Las leyes que quiere tumbar Vox | Más de 500 fosas comunes con 7.000 represaliados contemplados con la norma de memoria histórica

Vox se fijó un gran objetivo ante la carrera electoral por gobernar Castilla y León: acabar con la normativa de memoria histórica, que protege la recuperación de los cuerpos de miles de represaliados del franquismo enterrados en fosas comunes. La coalición de Gobierno pactada con el PP ha permitido que la extrema derecha apriete al presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y firmar un programa que eliminará el decreto de memoria histórica de 2018 en favor de uno de “concordia” para “no dividir a los españoles” porque “la memoria es subjetiva”, según explicó el líder autonómico de Vox, Juan García-Gallardo, el pasado lunes en la sesión de investidura. Este también aseguró que la nueva orden sustituirá a la anterior, acordada por el PP de Juan Vicente Herrera, en cuanto esté lista. La comunidad cuenta con más de 500 fosas comunes que albergan a unos 7.000 represaliados por el franquismo tras la Guerra Civil.

El decreto amenazado establece subvenciones para ayudar a recuperar la memoria de los represaliados y sus cuerpos. La investigación preliminar de fosas se apoya con no más de 600 euros; la localización de los cadáveres no superará los 3.500; la exhumación con intervención arqueológica e investigación forense y antropológica, con hasta 1.200 por individuo; la identificación y el análisis de ADN, con un máximo de 1.000 por persona; y 500 como máximo por cada inhumación.

El nuevo Gobierno prevé aprobar la norma antes del 30 de junio y García-Gallardo admitió a EL PAÍS el lunes que en cuanto esté culminado el decreto reemplazará al vigente. El Decreto 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, constituyó “el instrumento normativo dirigido a proporcionar un cauce ordenado y sistemático para desarrollar las actuaciones necesarias para recordar y honrar a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y a sus familias, así como a todos aquellos ciudadanos y entidades que llevan a cabo actuaciones dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática”. Estas bases, que reconocen a las víctimas del conflicto sin distinguir su bando, chocan contra la insistencia de Vox al decir que se trata de una orden parcial, según ha afirmado García-Gallardo para reivindicar su iniciativa: “Vamos a dejar de usar la historia para dividir a los españoles, no puede haber un decreto de concordia que trate a todos por igual y un decreto de memoria histórica que habla solo de una de las partes”.

La presente normativa sí alude específicamente a los perjudicados por la dictadura franquista, que reprimió con fuerza a los rivales de Franco o a los afines a movimientos de izquierda o a la II República. En la actual Castilla y León apenas hubo oposición al alzamiento franquista porque las provincias se unieron pronto al levantamiento, pero sí hubo severas consecuencias para quienes rechazaron el régimen impuesto. Un estudio de la Universidad de Burgos cifró en 2021 en 530 los enterramientos comunes en el territorio y unos 7.000 cuerpos, de los cuales se han desenterrado ya unos 2.000.

El decreto, ahora cuestionado hasta por el presidente Mañueco, del PP, bebe de la Ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). Castilla y León reconoce, mediante el decreto autonómico, “la deuda que la Nación Española tiene con las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista” y asegura que “los poderes públicos de Castilla y León deben honrar a todos los que padecieron las consecuencias de la Guerra Civil y la dictadura franquista y sufrieron violencia por su ideología, sexo, orientación sexual, o religión, así como a sus familias, con el fin de crecer en el pluralismo, afianzar la reconciliación, y promover la concordia, la justicia, y la defensa pacífica de las ideas”. El decreto implicó crear un consejo técnico de la memoria histórica compuesto por miembros de la Junta y representantes de las asociaciones de apoyo a las víctimas. El nombrado presidente del consejo asesor de la memoria histórica, Ángel Hernández, prometió antes del pacto PP-Vox que si los ultras tocaban poder, él abandonaría el cargo, algo que su entorno señala que formalizará cuando el nuevo Gobierno regional tome posesión, la semana que viene.

La Consejería de Ordenación del Territorio gestionó la pasada legislatura ese decreto. El titular del departamento fue el exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea (Ciudadanos). Igea censuró el lunes en sede parlamentaria el acuerdo de Mañueco con Vox y sus cesiones en esta materia. Para Igea, “es una estupidez cuestionar algo que no había generado ningún problema: no soy sectario guerracivilista, pero estábamos contentos con el decreto”. “No me ha llegado una queja en dos años y medio”, explica Igea.

Julio del Olmo, presidente de la Asociación de Memoria Histórica de Valladolid: “El Partido Popular  juega con fuego”

J. N.

Varias asociaciones de Memoria histórica de Castilla y León anticiparon su rechazo al pacto PP-Vox en la comunidad con la dimisión del presidente del consejo asesor de la Memoria histórica, Ángel Hernández, reacio a colaborar con la ultraderecha. Julio del Olmo, de 65 años y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, explica que su colectivo está teniendo más representatividad “por las circunstancias de estar en el consejo asesor y en el consejo técnico”. Del Olmo censura que el PP permita que los ultras “justifiquen un golpe de Estado y una dictadura” y cree que la cuestión de la Memoria trasciende a la derecha y a la izquierda y se ciñe al respeto a la democracia. 

Pregunta. ¿Qué implica que se derogue el decreto de Memoria histórica?
Respuesta. La consecuencia del problema con el pasado reciente mal afrontado es este presente. Más que un problema de derechas o izquierdas es cuestión de creer o no en la democracia.

P. Vox afirma que esta norma habla solo de una de las partes de la Guerra Civil.
R. Un hermano de mi padre fue alférez provisional y murió en el frente de Cataluña. A los cuatro meses, su cuerpo fue recuperado y traído a su pueblo y a mis abuelos les reconocieron que murió por unos ideales y recibieron una paga como compensación por la muerte de su hijo. Ahora, 86 años después, estamos en el cementerio de El Carmen (Valladolid) descubriendo fosas de quienes fueron asesinados, los metieron ahí y los cubrieron de osarios para que siempre estuvieran ahí tapados. El contraste es enorme. Se quiere seguir justificando un golpe de Estado y una dictadura olvidando que España era democrática. 

P. ¿Cómo puede perjudicar a los familiares de las víctimas del conflicto la nueva normativa?
R. En Valladolid, por ejemplo, la mayor parte de las fosas se abrieron sin ayuda económica sino con voluntarios, antes del decreto. Llevamos trabajando 20 años y la mayoría sin ayudas, la primera vez con subvención fue en 2016 y encontramos 200 cuerpos. Si no tenemos financiación tardaremos dos años en lo que antes duraba seis meses. 

P. ¿La Memoria histórica divide a los españoles, como cree Vox?
R. Si a una persona de Vox le explicamos cómo trabajamos y tiene razonamiento nos va a comprender pero si no cree en valores democráticos tampoco entenderá nada. El PP está jugando con fuego, ellos sabrán, que miren a Polonia y Hungría.