Pulso por la agenda política en un año sin elecciones

2025, si no hay cambios de guion, puede ser el primer año de Pedro Sánchez en La Moncloa sin elecciones. No hay previstas generales, ni ninguna autonómica —esto puede cambiar—, ni municipales, ni europeas. El Gobierno aspira a que un año con menor tensión electoral le permita centrar la agenda en sus medidas y entrar en un terreno de “normalidad” frente al “clima de excepcionalidad” que crea la derecha, mientras el PP advierte que no dejará de recordarle los casos de corrupción. Estas son diez claves del año político.

1. Presupuestos en el aire. El Gobierno arranca 2025 sin la menor garantía de aprobar unos nuevos presupuestos. Aunque todos los grupos de la mayoría de investidura plantean exigencias, dos se presentan con el listón más alto. Uno es Podemos, que condiciona su apoyo a que el Gobierno rompa con Israel y baje los alquileres un 40%; y que, además, ve “imprescindible” para sentarse a negociar el impuesto “permanente” a las energéticas, explica un portavoz morado. El otro es Junts, que antes de sentarse quiere que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza.

Tanto en el PSOE como en el Ejecutivo reiteran el mismo mensaje: la legislatura continuará hasta el final también sin presupuestos. “No habrá elecciones en 2025 pase lo que pase. No nos convienen en absoluto, sobre todo por la división del espacio Sumar-Podemos”, dice una fuente de Ferraz.

El discurso del PP, según el cual la falta de presupuestos sería la prueba definitiva de la inviabilidad de la legislatura, se topa con un problema: Vox mantiene en el aire las cuentas de seis gobiernos autonómicos del PP. Un portavoz del PP rechaza cualquier comparación y recuerda que el último presupuesto del Gobierno es de 2023, aprobado la pasada legislatura. “Esa precariedad no la sufren nuestras comunidades”, afirma.

2. La incesante presión de ERC y Junts. Tras la pérdida de la mayoría independentista en el Parlament, la presión de ERC y Junts sobre el Gobierno continúa. Con el acuerdo de investidura de Salvador Illa en la mano, los republicanos exigen avances en 2025 en la “financiación singular” de Cataluña. Desde La Moncloa ven margen para satisfacer el pacto catalán dentro de un acuerdo con todas las comunidades, algo que el PP descarta. Junts, por su parte, reclama cumplir con el traspaso de competencias de inmigración y con el reconocimiento del catalán en la UE.

Caso aparte es la amnistía, que Junts arrancó a Sánchez a cambio de su investidura y que ahora, tras las obstáculos judiciales para su despliegue, Carles Puigdemont ve “insuficiente”. Aunque el Supremo aún tiene recursos pendientes, el foco judicial se desplazará al Constitucional, de mayoría progresista, que prevé dictar antes de verano su primera sentencia, determinante para delimitar el alcance final de la medida. Queda por saber si habrá reunión de Sánchez con Puigdemont. El presidente se ha mostrado dispuesto al encuentro incluso antes de que al expresident se le aplique la medida de gracia. Sería uno de los acontecimientos políticos del año. Y otro tabú que caería.

3. Quién controla la agenda. Pese a los intentos del Gobierno por dar protagonismo al resultado de sus políticas económicas y al fin del procés, la agenda de 2024 ha estado marcada por los casos de Begoña Gómez, José Luis Ábalos y el fiscal general. El objetivo del Gobierno y el PSOE para este año es mover el foco. “Nos centramos en lo que preocupa a la gente: vivienda, economía, empleo, sanidad, educación, reconstrucción tras la dana”, señalan fuentes de La Moncloa, donde aspiran a un año de “normalidad, donde la oposición critique pero sin cuestionar la legitimidad del Gobierno”. “Hay que salir del clima de excepcionalidad que buscan PP y Vox e instalarnos en la normalidad”, apunta otra fuente de Ferraz, que cree que la manera es “incidir en los buenos datos y previsiones económicas” y en hacer que “tengan un impacto que note la mayoría”. El PSOE avanza algunos retos y medidas para 2025 que combinan lo micro y lo macro: reducir la desigualdad y la pobreza infantil, adelantarse al objetivo de contención del déficit, ampliar las ayudas al transporte cuando acaben las vigentes, subir las pensiones un 2,8%...

Frente a los intentos del Gobierno de ampliar el abanico temático, el PP prevé recordarle a diario la corrupción. En Génova sostienen que “no se entendería” que, con La Moncloa convertida en “un centro de negocios” y con casos abiertos que afectan a la la esposa y al hermano del presidente, al exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes y al fiscal general, “el PP mirara para otro lado”. El PP, que ya ha avisado de que mantendrá su firmeza en la tarea de oposición, sostiene que la hará compatible con el dibujo de una “alternativa” que permita, tanto con propuestas como “legislando desde la oposición”, hacer visible “cómo sería un gobierno de Alberto Núñez Feijóo”.

4. Vivienda, una empresa por hacer. El Gobierno ha otorgado a la vivienda el estatus oficioso de gran prioridad de 2025 y ya se mueve para cumplir la promesa de Sánchez en el último congreso del PSOE: la creación de una empresa pública de vivienda. La entidad de suelo Sepes ha aprobado ya cambios para ajustarse a este objetivo. El Gobierno prevé un foro para el 13 de enero con nuevos anuncios. Los movimientos se realizan bajo la mirada escéptica de Sumar, socio menor del Gobierno, crítico con la política de vivienda del PSOE, y de Podemos. El PP asegura que no se quedará solo en el no y que en breve detallará su propio “plan integral”, que esbozó en octubre pero no llegó a desgranar porque el informe de la UCO sobre la trama Koldo que implicó a Ábalos llevó al partido a concentrar ahí sus energías.

5. De llamarlo “golpista” a pactar. El año pasado abrió una nueva era en la relación PP-Junts. Aunque los de Feijóo se han hartado de llamar “golpista” a Puigdemont, en 2024 su dirección realizó un acercamiento que ha culminado con acuerdos como el que tumbó el impuesto a las eléctricas. Un portavoz del PP afirma que el partido está abierto a nuevos acuerdos tanto con Junts como con el PNV. ¿En qué temas? “Energía, economía, fiscalidad”, enumera. Aunque la maniobra suscita recelos en parte del partido, Génova se muestra convencida de que hay margen por explorar sin fallar a los principios. “Lo que se entendería mal es que, pudiendo bajar impuestos, no lo hiciéramos”, añaden desde el partido, donde desdeñan los intentos de “la maquinaria del Gobierno” de presentar a PP y Junts como aliados.

6. Tras el CGPJ, la inmigración. Ante la desinflamación en Cataluña, Santiago Abascal apostó fuerte el año pasado por la mano dura con la inmigración, asunto con el que ha buscado distanciarse del PP hasta el punto de salirse en julio de los gobiernos autonómicos de coalición. Al alza en las encuestas, Vox —que no ha querido atender a EL PAÍS para participar en este reportaje— no parece tener incentivos para aflojar sus posiciones.

Bajo continua presión de la ultraderecha, el PP lleva más de seis meses evitando un acuerdo para distribuir el exceso de menores inmigrantes acogidos en Canarias. El PSOE ya ha presentado este bloqueo como el sucesor del que mantuvo cinco años sin renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un portavoz del PP, que se sacude la presión y sitúa la pelota en el tejado del Gobierno, afirma que su partido no actuará en este tema ni por lo que diga Vox ni por lo que diga el PSOE. Tampoco aclara cuál será su voto en la ley de regularización de cientos de miles de inmigrantes.

7. Sin urnas a la vista (de momento). Aunque no hay fijada ninguna fecha de comicios, los presidentes autonómicos del PP tienen la opción de romper esa calma chicha electoral y adelantar convocatoria, posibilidad que ganará fuerza allí donde no logren sacar presupuestos y las encuestas lo hagan apetitoso. En caso de reforzarse ante el PSOE, el resultado en cualquier feudo tendría la lectura de un revés a Sánchez. En Castilla y León, donde las elecciones están previstas en 2026, un adelanto podría considerarse “técnico”. Cada barón tiene “autonomía plena”, dicen desde la dirección nacional. La más poblada, Andalucía, se acerca a elecciones, previstas en 2026. El PSOE andaluz vive momentos de alta tensión a la espera de un posible relevo en el liderazgo, ahora en manos de Juan Espadas.

8. Un laberinto en la izquierda. Un año y medio después de lograr 31 escaños en las generales con Yolanda Díaz como candidata, el grupo de Sumar está roto por la salida de Podemos, la marca ha encadenado decepciones electorales, las encuestas pronostican una caída y abundan las dudas sobre alianzas y liderazgo. A todo ello se sumó el caso Errejón, que precipitó unos cambios que no han satisfecho a IU. La situación preocupa incluso en el PSOE, donde se da por hecho que con Sumar y Podemos por separado el PP allanaría su camino al poder.

Con este panorama, Sumar fía su 2025 a hacer política útil, explica Verónica Martínez, portavoz parlamentaria del grupo. Sus propósitos para el nuevo año no solo abarcan medidas con sello propio—subida del salario mínimo, reducción de la jornada laboral, posibles sanciones por publicar pisos turísticos sin licencia—, sino también forzar “medidas valientes” en vivienda, área que lleva el PSOE. Martínez afirma que trabajarán con “lealtad” al socio, pero levantando la voz en caso necesario, sea por la vivienda o —como esta semana— por la jornada laboral. Sumar prevé llevar al Congreso una iniciativa para el blindaje del derecho al aborto en la Constitución.

Tanto en Sumar como en Podemos, las respuestas sobre una posible unidad de la izquierda alternativa —que IU defiende abiertamente— tienen la típica dosis de inconcreción de quien no quiere enseñar sus cartas. Martínez (Sumar) ve aún lejos esa pantalla, ya que las generales están previstas para 2027. Y afirma: “Sumar es la unidad de la izquierda”. Podemos, a través de un portavoz, señala que “la tarea prioritaria es poner a la izquierda en pie y hacer que se exprese política, social y electoralmente”, siempre sin “subordinarse” al PSOE. “Cuanta más fuerza tenga Podemos, mejor articulado estará el bloque progresista”, añade.

9. Franco en el ojo del huracán. Sánchez inaugurará este miércoles la conmemoración del 50º aniversario de la muerte de Franco. El programa arranca con polémica: Felipe VI —cuyo padre, Juan Carlos I, sucedió a Franco como jefe del Estado siguiendo lo previsto por este— no asistirá. El Gobierno, que prevé celebrar más de 100 actos, ya ha encontrado el rechazo del PP —y por supuesto de Vox—, lo que anticipa que la memoria histórica será objeto de encarnizada disputa política. Ya pasó en 2019, con la exhumación de Franco, que precedió a un importante repunte electoral de Vox.

En La Moncloa ven injustificada la oposición del PP a una iniciativa “pedagógica”. Pero existen poderosos condicionantes que dificultan que el PP se sume a la conmemoración. Para empezar, acordó con Vox la aprobación de “leyes de concordia” autonómicas. Aunque las normas quedaron en suspenso tras la ruptura de los gobiernos de coalición, la ultraderecha sigue presionando. Y con resultados. La dirección de Feijóo ha dado ya su aval a que la presidenta María Guardiola apoye la norma en Extremadura, lo que engrasaría sus relaciones con Vox.

10. La sombra de lo imprevisible. En un mundo en combustión, con Vlamidir Putin y Benjamin Netanyahu desatados y la incógnita sobre qué rumbo económico y geopolítico tomará Donald Trump, todos los pronósticos nacionales deben contemplar la volatilidad internacional. “La previsión económica optimista española, aunque tiene base, no deja de depender de la coyuntura general”, advierte una fuente de Ferraz, que mira con inquietud el corte de suministro de gas ruso por parte de Ucrania. La inestabilidad en Francia y el posible cambio de color del Gobierno alemán en febrero —que podría dejar a Sánchez cono el principal líder socialdemócrata europeo— impactarán en la política española. Y todo ello sin contar con la posibilidad de fenómenos imprevisibles y rupturistas, con gran capacidad para alterar la política, sean de carácter climático o sanitario, como fueron el covid en 2020 o la dana en 2024, o de otro tipo.