El Tribunal Superior catalán acusa a Laura Borràs de maniobrar para “dilatar” su juicio por corrupción

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha resuelto uno de los últimos recursos que la defensa de Laura Borràs podía presentar para evitar que se la juzgue por supuestamente trocear un contrato público para beneficiar a un amigo cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Los magistrados han aprovechado las objeciones a su auto de procesamiento para acusar a la líder del Parlament por lo que consideran una intención manifiesta de dilatar la causa en su contra. La situación de la también presidenta de Junts —cuyo partido cambió sus estatutos para blindarla aunque se le abra juicio oral—, junto con la voluntad del partido de eliminar el impuesto de sucesiones y el rechazo a la mesa de diálogo son tres nuevos frentes que siembran dudas sobre la solidez de la coalición con ERC en el Ejecutivo catalán.

Los magistrados han tumbado las dos pretensiones de los abogados que representan a Borràs. Por un lado, pretendían que se elevara al Tribunal Constitucional la petición de que la presidenta de la cámara pudiera ser juzgada por un tribunal popular pese a que estuviera acusada de prevaricación, un delito que la ley deja fuera de esa posibilidad. Por el otro, recusaba al magistrado instructor alegando que el PSC, que ahora pide la dimisión de Borràs, había tenido una “intervención decisiva” en la terna propuesta por el legislativo catalán al Consejo General del Poder judicial en 2004.

El auto del Tribunal Superior catalán dice que la petición de recusación hecha por el abogado Gonzalo Boye “solo puede considerarse un abuso de derecho y un fraude procesal dirigido a remover al juez predeterminado por la ley” y que el objetivo de esa maniobra es “dilatar la tramitación, con la finalidad de retrasar la decisión a adoptar sobre una eventual apertura del juicio oral”. El auto de procesamiento queda ya en firme.

La fecha en que se celebraría ese juicio es clave. La situación de la líder de Junts se juega en dos pistas, correlacionadas. Por un lado, el tiempo del TSJC. Una vez resueltos los recursos contra el auto de procesamiento (acusa a Borràs de malversación, fraude, prevaricación y falsedad en documento público, aunque la Fiscalía descarta los dos primeros delitos en su acusación), el siguiente paso es informar de cuándo será el juicio oral. Una vez esto ocurra, en el Parlament, el reglamento establece que se le tiene que retirar el escaño a un diputado si se le juzga por delitos relacionados con corrupción.

Borràs insiste en que es inocente, que no ha cometido ninguna irregularidad y achaca la causa a una persecución del Estado por su ideología independentista. En ese discurso la acompaña, al menos de manera pública, su partido, que el pasado fin de semana incluyó un cambio en su ponencia organizativa para blindarla. Podrá seguir como presidenta hasta que no haya una condena firme (a diferencia de lo que sucede en el Parlament, donde con solo la apertura de juicio oral ha de dejar el escaño) y, en todo caso, si se sospecha que se trata de un caso de persecución judicial (lawfare) una comisión de garantías podría eximirle de ese supuesto.

Esa decisión de Junts pone más presión en ERC. Este lunes, su portavoz, Marta Vilalta, ha explicado que la decisión de la Fiscalía de no acusar a la líder de la cámara por malversación y fraude no “cambia para nada” la posición del partido. Los republicanos ya han invitado a Borràs a que deje el cargo para evitar arrastrar a la institución al descrédito y critican que intente darle épica independentista a un caso de entrega a dedo de contratos públicos en el ILC entre 2013 y 2017.

Pero no es la única fisura abierta en el congreso de Junts respecto de sus socios. La nueva hoja de ruta en materia fiscal abre la puerta a eliminar los impuestos cedidos de sucesiones y donaciones, poner la barrera para la excepción del impuesto de patrimonio en un millón de euros y reducir los tipos máximos del IRPF del 50% al 45%.

En su programa electoral en 2021, Junts no tenía un posicionamiento claro al respecto. La nueva hoja de ruta llega en un momento crucial para el Ejecutivo catalán. El pasado 8 de junio, el consejero de Economía, Jaume Giró (de Junts) dio el pistoletazo de salida a los trabajos de elaboración del borrador de los Presupuestos, cuya documentación por parte de los departamentos se debe completar antes de que termine septiembre.

En las últimas cuentas aprobadas, la fiscalidad no solo había sido un campo de batalla entre socios sino también un comodín (o una fuente irrenunciable de financiación) para lograr los apoyos necesarios, en su día de la CUP, en las últimas ocasiones por parte de En Comú Podem. Vilalta se ha mostrado confiada de que lo que prevaldrá será el acuerdo de Govern, donde no se incluyen esas reformas fiscales.

Durante la campaña de las pasadas elecciones autonómicas, Junts se refugió en la indeterminación sobre el tema fiscal para evitar crear un cisma interno entre las sensibilidades cercanas a las posiciones convergentes y a las progresistas, si bien candidatos como Joan Canadell defendían abiertamente eliminar sucesiones y patrimonio. “Todo lo que sea una política fiscal para que los que más tienen tengan más, no estaremos de acuerdo”, ha remachado Vilalta.

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