Dos informes de la Guardia Civil complementarios pero no concluyentes sobre la filtración del caso del novio de Ayuso

Uno tiene 57 páginas. El otro, tan solo dos. El primero está fechado el 21 de noviembre. El segundo, el pasado jueves. El primero analizaba los mensajes enviados o recibidos por correo electrónico o aplicaciones de mensajería instantánea por la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, entre los días 8 y 14 de marzo. El segundo, los que contenían los dispositivos electrónicos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en las mismas fechas. Son dos de los tres informes que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido en el último mes al magistrado Ángel Hurtado en un intento de avanzar en las pesquisas sobre la supuesta filtración a la prensa del correo por el que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, proponía a la Fiscalía un pacto de reconocimiento de dos delitos fiscales a cambio de una condena que le permitiera evitar la cárcel. Complementarios, pero no concluyentes, ambos informes firmados por los dos mismos agentes son las primeras piezas de un puzle —aún incompleto, y que deja nuevos interrogantes cuando se comparan ambos documentos — en el que, por ahora, no hay pruebas de quién filtró el correo sobre González Amador, imputado por fraude, a la Cadena SER, el primer medio que publicó parte de su contenido en la noche del 13 de marzo.

Los whatsapps. El informe del pasado jueves en el que se analiza el contenido del teléfono móvil de García Ortiz refleja que la UCO no encontró ninguna comunicación. “0 mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea en el periodo analizado”, reflejaron los investigadores en el documento. Entonces, fuentes cercanas a las pesquisas explicaron a EL PAÍS que este hecho era fruto de que el fiscal general había cambiado de teléfono antes de que el juez ordenara el registro de su despacho el pasado 30 de octubre. Fuentes del entorno de la Fiscalía justificaban que el anterior terminal se había formateado —y con ello borrado su contenido— de acuerdo a una instrucción en materia de protección de datos dictada en 2019 y la guía difundida por el delegado de protección de datos de la Fiscalía en 2022. Estos documentos instan al “formateado de los equipos informáticos una vez sean devueltos por su usuario”, a “no almacenar indefinidamente documentos en los soportes digitales ni en las cuentas de correo electrónico” y a “eliminar los mismos una vez dejen de ser necesarios, asegurándose de que no queden residentes en la papelera”.

Sin embargo, la ausencia de mensajes en el móvil de García Ortiz no ha impedido que el sumario contenga comunicaciones del fiscal general. El informe de noviembre sobre los dispositivos de la fiscal jefe provincial de Madrid recoge varios de ellos que constatan que el máximo representarte del ministerio público intercambió mensajes con Rodríguez sobre la denuncia del novio de Ayuso en esas fechas y horas. El documento de la UCO sobre el teléfono de la fiscal incluye, de hecho, varios pantallazos de los whatsapps entre ella y el fiscal general. En esos mensajes hay varias conversaciones de la noche del 13 de marzo, día que salió a la luz pública la existencia del correo enviado por el novio de Ayuso. La Fiscalía decidió elaborar una nota de prensa para desmentir el bulo que el entorno de la presidenta madrileña había empezado a difundir entonces, con la tesis de que era el ministerio público quien había propuesto ese acuerdo.

Los correos electrónicos. En la copia de seguridad del ordenador de sobremesa perteneciente a García Ortiz, la Guardia Civil localizó dos archivos que contenían copia de un mismo documento, un correo electrónico sobre la denuncia presentada por la Fiscalía contra Maxwell Cremona, la empresa de González Amador. Ambos fueron enviados el 13 de marzo a las 23.45 —es decir, más tarde de que se difundiera la noticia de la Cadena SER— a un correo de Gmail de García Ortiz y procedían de la cuenta oficial de la jefatura de la Fiscalía de Madrid. Los mismos incluían la cadena de mails entre el abogado de la pareja de Ayuso y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, así como la denuncia que este había presentado en los juzgados el día anterior.

La UCO señala que este documento había sido enviado previamente a la Fiscalía Provincial —que los había reclamado para elaborar la nota de prensa que desmintiera el mensaje filtrado poco antes por el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez— y la fiscal Rodríguez lo había reenviado inmediatamente a García Ortiz. El correo incluía la denuncia por dos supuestos delitos contra la Hacienda Publica cometidos por la pareja de la presidenta madrileña. En la cuenta de correo oficial del fiscal general, la Guardia Civil encontró 45 mails enviados o recibidos entre el 8 y el 14 de marzo, pero los agentes concluyeron que no tenían “interés para la investigación”.

El documento policial sobre los dispositivos de la fiscal Rodríguez contiene más correos electrónicos sobre los hechos investigados. Así, recoge la existencia de, al menos, dos correos electrónicos que esta remitió al fiscal general que no han aparecido en el posterior análisis de los ordenadores de este. La investigación aún no ha dilucidado si fueron borrados, no llegaron nunca a la dirección de destino o se produjo otra incidencia. La jefa provincial envió el primero de estos mails al fiscal general a las 21.59 del mismo 13 de marzo e incluía los mensajes intercambiados entre la defensa de la pareja de Ayuso y el fiscal de delitos económicos a cargo de su investigación con el asunto y pdf “propuesta conformidad penal delito contra HP [Hacienda Pública]”. El segundo, que tampoco se encontró en el ordenador del fiscal, es de dos minutos más tarde bajo el asunto “conformidad penal asunto Maxwell Cremona”, en referencia a la empresa de González Amador.

Entre ese momento y “hasta que se publica la filtración a las 23.51 horas [en la página web de la Cadena SER, aunque la noticia se había difundido en antena a las 23.24], hay tan solo un número muy reducido de personas en los que concurren dos circunstancias” y que supuestamente podrían haber filtrado el documento. Entre ellos cita a personal de “la Fiscalía General del Estado, a la fiscal jefe provincial, a la fiscal superior, a la fiscal decana de delitos económicos y al fiscal de delitos económicos”, enumeran los agentes. La Guardia Civil concluía que, por todo ello, apreciaba una “participación preeminente” del fiscal general en la supuesta filtración.