Pedro Sánchez reserva hasta 10.000 millones para ampliar las ayudas anticrisis

El Gobierno se dispone a aprobar este martes, en el último Consejo de Ministros programado para el año, un nuevo paquete de medidas para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania, especialmente la persistente inflación. El proyecto, según detalló el Ejecutivo a Bruselas al entregar el Plan Presupuestario en octubre, tendrá un impacto económico de entre 7.000 millones y 10.000 millones. El decreto combinará la extensión de algunas iniciativas que ya están en marcha con la adopción de otras nuevas.

Lo más novedoso será la aprobación de un cheque que ayude a las familias más vulnerables a paliar los efectos de la inflación, cuyo importe y alcance final está por determinarse. Y también la desaparición, tras nueve meses en vigor, del descuento de 20 céntimos por litro a la gasolina y el diésel. Por el contrario, seguirán las reducciones de impuestos en la factura eléctrica. Las medidas entrarán previsiblemente en vigor el 1 de enero y estarán vigentes durante 2023, un año marcado por la celebración de elecciones municipales, autonómicas y generales. Esto es lo que se sabe del nuevo paquete que ultima el Ejecutivo:

Rebaja de impuestos energéticos. Se prorrogarán la bajada del IVA eléctrico del 10% al 5%. Y se mantendrán igualmente la suspensión del tributo de generación y la reducción, hasta el mínimo que permite Europa, del impuesto a la electricidad. En realidad, se trata de varias soluciones que inciden a la vez sobre la factura de la luz para bajar su importe. Algunas de ellas llevan ya mucho tiempo en marcha, incluso antes de la guerra de Ucrania, porque el encarecimiento de la luz empezó a deteriorar las finanzas de muchos hogares ya en la primavera de 2021. Los últimos datos de la Agencia Tributaria cuantifican el impacto de esta medida en unos 6.500 millones en 2022, pero en el Gobierno creen que el coste final para el próximo año será inferior porque prevén que la energía sea más barata. Estas medidas conviven con el mecanismo para rebajar el precio de la electricidad en el mercado, la llamada excepción ibérica (un tope al importe del gas que se usa para producir luz), que no forma parte del paquete de ayudas a Ucrania, pero se considera responsable, junto con las condiciones meteorológicas favorables, de que tanto España como Portugal estén soportando precios energéticos mucho más bajos que los de otros países vecinos.

Fin del subsidio a la gasolina. Todas las fuentes consultadas, que representan las diferentes sensibilidades dentro del Gobierno de coalición, dan por terminada la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante. Desde el 1 de abril, todas las personas que repostaban gasolina o gasóleo en una estación de servicio española se encontraban con esta subvención. Una medida que en su día se justificó por la dificultad de arbitrar algún sistema más focalizado en los hogares vulnerables y que generaba muchas dudas en el seno del propio Ejecutivo. Francia, que en su día aprobó algo similar, anunció recientemente el final del descuento generalizado al combustible. Y en España la suerte va a ser parecida. Se mantendrá para determinados colectivos profesionales, como los transportistas o los trabajadores del sector primario. Esta ayuda podría costar unos 1.500 millones.

Este cambio de enfoque traerá también novedades en la aplicación. Si ahora el descuento se realiza de forma automática al ir a pagar a la caja de la gasolinera, en adelante se obtendrá en las devoluciones que esos colectivos profesionales reciben a final de mes como parte de la subvención al gasóleo profesional. Para los conductores particulares no habrá más remedio que pagar el combustible al precio que marque el monolito. La gasolina, contando con la bonificación, ya salía actualmente más barata que hace un año, cuando todavía no se había disparado por la guerra, pero estaba en niveles históricamente caros. El gasóleo sigue siendo más costoso.

Cheque a las familias. Para compensar el impacto de la desaparición de la subvención a la gasolina, el Gobierno ha perfilado la entrega de un cheque de ayuda a los hogares. El segundo objetivo de ese dinero es que contribuya a paliar la inflación en la cesta de la compra. Se han hecho varios planteamientos al respecto: desde un cheque variable en función de la vulnerabilidad de las familias hasta uno fijo de entre 300 euros, con capacidad de llegar a 10 millones de familias, y 200 euros, inferior pero que alcanzaría a más hogares. Este punto aún se está negociando entre los socios de gobierno.

Bajada del IVA de los alimentos. Aunque España es el socio comunitario con menor inflación ahora mismo, los crecimientos del IPC siguen siendo abultados (cerca del 7% en noviembre, cuando el objetivo del Banco Central Europeo es que se sitúe en el 2%) y la carestía es especialmente visible en los alimentos. Estos subían el mes pasado más de un 15% en términos interanuales, muy cerca de su récord histórico, lo que entronca con otra de las soluciones que se discuten: la reducción de IVA a algunos productos. La idea del Ejecutivo es llevar el tipo superreducido (4%) a una serie de artículos básicos, lo que ayudaría a bajar la inflación y a la vez los haría más accesibles para las economías familiares.

Alquileres e hipotecas. La vivienda se ha convertido, una vez más, en el gran caballo de batalla de la negociación. Hay acuerdo, y fue anunciado en su día porque formó parte de un pacto con Bildu para aprobar los Presupuestos, en la limitación de las actualizaciones de alquileres a un 2%. Se trata de una iniciativa que está en marcha desde el primer decreto de marzo, que no gusta en el sector inmobiliario y que tiene un coste cero para el Ejecutivo. Pero solo afecta a inquilinos que tienen un contrato en vigor al que se sube la renta una vez al año (lo que permite la ley, siempre que se haya pactado así). Eso hace que para Unidas Podemos resulte insuficiente, por lo que el lunes pidió medidas adicionales.

“No está siendo una negociación fácil”, resumió el lunes la número tres de la formación morada, Lilith Verstrynge, “lo prioritario es hacerle entender al PSOE que el mayor gasto que realizan los españoles tiene que ver con el pago del alquiler y de la hipoteca y, por tanto, hay que regular estas cuestiones”. En similares términos se pronunciaron la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ambas con representantes de sus departamentos en la negociación. Las propuestas de Unidas Podemos son una congelación de alquileres que consistiría, de manera similar a como se hizo en la pandemia, en que los inquilinos a los que se les acabe el contrato tendrían derecho a permanecer en las viviendas un año más en las mismas condiciones. Y fijar el tope al crecimiento de las hipotecas variables a lo que marcaba el euríbor a finales de junio, cuando estaba en el entorno del 1%, frente al 3% actual. El código de buenas prácticas pactado por las patronales bancarias y Economía contempla también una contención de las hipotecas variables de familias vulnerables, pero su alcance ha sido cuestionado por los requisitos que impone para acceder a esas ayudas.

La incógnita del transporte local. En octubre el Ejecutivo anunció la extensión de las medidas que se aplican al transporte público estatal, con abonos gratis para los viajeros frecuentes de los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia; y algunos trayectos con descuentos del 50% sobre el precio habitual. La gratuidad se hará extensiva a los títulos multiviaje de las líneas de autobuses interurbanos de competencia estatal. En los Presupuestos para 2023 se calculó el coste de estas iniciativas en unos 660 millones de euros.

El Ejecutivo se ha reservado para este martes el anuncio de lo que pasará con el transporte urbano, de largo el más usado en el día a día, que no es de competencia estatal. Es decir, las líneas de autobuses municipales y el metro. Desde septiembre, cuando entraron en vigor las primeras medidas dirigidas al transporte público, estos medios se han beneficiado de una subvención estatal del 30% en los abonos, que en muchos casos se ha complementado por las Administraciones locales y autonómicas.

Todas las opciones de cara a 2023 están abiertas: quitar la subvención del 30%, prorrogarla e incluso ampliarla. El Gobierno ha mantenido hasta ahora la incógnita sobre un asunto en el que no consta que haya habido grandes dificultades para llegar a un acuerdo. Otra cosa es lo que decidan luego las Administraciones locales y autonómicas en un año, además, electoral. En Barcelona, la Autoridad Metropolitana de Transportes (participada mayoritariamente por la Generalitat) ha anunciado que mantendrá su parte de ayuda (un 20% adicional al 30% que ahora pone el Gobierno). La Comunidad de Madrid, sin embargo, pretende poner fin a esta medida en los transportes de la capital (cuya competencia comparte con el Ayuntamiento) el 31 de diciembre.