La Guardia Civil no encuentra pruebas de la filtración sobre la pareja de Ayuso en el teléfono y el ordenador del fiscal general

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha hallado en los teléfonos móviles y el ordenador del fiscal general del Estado ninguna prueba sobre la filtración del correo electrónico vinculado por el que está investigado. El Tribunal Supremo ha levantado este jueves el secreto de sumario sobre el informe elaborado por la UCO con los datos obtenidos en el registro del despacho del fiscal general llevado a cabo el pasado 30 de octubre y, según ese documento a cuyo contenido ha tenido acceso EL PAÍS, los agentes no han encontrado ningún mensaje enviado ni recibido por Álvaro García Ortiz entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, el plazo fijado por el juez Ángel Hurtado para el análisis. Respecto a los correos electrónicos, el informe concluye que García Ortiz recibió a las 23.45 el mail supuestamente filtrado, en el que el abogado de Alberto González Amador, imputado por fraude fiscal y pareja de Isabel Díaz Ayuso, admitía la comisión de dos delitos contra Hacienda y ofrecía un pacto a la Fiscalía. La primera información sobre la existencia de ese correo la dio en antena la Cadena Ser a las 23.20 de ese día. Fuentes cercanas a la investigación aclaran que la ausencia total de mensajes en el móvil del fiscal general puede estar motivada porque antes de que se le clonase había cambiado de terminal.

La UCO ha remitido al Supremo un segundo informe este jueves, en concreto, el que analiza al contenido del teléfono móvil del que fuera secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Juan Lobato, quien fue llamado a declarar después de que registrase ante notario cómo le llegó el correo electrónico del abogado de la pareja de Ayuso cuya filtración se investiga. En este caso, la Guardia Civil apunta a Pilar Sánchez Acera, alto cargo del Palacio de la Moncloa, de la que asegura que tuvo una copia de este documento “integro”, en referencia no solo al contenido sino también al continente, y que se lo envió al dirigente socialista regional antes de que se publicase en un medio digital. Tras analizar los investigadores añaden que, de hecho, del contenido de los mensajes intercambiados se deduce que Sánchez Acera “tendría información certera sobre la filtración que lleva a la publicación del email íntegro en la prensa”.

El juez del Supremo Ángel Hurtado investiga a García Ortiz y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por la supuesta filtración de un correo electrónico remitido a la Fiscalía por el abogado de González Amador. Nada más abrir la investigación, el instructor ordenó a la UCO registrar los despachos de ambos fiscales e intervenir todos sus dispositivos informáticos y telemáticos. En el caso del fiscal general, la operación se prolongó casi 11 horas, durante las cuales los agentes clonaron todo el contenido almacenado en sus ordenadores y en su teléfono móvil, una información que la Guardia Civil ha analizado para buscar indicios la filtración del correo electrónico que investiga el Supremo. Ese mail desmentía un bulo que estaba difundiendo desde horas antes el entorno de la presidenta madrileña, según la cual, era el ministerio público el que había ofrecido un acuerdo a la pareja de Díaz Ayuso, aunque luego, supuestamente, había retirado ese ofrecimiento “por órdenes de arriba”, en referencia al fiscal general.

El auto por el que se ordenó la entrada y registro no especificaba las fechas que debía abarcar el análisis de la información incautada, salvo en el caso de los correos electrónicos, para los que el juez fijó la horquilla de entre el 8 de marzo y el día del registro. La fecha de inicio coincide con el día que la fiscal jefa provincial se dirigió al fiscal encargado de investigar a González Amador, Julián Salto, para que le enviara una copia de todo el expediente relacionado “con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid”. Pero al fijar como fecha final el día de registro, los mensajes intervenidos incluían mensajes muy posteriores a los días en los que se centra la investigación, e incluso pueden recoger mensajes de García Ortiz relativos a la causa que el Supremo ha abierto contra él y su estrategia de defensa. Por ello, el juez dictó el pasado 8 de noviembre un segundo auto para acotar el examen a la horquilla de entre el 8 y 14 de marzo, el día en el que el correo electrónico que se investiga apareció por primera vez íntegramente publicado en los medios de comunicación.

Al clonar el teléfono móvil de García Ortiz y buscar los mensajes que intercambió entre esas dos fechas, los agentes se han encontrado con que no había ninguno. “0 mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea en el periodo analizado”, señala el documento. Fuentes de la investigación explican que el fiscal cambió de dispositivo antes de que el juez ordenara el registro de su despacho. Según fuentes del entorno de la Fiscalía, el anterior terminal de García Ortiz se formateó de acuerdo a una instrucción dictada en 2019 sobre la protección de datos en el ámbito del Ministerio Fiscal. Este documento, dictado durante la etapa de Dolores Delgado al frente del ministerio público, insta al “formateado de los equipos informáticos una vez sean devueltos por su usuario” y a “no almacenar indefinidamente documentos en los soportes digitales ni en las cuentas de correo electrónico” y “eliminar los mismos una vez dejen de ser necesarios, asegurándose de que no queden residentes en la papelera”.

En la copia de seguridad del ordenador de sobremesa perteneciente al jefe del ministerio público se han localizado dos archivos que contienen una copia de los dos correos electrónicos sobre la denuncia presentada contra Maxwell Cremona, la empresa de González Amador, recibidos en una cuenta de gmail de García Ortiz procedentes de la cuenta oficial de la jefatura de la Fiscalía de Madrid fechados el día 13 de marzo a las 23.45. En esos correos está, según la UCO, la cadena de mails entre el abogado de la pareja de Ayuso y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, del 12 de marzo, así como el reenvío a la Fiscalía Provincial que se produjo un día más tarde a las 23.44, cuando la fiscal Rodríguez le reclamó el mail del abogado para elaborar una nota de prensa que desmintiera el mensaje que había publicado poco antes el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, en el que aseguraba que el fiscal había ofrecido un pacto a González Amador.

El correo enviado por la fiscal jefa provincial a García Ortiz incluye como adjunto, según la UCO, la denuncia por dos supuestos delitos contra la Hacienda Publica cometidos por la pareja de la presidenta madrileña. La Guardia Civil también clonó la cuenta de correo oficial del fiscal general, en la que encontró 45 mails enviados o recibidos entre el 8 y el 14 de marzo pero que no tienen “interés para la investigación”, según los agentes.

Los mensajes de Lobato

En el caso de Lobato, el informe de la UCO detalla que, el primer mensaje de la aplicación Whatsapp de interés para la investigación es de las 7.03 del 14 de marzo. Se trata de varios enviados por su compañera de partido Sánchez Acera ―que entonces era la jefa de gabinete del actual ministro de Transformación digital, Óscar López, uno de las personas de confianza de Pedro Sánchez― en los que esta mandaba al dirigente socialista madrileño enlaces a varios tuits de la red social X en los que se hacía mención al contenido de una noticia que poco antes de la medianoche anterior había publicado la Cadena Ser acerca del correo electrónico que el abogado de González Amador había remitido a la Fiscalía. No obstante, la Guardia Civil pone el foco en el remitido a las 8.29. En este, Sánchez Acera “reenvía un mensaje en el que aparece íntegramente” el email del letrado de la pareja de Ayuso y advierte a Lobato de que tenga cuidado con los datos personales que en él aparecían.

Los investigadores detallan que a esa hora la copia de aquel correo electrónico en el que supuestamente se recogía irregularidades fiscales de González Amador no había sido publicado por ningún medio de comunicación. Lo haría el diario El Plural.es 36 minutos más tarde, a las 9.06 y, además, con tachaduras que no aparecían en la copia que Sánchez Acera envió a Lobato. Por ello, el informe concluye que la procedencia del documento que tenía la alto cargo “no puede ser la publicación en medios de comunicación”. En este sentido, la UCO destaca que del contenido de los mensajes se infiere también que Sánchez Acera sabía que el documento no había sido publicado, pero que lo iba a ser en breve.

Los agentes añaden que, además de la alto cargo de Presidencia y de Lobato, la existencia del email fue conocida “antes de ser publicado en ningún medio” por el que era entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, y por quien le relevó en este puesto el pasado 3 de diciembre, Ion Antolín, que en aquel momento era el jefe de prensa del PSOE. El informe también cita a la directora de Comunicación del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez Espada.

De estos tres últimos, la Guardia Civil incide en el papel que supuestamente pudo tener Vallés, al que atribuye, pese a que solo ha podido analizar los mensajes del móvil de Lobato de dos días (el 13 y el 14 de marzo), “un rol superior de coordinación respecto a la información que se maneja sobre la pareja de la presidenta de la CAM [Comunidad Autónoma de Madrid], Isabel Díaz Ayuso”. No obstante, los agentes destacan que es Sánchez Acera la que “tendría información certera” sobre la supuesta filtración del correo electrónico al diario digital que lo publicó primero. En este sentido añaden que fue esta la que aseguró al entonces líder socialista de Madrid “que el email va a ser publicado antes de que este comparezca públicamente y así ocurre, aún cuando quedaba poco más de una hora entre esa afirmación y la intervención en la Asamblea [de Madrid] del secretario general [del PSM]” en la que este mostró mostró públicamente una copia del documento. En concreto, el que publicó ElPlural.es con tachaduras y no el que le remitió Sánchez Acera.