Borràs pidió a un funcionario de la Institució de les Lletres que la avisara si los Mossos pedían información sobre ella

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, pidió a un funcionario de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) que le avisara de si los Mossos requerían información sobre los contratos que presuntamente adjudicó a dedo a un amigo cuando dirigió la entidad, según un audio que figura en la causa.

El funcionario, Roger E., ha declarado este martes como imputado ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga a Borràs por adjudicar presuntamente a dedo 18 contratos de la ILC a su amigo Isaías H.

Según han informado fuentes jurídicas, el funcionario ha prestado declaración en relación con dos audios de “whatsapp” que Borràs, que dirigió la ILC entre los años 2013 y 2018, le envió una vez había abandonado la entidad y los Mossos d’Esquadra investigaban si fraccionó contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo.

El imputado se negó a declarar en su día ante la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, que investigó el caso antes de que pasara a manos del TSJC por la condición de aforada de Borràs, pero ahora ha pedido comparecer voluntariamente ante el instructor, ante el que ha mantenido que la presidenta del Parlament le daba órdenes sobre a quién debía adjudicar los contratos bajo sospecha.

Parte del interrogatorio al funcionario, que está imputado por facilitar la tramitación de los contratos supuestamente fraudulentos, ha versado sobre esos dos audios de Borràs: uno de febrero de 2018 y otro el 26 de junio de 2018, semanas después de ser nombrada consellera de Cultura con Quim Torra como president.

En el primero de esos audios, Borràs comentó a Roger E. que se había enterado de que los Mossos d’Esquadra habían acudido a la ILC para pedir información sobre los expedientes vinculados a Isaías H., el amigo al que presuntamente benefició adjudicándole contratos fraccionados para evitar la concurrencia pública, y pedirle que la avisara si volvían a acudir a la entidad.

En el segundo, ya como consellera, se interesaba por las facturas que aún tenía pendiente de cobrar su amigo Isaías H., también investigado en la causa.

Pocos meses después, los Mossos d’Esquadra registraron la sede de la ILC por orden judicial y Borràs puso en aprietos al entonces conseller de Interior, Miquel Buch, al asegurar en una entrevista televisiva que este le había dicho que no la investigaban. En abril de 2019, la jueza instructora retiró el caso a la policía catalana y se lo encargó a la Guardia Civil.

En su declaración ante el juez, Roger E. ha explicado que seguía las indicaciones de Borràs respecto a las empresas a las que debía contratar para los proyectos investigados y que era la directora de la ILC la que controlaba todo el proceso, por lo que le facilitaba los presupuestos de las ofertas presentadas y le señalaba a cuál de ellas debía adjudicarlo.

De hecho, según se desprende de la investigación, para simular la concurrencia de ofertas en los expedientes de contratación investigados Isaías H. presentó presupuestos atribuidos a otras personas o sociedades vinculadas a él, de forma que en todos casos resultara adjudicatario del proyecto.

El funcionario, cuya defensa pedirá en los próximos días que se archive la causa para él, ha aportado un informe de la Intervención General de la Generalitat que advertía a Borràs del exceso de contratación menor en la entidad, figura que permite adjudicar sin concurrencia pública.

A raíz de ese informe, del año 2014, la entonces directora de la ILC se mostró “molesta” por las recomendaciones de la Intervención General, según ha explicado el funcionario, y presentó una serie de alegaciones en las que defendía la legalidad y conveniencia de la contratación menor.

El año siguiente, el funcionario ha explicado que elaboró un documento con propuestas para adjudicar los nuevos proyectos mediante contrato negociado, un mecanismo que garantiza mayor control y transparencia y que es el que proponía la Intervención para sustituir la contratación menor.

Borràs, según la versión del funcionario, recibió ese documento sin más comentarios, pero siguió recurriendo a la contratación menor para la adjudicación de proyectos de la ILC.

Además del funcionario investigado, hoy ha declarado como testigo ante el juez el responsable de Contratación del Departamento de Cultura, en relación con una reunión que mantuvo en 2014 con responsables de la ILC -a parte de la cual asistió Borràs- para informar de una nueva circular de la Generalitat sobre contratación a raíz de la creación de la Oficina de Supervisión y Evaluación de la Contratación Pública.

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