La Guardia Civil confirma que el fiscal general cambió de teléfono una semana después de que el Supremo abriera la causa contra él

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha enviado un nuevo informe al Tribunal Supremo que indica que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, “cambió de terminal telefónico” el 23 de octubre de 2024, una semana después de que este tribunal abriese la causa para investigarlo por la denuncia presentada por Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso (PP), presidenta de la Comunidad de Madrid. El instituto armado ha remitido este nuevo análisis, al que ha tenido acceso EL PAÍS, a petición del juez instructor Ángel Hurtado, después de que los agentes entregasen en diciembre otro informe sobre el teléfono del máximo representante del ministerio público, en el que señalaban que no habían encontrado ningún mensaje enviado ni recibido en su aparato entre el 8 y el 14 de marzo de 2024.

El Supremo investiga a García Ortiz y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por la filtración de un correo electrónico enviado por la defensa de González Amador al ministerio público el pasado 2 de febrero, donde se admitía que la pareja de Ayuso había cometido un fraude fiscal y se proponía llegar a un acuerdo para evitarle la entrada en prisión. El contenido de este email (así como una copia del mismo) se publicó en varios medios entre la noche del 13 de marzo y la mañana del 14, y sirvió para echar por tierra un bulo que estaba difundiendo el equipo de la presidenta regional —con su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, a la cabeza—. Los populares propagaron la mentira de que era la Fiscalía quien había ofrecido el pacto, pero que después lo había retirado por “órdenes de arriba”, como si fuera una especie de chantaje con fines políticos para desgastar a la dirigente del PP.

El 16 de octubre, el Supremo comunicó la apertura de la causa contra el fiscal general por revelación de secretos. El 30 de octubre, la Guardia Civil llevó a cabo el registro de su despacho, y le intervino el teléfono. Sin embargo, tras analizar su contenido, los agentes informaron de que no le habían encontrado ningún mensaje recibido o enviado entre el 8 y el 14 de marzo de 2024 —el periodo que el juez Hurtado ordenó investigar—; pese a que, al estudiar el móvil de la fiscal Pilar Rodríguez, sí le hallaron mensajes que García Ortiz le había remitido en esas fechas. A raíz de ello, el magistrado instó al instituto armado a recabar más información sobre ese extremo. Y, según el nuevo informe de la UCO, García Ortiz cambió de terminal móvil el 23 de octubre.

Como publicó EL PAÍS el 19 de diciembre, cuando se conoció el informe sobre la ausencia de mensajes en el móvil de García Ortiz, fuentes de la investigación ya achacaban esta circunstancia a que el fiscal general había cambiado de dispositivo antes de que el juez ordenara el registro de su despacho. Según fuentes del entorno de la Fiscalía, el anterior terminal de García Ortiz se formateó de acuerdo a una instrucción en materia de protección de datos dictada en 2019 y la guía difundida por el delegado de protección de datos de la Fiscalía en 2022. Este documento, insta al “formateado de los equipos informáticos una vez sean devueltos por su usuario” y a “no almacenar indefinidamente documentos en los soportes digitales ni en las cuentas de correo electrónico” y “eliminar los mismos una vez dejen de ser necesarios, asegurándose de que no queden residentes en la papelera”.