El PP y Vox presentan en Valencia una ley de Concordia que se remonta a 1931 e incluye “a las víctimas de la violencia del Frente Popular”

Los grupos parlamentarios en las Cortes Valencianas del PP y Vox, socios de Gobierno en la Generalitat, han presentado esta tarde del jueves una ofensiva legislativa que derogará, cambiará hasta cinco leyes promulgadas por el anterior ejecutivo de izquierdas, reducirá la presencia del valenciano en la educación y la televisión autonómica y se asegurará el control en la elección de la dirección de À Punt y de la Agencia Antifraude. Una de las proposiciones de ley más llamativas es la de la Ley de Concordia de la Comunidad Valenciana, que persigue condenar los “actos de violencia política que se hayan cometido desde 1931 hasta la actualidad”, según ha explicado el portavoz de Vox, José María Llanos. Para ello, se suprimirá la ley de memoria democrática valenciana, cuyo objetivo principal es resarcir a los represaliados de la dictadura franquista y a sus familiares, en la línea de la estatal.

¿Y por qué se ha elegido 1931, el año en que se instauró el régimen democrático de la Segunda República? “El absolutismo monárquico no nos afecta demasiado, y si resulta que la anterior ley dejaba fuera a una bando de la ecuación, hablando de las mismas razones que provocaron el conflicto [de la Guerra Civil] y si fruto de la amnistía de 1977 y de la Constitución habíamos llegado a la concordia, lo lógico es que todos los actos que tengan relación con el conflicto en esos años del siglo XX, tengan que estar incluidos”, ha señalado Llanos. “Hemos considerado que tiene que ser el 31 para que se incluyan a las víctimas, si existieran, y nosotros creemos que existieron, de la violencia revolucionaria del Frente Popular”, ha agregado.

Un periodista ha recordado que el Frente Popular, que aglutinó a los partidos de izquierda y venció en las elecciones de febrero de 1936, cuanto meses antes del golpe de Estado de Francisco Franco que inició la Guerra Civil española, fue constituido ese mismo año. El representante de la formación de la ultraderecha ha respondido: “Estamos hablando de un sistema político que unos consideran que era una democracia y otros consideran muy convulso y que fue un golpe a un sistema democrático y entendemos que se puede incluir y así lo han hecho nuestros expertos. No estamos aquí para dar una clase historia”.

¿Y el PP está de acuerdo con esta posición? Ha tomado la palabra el portavoz adjunto y secretario general del PP valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, persona de confianza del presidente valenciano, Carlos Mazón: “Condenamos todos los actos de violencia y apoyamos a todas las víctimas sean del bando que sean”. Y ha incidido en que apoyan la búsqueda de los restos de familiares desaparecidos intentado evitar que “una ideología prevalezca sobre otra”. También ha asegurado que se mantendrán fondos para la búsqueda de los familiares.

En la exposición de motivos de la proposición de ley se dice, en la línea programática de Vox: “Nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo. Ni entre los historiadores, que aún sostienen encarnizados debates teóricos, metodológicos e interpretativos sobre los principales procesos sociales y políticos de la época, ni entre los ciudadanos, cada uno con su particular e inexpugnable acervo de recuerdos y relatos heredados de padres, abuelos y bisabuelos”.

En la propuesta también se hace alusión a las víctimas del terrorismo, que “ha causado en este país casi 950 asesinatos, 2.700 heridos y 90 secuestrados. De ellos, casi 400 asesinatos siguen todavía sin resolverse”. En su primera explicación, Llanos solo ha hecho referencia a las victimas de los grupos de extrema izquierda y ha citado a ETA o el GRAPO. Posteriormente, ha respondido que todos. La ley de Concordia va en la línea de la propuesta acordada por el PP y Vox en Castilla y León.

Ofensiva legislativa

Las cinco proposiciones de ley, anunciadas a las cinco de la tarde en las Cortes Valencianas, el mismo día en que se iniciaba el juicio contra el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, del PP, por diversos delitos de corrupción, son: de la Libertad Educativa, de la Corporación audiovisual de la Comunitat Valenciana, de la Concordia, de Transparencia e incompatibilidades y de la Agencia Valenciana Antifraude, esta última solo presentada por el PP. Estas propuestas tienen como propósito “cumplir sus compromisos electorales” y dar “un nuevo impulso en la agenda reformista del Consell”, según ha afirmado el portavoz del PP, Miguel Barrachina..

Las propuestas incluyen una rebaja en la mayoría parlamentaria para elegir candidatos a organismos dependientes de las Cortes y de la Generalitat al pasar de la mayoría reforzada de tres quintas partes del hemiciclo a mayoría absoluta, la que suman el PP y Vox. En este sentido, se asimila la elección del presidente de la Agencia Antifraude por mayoría absoluta en segunda vuelta en votación de les Corts. Actualmente está bloqueado por falta de consenso el el relevo del actual responsable, Joan Llinares que concluye mandato. Fue elegido hace siete años con los votos del PSPV-PSOE, Compromís, Podemos y Ciudadanos. El PP no votó

Tres entidades anticorrupción han presentado a un candidato (Gustavo Adolfo Segura, actual director de Análisis e Investigación de la Agencia) y una asociación de gestores de la administración a otro (el inspector de Hacienda, Eduardo Beut, que fue nombrado consejero y vicepresidente de Cartera de Participaciones Industriales en el mandato de Zaplana). La asociación Acción Cívica ha impugnado esta última candidatura al considerar que no cumple el requisito de dedicarse a la lucha contra la corrupción. En caso de no encontrar relevo, la actual directora adjunta, Teresa Clemente, según marca la norma actual. La intención del cambio de ley es, no obstante, recoger “las propias modificaciones planteadas desde la Agencia en 2022″ por Llinares, “y la inclusión de varias directivas europeas sobre el tratamiento confidencial de ese tipo de datos”, según ha aseverado Miguel Barrachina.

Ley educativa

En la ley educativa se incide en la libertad de elección de centro y de lengua y en la redacción de las clases del valenciano para que este no sea “una imposición”. La lengua autóctona se reducirá clases y también en la televisión autonómica À Punt. Pérez Llorca ha señalado de la proposición de ley de Liberta Educativa: “La imposición del valenciano ha hecho mucho daño a la lengua. La libertad de elegir un centro no es un eslogan, es un derecho”. El proyecto legislativo registrado por PP y Vox “entrará completamente en vigor en el curso 25-26 ya que tardará al menos cuatro meses en ser aprobada siguiendo la tramitación parlamentaria”, ha dicho. Sobre el profesorado, el valenciano será mérito y no requisito en FP y enseñanzas de régimen especial, mientras el que imparta docencia en lengua extranjera tendrá “ciertas preferencias como la elección de turnos y horarios”.

Se permitirá otorgar certificaciones automáticas según el nivel. En concreto: A1, al superar los módulos de Valenciano de formación de personas adultas con posibilidad de tener acreditado los niveles A2 o B1 si cursó valenciano anteriormente; -A2, al superar el área de Valenciano los seis cursos de Educación Primaria; -B1, al superar la materia de Valenciano los cuatro cursos de ESO, o en tres cursos de ESO y en 1º de Bachillerato; B2, al superar el valenciano los 2 cursos de Bachillerato; y C1 al superar la materia de Valenciano los 2 cursos de Bachillerato con una media de la asignatura igual o mayor a 7, o al obtener una calificación igual o superior a 7 en la prueba de valenciano del acceso a la universidad.

Con la nueva ley del sector audiovisual, según Pérez Llorca, se pretende que “sea una televisión de todos los valencianos y que en las zonas castellanoparlantes también la sientan como propia”. Se reducirá, por tanto la presencia del valenciano, lengua vehicular de la corporación, cuya promoción fue el motivo de la creación del primer ente autonómico en los años ochenta RTVV. Y también facilita a la mayoría parlamentaria el control en la elección de su dirección. Habrá un único consejo de administración con ocho miembros, siete de los cuales podrán elegirse por mayoría absoluta en segunda votación en las Cortes Valencianas si no se alcanzan los tres quintos, y el último será nombrado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Este consejo propondrá al Gobierno valenciano el nombre del director general. Llanos ha añadido que que “desaparece la dualidad que había entre la corporación y la sociedad y se crea una sociedad pública”. Se fusionarían así las dos sociedades actuales, la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) y la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SMCV).

Además, el PP y Vox han registrado otra proposición de ley para modificar las normas aprobadas por el anterior gobierno del Botànic en 2016 y 2022 sobre incompatibilidades de cargos públicos y transparencia y buen gobierno, respectivamente. Se incorporan artículos a la ley de incompatibilidades como que “el conflicto de interés deberá ser demostrado de manera fehaciente, no pudiendo extenderse una prohibición genérica por el mero hecho de haber pertenecido a un órgano colegiado o haber dictado resoluciones o cualquier otro tipo de acuerdo”. El portavoz del PP ha destacado la necesidad de los cambios para “evitar la fuga de talento en el sector público” de la Generalitat, mientras el síndic (portavoz) de Vox ha defendido la necesidad de “mayores controles y una verdadera transparencia sin atentar los datos de carácter personal”.

Involución democrática, según la oposición

En su primera reacción, los grupos de la oposición en Les Corts, PSPV y Compromís, han alertado de la “involución democrática” y del “día negro” para la Comunitat Valenciana. El portavoz socialista, José Muñoz, ha señalado que “la contrarreforma del PP y Vox es un impulso a los retrocesos” y ha lamentado que “se mueven por el sectarismo, la diferencia entre iguales y la censura”. Ha tachado de “involución democrática” para “entrar al asalto en À Punt y en la Agencia Antifraude, acabar con la Memoria Democrática, socavar el valenciano en la escuela y reducir los controles frente a la corrupción”.

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha asegurado que este jueves “es un día muy negro para la democracia valenciana” porque el PP y Vox “han comenzado a dinamitar avances” que se habían logrado y con un objetivo “muy claro: hacernos volver al pasado, de opacidad, de corrupción, de manipulación de la televisión pública y de sectarismo”.