Los barones del PP se abren a modificar las leyes de “concordia” tras la ruptura con Vox

El PP es consciente de que la derogación de las leyes de memoria autonómicas y su reemplazo por las llamadas leyes de “concordia” se ha percibido como una victoria de Vox. Así lo reconocen algunos líderes autonómicos populares, aunque recuerdan que, en realidad, la idea nació en el PP durante la etapa de Pablo Casado, que fue el primero que defendió que había que sustituir la legislación vigente por otra bajo el nombre de “concordia”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también se había comprometido durante la campaña de las elecciones generales a derogar la norma de memoria democrática estatal. Pero una cosa era ese planteamiento y otra ha sido la puesta en marcha de estas iniciativas en las comunidades gobernadas por el PP y Vox, donde los ultras dejaron su impronta: los textos aprobados, que la ONU cuestionó en un informe el pasado mayo, evitan nombrar o condenar el franquismo. En consecuencia, una vez liberados de la atadura de Vox, que rompió todos los Gobiernos con el PP el 11 de julio, los barones populares cambian el paso y se abren a modificar estas leyes, cuando no directamente desisten de aprobarlas.

Los Gobiernos de Extremadura, Comunidad Valenciana y Castilla y León están dispuestos a alterar sus planes sobre esta nueva legislación, con distinto alcance, según confirman fuentes de los tres Ejecutivos autonómicos a EL PAÍS. En estos gabinetes están muy pendientes, además, de la decisión que adopte el Tribunal Constitucional sobre el recurso que interpuso el Gobierno de Pedro Sánchez contra la derogación de la Ley de Memoria de Aragón, porque el tribunal de garantías tendrá la última palabra.

Aragón es la única autonomía de las que pusieron en marcha este proceso contra las leyes de memoria que no tiene previstos cambios. El Gobierno aragonés aprobó una ley para derogar la anterior, pero no ha planteado una nueva norma, sino un plan. “El Gobierno de Aragón ha hecho lo que el Partido Popular decía que había que hacer, nosotros nos presentamos a las elecciones diciendo lo que haríamos con la Ley de Memoria y eso es lo que hemos hecho”, argumentó el presidente Jorge Azcón en una entrevista en EL PAÍS. Pero sus colegas sí tienen otras previsiones.

Tras la ruptura de Vox, el Gobierno de María Guardiola en Extremadura desiste de derogar la norma de memoria autonómica aprobada por el PSOE en 2018. “En este momento no es una prioridad para el Gobierno de la Junta de Extremadura desarrollar y aprobar una nueva ley en dicho ámbito”, confirman fuentes del Ejecutivo extremeño. “Era uno de los 60 puntos recogidos en el acuerdo con Vox”, recuerdan estas fuentes, que añaden que fueron los ultras quienes “rompieron unilateralmente” ese pacto “por un asunto de gestión migratoria que no estaba en el acuerdo de Extremadura”.

El punto 48 del acuerdo del PP y Vox para investir a Guardiola decía: “Ambas formaciones se comprometen a impulsar una nueva ley extremeña que sirva a la reconciliación y a la concordia real, y que derogue la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura aprobada en 2018″.

Guardiola apuesta, en cambio, por dejar sin efecto ese pacto con los ultras y mantener y cumplir la norma vigente. “Estamos aplicando la legislación actual, y vamos a seguir trabajando por la memoria de las personas que fueron asesinadas por sus ideas o por su vinculación política”, apuntan fuentes del Gobierno de Extremadura. “Debemos hacerlo con seriedad y sin arbitrariedad, para que aquellos extremeños que estén buscando a sus familiares puedan hacerlo dignamente”.

El Ejecutivo extremeño admite que su decisión está relacionada con la división que ha provocado el intento de acabar con la normativa en vigor. “Nos parece esencial no generar crispación ni estar en el oportunismo político con temas tan sensibles”, enfatizan en el Gobierno de Guardiola. “Todo es mejorable, por supuesto. Se puede seguir avanzando en un marco de reconciliación, de paz y de convivencia que tenga en cuenta a todos. Hay que buscar los consensos en lugar de las etiquetas y los bandos. La Transición democrática tenía ese espíritu, y se dieron pasos clave por el entendimiento”.

El Gobierno de la Comunidad Valenciana que preside Carlos Mazón se encuentra en una situación diferente, porque ya tiene aprobada la llamada Ley de Concordia que deroga la anterior Ley de la Memoria Democrática de 2017. PP y Vox dieron luz verde a esa norma el 11 de julio, el mismo día y solo unas horas antes de que la extrema derecha anunciara la ruptura de los Ejecutivos conjuntos. La nueva ley equipara las víctimas desde 1931 hasta la actualidad, incluyendo a las del terrorismo etarra, sin condenar el franquismo. Fuentes del Gobierno valenciano contraponen que la norma anterior equiparaba las víctimas desde el 31 con las de la Transición, porque extendía su aplicación hasta 1982.

Sin embargo, aunque el Ejecutivo de Mazón ya ha aprobado la ley, está abierto a “dialogar” con el Gobierno de Pedro Sánchez para “construir desde el diálogo” el reglamento que tiene que desarrollar esa norma, según fuentes del gabinete popular. “Sin reglamento de desarrollo, no hay ley”, subrayan estas fuentes, que precisan que su voluntad de acuerdo tiene una condición: que el Gobierno retire la “amenaza” de recurrir su ley ante el Tribunal Constitucional, igual que hizo con la de Aragón.

El caso de Castilla y León también es distinto porque la ley de concordia que pactaron el PP y Vox se encuentra todavía en tramitación parlamentaria. La proposición de ley presentada por ambos partidos el pasado marzo sustituye al decreto de memoria firmado por el PP en 2018. Fuentes del Gobierno de Castilla y León afirman que ahora su voluntad es frenarla para “esperar” al pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el recurso contra la derogación de la legislación de memoria en Aragón. “Iremos punto a punto analizando y vamos a esperar a ver qué ocurre con la decisión del Constitucional”, remachan en el gabinete de Alfonso Fernández Mañueco.

El principal problema al que se enfrentan estas nuevas normativas es un hipotético varapalo del tribunal de garantías, que viene precedido de un informe de la ONU muy crítico con los proyectos impulsados por PP y Vox en Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana. Ese análisis, firmado por Fabian Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Aua Baldé, relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, y Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, concluye que “las llamadas leyes de concordia podrían transgredir la obligación del Estado español de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos”. El Gobierno de Aragón se ha quejado de que los relatores no se entrevistaron con ellos para elaborar el informe, y el presidente Jorge Azcón escribió después una carta al secretario general de la ONU.

La dirección nacional del PP nunca vio con buenos ojos la aprobación de estas leyes de “concordia” por el ruido político que provocaron, y algunos miembros de la cúpula apostaban por dejarlas morir lentamente en la tramitación parlamentaria. Pero Vox presionaba desde dentro de los Gobiernos para ir hasta el final, así que Génova dejó hacer. Ahora, con los ultras desde fuera, los barones populares tienen más margen de maniobra y se muestran partidarios de suavizarlas o, directamente, de meterlas en un cajón.