Laura Borràs y marcan su fin como presidenta del Parlament

La decisión no solo se esperaba, sino que era inevitable una vez perdidos y agotados todos los recursos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha abierto este martes juicio oral contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs por troceo de contratos para beneficiar a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Con el reglamento de la Cámara en la mano, la decisión judicial debería tener como consecuencia que la también líder de Junts abandonara su escaño y su posición como segunda autoridad de Cataluña. Está por ver, sin embargo, si Borràs sigue el reglamento o decide atrincherarse en el cargo. La decisión se tomará en una reunión de la Mesa de la Cámara, este jueves, y ERC, la CUP y el PSC ya han anunciado que piensan dejar caer a la presidenta, siguiendo lo establecido en la normativa interna, sin ni siquiera recurrir a la posibilidad de pedir antes un dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado.

El auto de apertura de juicio oral dictado por el magistrado Carlos Ramos no puede recurrirse y significa que Borràs tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por los delitos de prevaricación y falsedad documental. El día en que se realizará la vista aún no se conoce. La Fiscalía pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación para ejercer cargos públicos por supuestamente dividir un encargo de páginas web para ILC en pequeños contratos y por así adjudicárselos a dedo a un antiguo colaborador suyo. Todo por un valor de casi 300.000 euros.

La presidenta del Parlament ha luchado como gato panza arriba para evitar su enjuiciamiento. Durante la fase de instrucción, se presentó como víctima de una operación de Estado por su condición de líder independentista. Ante los jueces ha optado por guardar silencio, pero su abogado, Gonzalo Boye, los ha inundado con recursos. Borràs ha llegado a pedir la recusación del magistrado Ramos, una petición que según el tribunal es un “abuso” y una “estafa procesal” con la que solo pretendía ganar tiempo. También solicitó ser juzgada por un jurado popular, una petición que también fue denegada.

Pero ahora, con la apertura de juicio oral, el tiempo se ha acabado y el debate se traslada al Parlament, donde las decisiones tendrán efectos telúricos de intensidad aún desconocida. La clave está en el artículo 25.4 del reglamento de la cámara autonómica ―que regula las “causas de suspensión de los derechos y deberes parlamentarios”― y en cómo se aplique. Una clausula que, según reconocen algunos expertos, viola la presunción de inocencia pero que fue el baremo de autoexigencia que los propios diputados votaron en la reforma de 2017.

La tesis de la Fiscalía es que, como máxima responsable de la ILC hasta 2018, Borràs troceó de forma artificial contratos por valor de más de 300.000 euros con el objetivo de beneficiar al informático Isaías H., con quien había colaborado en el ámbito docente en el pasado. La principal prueba de cargo son correos electrónicos escritos por Borràs en los que solicita presupuestos ficticios y dirige la operación de amaño. La dirigente de Junts actuó de esa forma pese a las numerosas advertencias de la auditoría y de trabajadores de la institución, que depende del Departamento de Cultura y promueve la literatura en catalán.

La Fiscalía considera que esos hechos constituyen prevaricación (dictar una resolución a sabiendas de su injusticia) y falsedad, que son dos de los llamados delitos de corrupción. Sobre esa premisa, el artículo que aplica en el caso Borràs es el 25.4, que no deja mucho margen a la interpretación. “En los casos en los que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción”, dice el texto, la Mesa del Parlamento debe “acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata”. El artículo añade que esta decisión debe adoptarse “una vez que sea firme el auto de apertura de juicio oral” (como ocurre ahora) y de que la cámara “tenga conocimiento” del texto.

El mismo artículo agrega que, cuando haya dudas sobre “el tipo de delito o sobre el régimen de incompatibilidades” que debe aplicarse, es necesario el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. El reglamento no deja mucho lugar a las dudas, pero es cierto que existen lagunas en cuanto a su ejecución porque nunca se ha activado. Borràs alega que es precisamente el ataque a la presunción de inocencia de ese artículo lo que justifica que no se le aplique y recuerda que la revisión de ese punto había sido recomendada por los letrados.

Efecto dominó en el Parlament

El auto desencadena un efecto dominó que puede poner en jaque al Parlament. La líder de Junts per Catalunya ha insistido en que no tiene intención alguna de apartarse del cargo pese a lo que señala el reglamento. El PSC, Esquerra y la CUP, con representación en la Mesa, llevan días advirtiendo que la prioridad es velar por el buen nombre de la institución. La opción de atrincherarse en el cargo tiene muy pocos números de salir adelante pues implicaría el concierto de los funcionarios (por ejemplo, con el funcionamiento de su correo o el acceso al edificio) y en otras ocasiones estos han mostrado que no piensan desobedecer.

Este martes, tras conocerse la apertura del juicio oral, ERC y CUP han liquidado cualquier esperanza de blindar a la presidenta, tal como lo pedía ella y su partido, en nombre de la lucha contra “la represión”. La CUP, ha dicho la diputada Laia Estrada, “no tiene dudas” respecto a que “los delitos de los que se acusa a Borràs son corrupción”. Por tanto, los anticapitalistas ven necesario que se aplique el artículo 25.4. Para la portavoz de ERC, Marta Vilalta, es tan claro que se cumple el supósito sobre casos de corrupción, que “no haría falta elevar esta consulta a la Comisión del Estatuto del Diputado”, una posibilidad que recoge el reglamento por si hay duda sobre la naturaleza de las acusaciones. Es decir, el propio jueves y solo con la decisión de la Mesa, Borràs sería suspendida de tofos los derechos.

La posible suspensión de Borràs como presidenta del Parlament implica que el máximo cargo de la Cámara autonómica pasa a manos de Esquerra. El reglamento de la institución prevé que, en ausencia de presidenta, sus funciones las asume la vicepresidenta, cargo que regenta Alba Vergés. Los republicanos han avanzado que no tienen intención de socavar el acuerdo de Gobierno trabado con Junts per Catalunya, según el cual los dos partidos se repartían las presidencias de la Generalitat y del Parlament.

Esto abre la puerta a que haya un movimiento de sillas en la Mesa del Parlament para posibilitar que Junts conserve la máxima autoridad. Vergés, que ya ha anunciado que su futuro político está ligado a su candidatura como alcaldesa de Igualada, no tendría inconveniente en ceder las funciones de presidenta interina a Aurora Madaula, diputada por Junts y que ejerce de secretaria segunda de la Mesa. Madaula es una de las personas del círculo de confianza de Borràs.

También está por verse cómo reaccionará Junts, que hace dos semanas, durante su congreso, cambió la ponencia política para permitir que Borràs pudiera seguir en la presidencia hasta que, dado el caso, hubiera una sentencia firme en su contra. Hasta ahora, el partido ha mostrado un apoyo granítico a la líder de la Cámara. En la tarde de este martes, la Ejecutiva del partido se ha reunido de manera extraordinaria para evaluar la situación y en un comunicado ha expresado su apoyo “sin fisuras” a su presidenta. Consideran que las petición de penas tan altas es la muestra de que en realidad se trata de un caso de “persecución política”. Hace unos días, el número dos del partido, Jordi Turull calificó de “error garrafal” que se deje caer a Borràs. Eso se puede entender como una señal de peligro para la coalición del Ejecutivo catalán, pero en las filas republicanas pocos creen que Junts se atreva a romper.

Además de Borràs, irán a juicio Isaías H. y un trabajador de la ILC, Andreu P. El auto dictado por el TSJC indica que hay una “base indiciaria seria y consistente” contra ellos y contiene también un resumen de los hechos. Según el magistrado Ramos, la presidenta del Parlament y su colaborador actuaron “de común acuerdo” para fraccionar indebidamente 18 contratos menores que, en realidad, tenían un único objetivo: el mantenimiento del portal web de la institución. Ambos “pactaron” que cada expediente contendría tres presupuestos de proveedores; dos de ellos, sin embargo, “no eran ofertas reales sino presupuestos comparsa elaborados falazmente” por ellos. Las defensas de Borràs y de los otros dos procesados deberán presentar en los próximos días los escritos con sus argumentos y, una vez cumplido este trámite, el TSJC decidirá la fecha del juicio, del que se hará cargo la Sala de lo Civil y Penal del tribunal.

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