Las prioridades de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, dan un volantazo por segunda vez. Tras las elecciones del 28 de mayo de 2023, la dirigente popular negó reiteradamente que fuera a gobernar junto a Vox. Pero reculó poco después empujada por la dirección nacional del Partido Popular. Y acabó firmando un pacto de coalición que incluía, como exigencia de los ultras, “impulsar una nueva ley extremeña que sirva a la reconciliación y a la concordia real”, para derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura aprobada en 2018. El acuerdo de Gobierno saltó por los aires el pasado 11 de julio, tras la salida de la formación de Santiago Abascal de cinco Ejecutivos autonómicos. Seis días después, Guardiola guardó en un cajón la Ley de Concordia: “No vamos a poner en marcha esa ley de concordia, no está encima de la mesa y no es nuestra prioridad”. Hoy, tras prorrogar los presupuestos de 2024 a 2025 ante la negativa de Vox y del resto de partidos a apoyar las cuentas, la baronesa popular ha dado un giro y promoverá finalmente la norma. Una decisión avalada por Génova. “Todo lo que suena concordia, a entendimiento a encuentro de españoles, me suena extraordinariamente bien”, ha dicho al respecto este jueves el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en Madrid.

La sorpresiva decisión de Guardiola llegó este lunes, durante el último Consejo de Gobierno extremeño del año. El Ejecutivo justificó el movimiento en un comunicado, en el que explica que manifesta “su conformidad respecto a la tramitación de la propuesta de ley de concordia por la que se deroga la Ley 1/2019, de 21 de enero, de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, formulada por el grupo parlamentario Vox Extremadura, al no suponer aumento de gasto ni disminución de los ingresos en los estados numéricos aprobados por la Ley 1/2024, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2024”. En verano, tras congelar la normal, fuentes del Ejecutivo extremeño admitían que su decisión estaba relacionada con la división que había provocado el intento de acabar con la legislación en vigor. “Nos parece esencial no generar crispación ni estar en el oportunismo político con temas tan sensibles”, enfatizaban en el Gobierno de Guardiola.

Porque, más allá de las explicaciones oficiales dadas este lunes, en el cambio de prioridades de Guardiola subyace de fondo el aprieto en el que se encuentra tanto la presidenta de Extremadura como los otros cinco Gobiernos autonómicos del PP en los que la aprobación de los presupuestos de 2025 están condicionados por las tensiones con Vox —Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Región de Murcia y Baleares—. De momento, todos han prorrogado las cuentas al nuevo año. “No vamos a permitir el bloqueo de esta tierra. No renuncio a aprobar estos presupuestos que dan respuesta y soluciones a los problemas de los extremeños y que son los más altos de la historia”, aseguró Guardiola el pasado 26 de diciembre, apenas cuatro días antes de que el Consejo de Gobierno diera luz verde a la Ley de Concordia demandada por los ultras.

La nueva estrategia llega además un mes después del órdago lanzado por Vox, que a principios de diciembre amenazó con no apoyar los presupuestos autonómicos por el “acercamiento” del PP a las políticas migratorias del PSOE, tras retomarse las negociaciones sobre el pacto migratorio, que finalmente cayeron en saco roto. La advertencia de la formación de Abascal llevó a los barones del Partido Popular que dependen de Vox a asumir la prórroga presupuestaria a 2025, que ahora es ya un hecho en el nuevo año. “Los presidentes de las comunidades autónomas saben perfectamente lo que tienen que hacer, seguir ofreciendo estabilidad y políticas racionales y sensatas”, ha expresado Sémper este jueves tras la decisión de Guardiola, que con el guiño hecho a la Ley de Concordia exigida por los ultras aumenta las posibilidades de concitar sus votos para las cuentas públicas de 2025, presentadas a finales de noviembre pasado y que ascienden a los 8.309 millones de euros, un 2,2% más que las vigentes.

50 aniversario de la muerte de Franco

La tramitación de la ley denominada de concordia sigue así su curso además en el año en el que se cumple el 50 aniversario de la muerte de Franco, para el que el Ministerio de Ángel Víctor Torres tiene preparados un centenar de actos. “Qué diferencia es hablar de concordia en lugar de hablar de muros”, ha enfatizado Sémper este jueves. El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, había cargado ya la semana pasada contra La Moncloa por dar comienzo a la celebración por la efeméride con eventos ya el próximo día 8 de este mes. “El Gobierno está desesperado y el comodín de Franco se les hace más necesario que nunca. Cualquiera recordará que Franco murió en la cama un 20 de noviembre de 1975, no sé qué se celebra el 8 de enero del 2025, supongo que la flebitis que padecía el dictador”, afirmó Tellado en el Congreso el martes pasado.

Las declaraciones de Tellado han sido respondidas por el titular del departamento de Memoria Democrática hoy. “Aquí no se conmemora ninguna flebitis de nadie. Menos mal que la dictadura acabó con la muerte del dictador”, ha contestado el ministro Torres en la Cadena SER. Y en la que ha añadido que con la muerte de Franco empezó “un proceso no sencillo de tránsito hacia la democracia”, ya que podría “haber ido a otros lares, que es lo que realmente quería el dictador y quienes lo seguían”“un proceso no sencillo de tránsito hacia la democracia”. El ministro también se ha referido al volantazo de Guardiola en Extremadura. “Esto se llama dar bandazos por intereses que nada tienen que ver con la necesaria reparación y la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, la guerra de España y la dictadura”, censuró en la red social X este martes.