Ayuso y Rodríguez difundieron varios bulos al tergiversar cinco correos secretos entre el novio y la Fiscalía

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) conoció con detalle los intentos por escrito de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, para evitar la cárcel por los dos delitos fiscales que le atribuye la fiscalía de Madrid, castigados con entre dos y 10 años de prisión. Tanto Ayuso como su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, desinformaron sobre esos hechos y filtraron uno de los cinco documentos, supuestamente confidenciales, a los medios de comunicación. Las declaraciones públicas de Ayuso o las filtraciones de su jefe de gabinete estaban relacionadas con esas cinco comunicaciones por correo electrónico entre el abogado de González Amador y la fiscalía de delitos económicos de Madrid para tratar sobre una propuesta de acuerdo que evitara la entrada en prisión del novio de la presidenta madrileña. Ayuso y Rodríguez difundieron una información tergiversada sobre hechos que sólo podían conocer a través de esas comunicaciones confidenciales, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Este periódico reconstruye a continuación lo ocurrido desde que se inició en mayo de 2022 la inspección fiscal a Maxwell Cremona, empresa de González Amador, hasta que la Fiscalía contestó a las mentiras del Gobierno de Ayuso con información real sobre el sumario (14 de marzo de 2024). La respuesta dada por el Ministerio Público a los bulos del Ejecutivo madrileño ha ocasionado la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un supuesto delito de revelación de secretos.

Febrero de 2023. El novio de Ayuso admite el fraude e intenta repararlo, pero su asesora fiscal le indica que ya no se puede. El abogado de González Amador admite en un escrito enviado a Hacienda que la factura de gastos deducibles que presentaron por 895.000 euros es falsa pero que están dispuestos a presentar una declaración complementaria para reparar el fraude. A continuación, el escrito —que se muestra en el gráfico que acompaña a esta información— añade que la asesora fiscal de González Amador les indica que esa regularización que planean “ya no se puede ni se debe hacer toda vez que la sociedad Maxwell está ya inmersa en una inspección fiscal que ha sido finalmente ampliada a ese ejercicio”. El Código Penal señala en su artículo 305.4: “Se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización”.

Julio de 2023. González Amador paga lo defraudado mediante un intento de regularización prohibida por Ley. Pese a que el Código Penal lo prohíbe, González Amador presentó en julio de 2023 una declaración correspondiente al impuesto de Sociedades de 2022 donde metió las cantidades —más de 1,5 millones de euros— de las facturas falsas que se había deducido en los dos años anteriores para pagar menos impuestos. En julio de 2023 ingresó en Hacienda 629.408 euros, un pago improcedente para la declaración de 2022 pero con el que pretendía evitar el juicio y la cárcel por los dos delitos fiscales supuestamente cometidos en los ejercicios anteriores. Su asesora fiscal le avisó de que eso no se podía ni se debía hacer, pero lo hizo sin el resultado esperado porque Hacienda le devolvió el 17 de abril de 2024 los 552.000 euros pagados de más y el juicio por dos delitos fiscales sigue adelante.

2 de febrero de 2024. De “ciertamente se han cometido dos delitos” a “todavía hay una inspección pendiente”.

La secuencia de correos electrónicos, relatada con detalle por el abogado de González Amador en el último escrito remitido al Supremo, comienza el 2 de febrero de 2024. Carlos Neira, entonces abogado de la pareja de Ayuso, envía a la fiscalía de delitos económicos de Madrid un escrito de ocho folios. En el primero de ellos se puede leer: “Estudiado el asunto y de común acuerdo con Alberto González les comunicó que es voluntad firme de esta parte alcanzar un acuerdo de conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT”.

El fiscal encargado del caso, Julián Salto, responde el 12 de febrero: “Le escribo en relación a los presuntos delitos de defraudación tributaria, soy el fiscal designado del asunto, tomo nota de la voluntad de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas. Quedamos en contacto”. El abogado de González Amador le recuerda apenas 10 minutos después de recibido este correo que todavía a esas fechas está pendiente de saber si Hacienda acepta el intento de regularización extraordinaria presentado en la declaración de julio de 2023: “Existe aún una inspección tributaria en curso referida al año 2022. Le mantendré informado”. Y el fiscal Salto contesta el 13 de febrero: “Quedamos en ver si fruto de esa actuación de pago del año 2022, objeto de inspección, se consideraría ya ingresada la cuota o no”. González Amador albergaba todavía alguna esperanza de evitar el juicio, según esos correos. El fiscal Salto acepta esperar, según el relato remitido al Supremo por el abogado de la pareja de Díaz Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso tergiversó el 13 de marzo los hechos para contar que quién debía dinero era Hacienda y no su pareja. Además, acusó a los poderes del Estado de perpetrar una cacería contra su pareja por el hecho de serlo, calificando de “política” la actuación fiscal contra González Amador. El fiscal encargado del caso, Julián Salto, desmintió este hecho en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid cuando fue llamado a declarar como imputado: “El 8 de marzo me informaron que el investigado, o la persona con la que se formula la denuncia, es Alberto González Amador, que tiene un vínculo sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es la primera noticia que tengo de este vínculo, yo no tengo ningún interés. Si se lee la denuncia, no se ha formulado por ningún motivo político, simplemente porque se han podido cometer dos delitos de defraudación tributaria por unas facturas que no se corresponden con servicios a la realidad”.

Mañana del 13 de marzo de 2024. Isabel Díaz Ayuso: “No debe 300.000 euros, es Hacienda quien le debe 600.000″. La primera vez que Isabel Díaz Ayuso respondió a los medios de comunicación sobre el fraude fiscal leyó un papel para informar sobre algunos detalles del expediente abierto a González Amador. “Hasta donde sé”, declaró, “mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020 y 2021 y ahora pretenden que sea el 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe”. Esta afirmación es falsa pero aporta información existente en todo el expediente tributario e incluso en alguno de los correos confidenciales que se cruzó el abogado de González Amador con la Fiscalía de Madrid. Cuando Ayuso señala que Hacienda pretende ampliar la “inspección fiscal salvaje” a 2022 para “retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe”, se refiere a que González Amador ya sabía que su “regularización” presentada en julio de 2023 no iba a ser aceptada y le tendrían que devolver la mayor parte de los 629.408 euros que pagó.

De hecho, un mes después de las declaraciones de Ayuso sobre los casi 600.000 euros que le debían a su pareja, Hacienda devolvió a González Amador 552.000 euros. La presidenta madrileña añadió aquel día una mentira mayor: “Es falso que sea él quien debe a Hacienda 300.000 euros por fraude y no sólo no le debe nada sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar…por intereses”. Cuando EL PAÍS quiso conocer los detalles de esa deuda, un colaborador de la presidenta explicó que González Amador pagó en 2022 esa cifra en concepto de multa por los hechos que ahora denunciaba la Fiscalía: “Es que él pagó de más cuando abonó la multa en julio de 2022″, explicó este interlocutor, sin dar más detalles. No abonó ninguna multa, sólo incorporó como ingresos en su declaración de julio de 2023 —no en julio de 2022— las cantidades de las facturas falsas que se dedujo en las declaraciones de los dos años anteriores.

Tarde del 13 de marzo de 2024. Miguel Ángel Rodríguez filtra uno de los correos junto a una versión falsa de los hechos. Tras el bulo difundido por Ayuso en la mañana del 13 de marzo, su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, amplió la desinformación con el mensaje de WhatsApp enviado a varios medios de comunicación donde transcribía literalmente el último correo enviado por el fiscal Julián Salto a Carlos Neira, abogado de Díaz Ayuso: “Buenos días don Carlos. Le adjunto copia de la denuncia presentada el 5 de marzo de 2024 contra la sociedad Maxwell Cremona para facilitarle el derecho de defensa. Supongo que hasta dentro de dos meses no tendremos el juzgado encargado del asunto. Aunque se ha denunciado también a otras personas no será obstáculo para llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible. Un saludo”.

Rodríguez difundió esta información explicando a determinados medios, que lo contaron sin mayor contraste, que el ofrecimiento de acuerdo de la fiscalía era a cambio de que González Amador admitiera dos delitos fiscales, algo que no decía el correo enviado por el fiscal. Ese detalle, la admisión de dos delitos fiscales, estaba en otro correo electrónico: el enviado por la pareja de Ayuso a la fiscalía el 2 de febrero pasado donde González Amador admitía el fraude y se ofrecía a pagar hasta 500.000 euros a cambio de reducir la pena de cárcel a tan sólo ocho meses, con lo que evitaba entrar en prisión. Sólo conociendo ese correo previo, el Gobierno de Ayuso pudo informar que el acuerdo de conformidad era a cambio de que el comisionista González Amador admitiera dos delitos.

Para rematar su intoxicación informativa, Miguel Ángel Rodríguez mandó este otro mensaje a los medios por si quedaba alguna duda de quién ofrecía el acuerdo y por qué no se aplicaba: “Es la Fiscalía la que ofrece el acuerdo, en principio. Después, recibe órdenes de arriba y retira la propuesta de acuerdo… todo sucio”.

Rodríguez no pudo acreditar con nuevos correos electrónicos filtrados su denuncia sobre la retirada “por órdenes de arriba” de esa propuesta de acuerdo. Porque también era mentira. Tan sólo existía un correo electrónico (12 de febrero de 2023) del fiscal al abogado de González Amador en el que queda a la espera “de ver si fruto de esa actuación de pago del año 2022 objeto de inspección, se consideraría ya ingresada la cuota o no”. Pero en ningún caso retira una oferta de acuerdo “por órdenes de arriba” que nunca hizo, sólo se paraliza la negociación sobre la propuesta de acuerdo de González Amador hasta saber si Hacienda admite el pago de las cantidades defraudadas.

13 de junio de 2024. La fiscal superior al juez: “Espero que el Colegio de Abogados expediente a quien vulneró el secreto”. La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, declaró en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que la Ley obligaba a la fiscalía a desmentir la información falsa que ofreció el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aunque añadió que ella lo hubiera hecho facilitando menos datos a los medios de comunicación, sin explicar cómo se puede desmentir que la fiscalía no ofreció un acuerdo sin decir que quien lo ofreció fue el imputado.

Lastra le contó al juez instructor de la querella contra dos fiscales que la filtración del correo por parte de Miguel Ángel Rodríguez que dio origen al desmentido del bulo debería ser sancionada, algo que ni el Colegio de Abogados ni los tribunales han querido tratar: “Lamento y no pierdo la esperanza, confío en que se esté haciendo así, que el Colegio de Abogados de Madrid personado en este asunto, esté tramitando un expediente disciplinario en su comisión deontológica contra el abogado señor Neira puesto que el código ético del Consejo de la Abogacía y el Europeo sanciona la vulneración del secreto, e incluye en el secreto las comunicaciones entre el abogado y el resto de las partes”.