La mesa de diálogo Gobierno-Generalitat se reunirá este miércoles, en plena tormenta sobre el futuro de Laura Borràs

Este miércoles, en Madrid, se celebrará la esperada reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat. Ambas partes han hecho pública la fecha en la tarde de este martes, después que finalmente consiguieran cerrar los últimos detalles de los acuerdos que esperan presentar. Se ha trabajado a contrarreloj pues hace dos semanas, también en la capital, el compromiso adquirido tras la reunión entre los presidentes Pedro Sánchez y Pere Aragonès (ERC) era que la nueva sesión de la mesa fuera durante esta semana y hubiera resultados concretos. Los republicanos se han dedicado los últimos días a presionar a La Moncloa para que se produzcan anuncios sobre la “desjudicialización”, si bien no ha trascendido el orden del día de la reunión.

Al encuentro asistirán, en representación del Ejecutivo central, la vicepresidenta Yolanda Díaz; y los ministros de la Presidencia, Félix Bolaños; Política Territorial, Isabel Rodríguez y Cultura, Miquel Iceta. La Generalitat estará representada solo por miembros de ERC, pues Junts insiste en rechazar las condiciones con que funciona ese órgano, que busca poner fin al conflicto político entre el Govern y el Estado. Acudirán la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà; el de Empresa, Roger Torrent; la de Cultura, Natàlia Garriga y el de Interior, Joan Ignasi Elena. La reunión se celebrará en un momento muy tenso entre los socios del Ejecutivo catalán, ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de abrirle juicio oral a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por supuestos delitos de corrupción. ERC tiene que decidir si, con su voto, se le retira el escaño.

La puesta en marcha de la mesa, que se reunió por primera vez en septiembre del año pasado en Barcelona, fue uno de los acuerdos a los que llegaron Sánchez y Aragonès en su cita del pasado día 15 en La Moncloa. Desde entonces, la celebración de un nuevo encuentro se había ido posponiendo (tenía que ser en enero de este año), entre otras cosas porque ambas partes no lograban cerrar algún acuerdo con calado para presentar.

La filosofía inicial de la mesa, que pactaron PSOE y ERC a cambio de facilitar la investidura de Pedro Sánchez, era solo comparecer ante la opinión pública cuando hubiera adelantos. Ante esa falta de contenido, la nueva fecha se iba arrastrando y las polémicas como el escándalo del caso Pegasus o la certificación de la poca ejecución presupuestaria del Gobierno en Cataluña terminaron por minar aún más la confianza.

Tanto La Moncloa como el Govern dejaron claro que existían acuerdos maduros que se podrían presentar en esta mesa, de ahí que no se entienda tanto secretismo para finalmente ponerle fecha hasta el último minuto. Que aún quedaban aspectos por cerrar lo demuestra la presión pública de los últimos días de los republicanos, especialmente en lo referente a acuerdos en el frente judicial. Oriol Junqueras, entre otras primeras espadas del partido, han acusado al Ejecutivo de no querer reformar el Código Penal, mostrando así el interés porque los avances lleguen en ese campo. Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha recordado que el Ejecutivo ve importante hacer cambios penales, pero que lamentablemente no se cuenta con las mayorías necesarias. Los republicanos consideran que ese argumento es una excusa y recuerdan la suma que permitió la investidura.

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