Juan Carlos, el impune

Juan Carlos de Borbón abdicó a regañadientes cuando ya había dilapidado hasta la saciedad su prestigio democrático, basado en su actuación en la madrugada del 23-F. Sus escándalos privados y financieros eran notorios, a pesar del hermetismo autoimpuesto entre los medios, y del silencio de sus colaboradores más próximos. Prado y Colón de Carvajal, administrador financiero de Juan Carlos, en su libro de memorias Una lealtad real, habla de los impagables servicios del silencio. Y el propio Juan Carlos, en una escena de lenguaraz indiscreción extraconyugal, aludía despectivamente al silencio de su más fiel asesor militar, el golpista Armada. Podemos suponer qué turbios negocios tuvo que callar el leal administrador, y cuál fue la verdadera historia de aquella madrugada del 23-F que calló para siempre su fiel general. Con esta alusión consiguió que se esfumara definitivamente el fundamento de su prestigio democrático del 23-F.

A partir de datos de la Agencia Tributaria, la fiscalía inició en 2020 dos investigaciones que se archivaron sin acusación en 2022. Motivo: los delitos que cometió siendo rey estaban amparados por su inviolabilidad constitucional. Los que cometió tras su abdicación estaban perdonados por regularizaciones fiscales absolutorias muy benévolamente apreciadas por la fiscalía anticorrupción. Y los demás delitos que también cometió, ya no eran perseguibles, porque estaban prescritos.

El chantaje de Bárbara Rey, y sus antecedentes, no eran conocido oficialmente por la fiscalía en 2022. Fue en 2024 cuando supimos todos que, por orden de Juan Carlos, el CNI, espionaje oficial español, había comprado a Bárbara, en 1997, unos datos sonoros y gráficos comprometedores que conservaba, por una suma extraordinaria de millones de euros, parte entregada entonces, y parte en anualidades posteriores, que cesaron al llegar Zapatero al gobierno. Al parecer, esto lo corrobora el general Manglano, que fue director del CNI, aunque el siguiente director, disculpando el anómalo dispendio, ha dicho que se pagó con dinero de los amigos de Juan Carlos. Da igual. Si se pagó a Bárbara con fondos reservados del CNI, podríamos estar ante otro nuevo delito, de malversación, cometido por Juan Carlos, por el director del CNI y por su superior, Aznar, que necesariamente debió autorizar o consentir esos pagos. Y si el CNI pagó disponiendo de la donación amistosa, “hizo innecesario la aportación de dinero propio”, de su presupuesto, si seguimos la sorprendente y rocambolesca interpretación que sugería el Tribunal Supremo cuando denegó la amnistía a los del procés. El CNI, al disponer de la irregular donación como de fondos propios, habría dispuesto de sus recursos, ahorrándolos. También sería malversación.

Cuando Juan Carlos abdicó en 2014 todavía faltaban cinco años para que prescribiera el delito de malversación de los pagos a Bárbara. Podrían haber sido investigados ante el Tribunal Supremo él, el director del CNI y Aznar, pero desde 2019 esos hechos ya están prescritos, y Juan Carlos eludía el código penal. Por eso, si los reyes antiguos son recordados por sus méritos, como Fernando el católico, Alfonso el sabio o Jaime el conquistador, Juan Carlos será recordado como el impune.