El Gobierno suaviza su ley más delicada, la de Memoria Histórica, para aplacar al PP

Después de un larguísimo proceso con múltiples retrasos, el Gobierno ultima el informe y la Ley de Memoria Histórica para presentarla en Consejo de Ministros antes de agosto. Con el tiempo y las críticas feroces del mundo conservador, el Gobierno ha ido suavizando el contenido de la ley para tratar de limitar la polémica y aplacar al PP, contrario a hacer cualquier tipo de ley "que remueva el pasado". El Ejecutivo ha anunciado en los últimos días el reparto de tres millones de euros para asociaciones de víctimas del franquismo, pero desoye sus peticiones más reiteradas.

El 18 de julio, día en que se cumplen 70 años del golpe de Estado del general Francisco Franco contra la II República, llegará sin que la Ley de Memoria Histórica, prometida desde junio de 2004, haya visto la luz. El Ejecutivo duda entre el 21 y el 28 de julio. Esta última fecha garantizaría que la polémica llegue ya con el país de vacaciones, en pleno agosto, el mes menos activo en política.

El Gobierno tiene ya ultimados dos documentos. Uno, el informe con todo el trabajo realizado por la comisión interministerial creada para este fin y presidida por María Teresa Fernández de la Vega. Ahí estarán lo que piden las asociaciones de víctimas del franquismo -casi 40 han pasado por la comisión-, y lo que se ha hecho desde 1978 en cuanto a reparación moral y material de las víctimas y recuperación de la memoria.

Al contrario de lo que puede parecer, según fuentes de la comisión, se ha hecho mucho, sobre todo en los primeros años de Gobierno del PSOE: rehabilitación de soldados republicanos, compensaciones para los que lucharon con el Ejército fiel a la legalidad o sufrieron cárcel bajo el franquismo. Las asociaciones siempre se han quejado de que estas compensaciones eran ínfimas.

Los dos bandos

En el informe, que seguramente será muy polémico, el Gobierno planteará una descripción del horror de la Guerra Civil, y destacará que hubo desmanes en los dos bandos. Lo dijo el viernes el propio presidente José Luis Rodríguez Zapatero: "España tuvo un drama histórico, una guerra incivil en la que todo el mundo fue víctima. Hubo víctimas de un lado y de otro", señaló en Punto Radio.

A partir de ahí vendrá el cuerpo fundamental de la iniciativa: un reconocimiento moral, desde la democracia, a quienes sufrieron, después de la guerra, la represalia franquista, que fue especialmente dura en los primeros 10 años pero duró hasta la muerte del dictador. Sólo dos meses antes de su fallecimiento firmó las sentencias de muerte de dos presos de ETA y tres de los FRAP, que inspiraron la canción Al Alba, de Luis Eduardo Aute.

"Tenemos que reconocer a las víctimas del franquismo porque fueron fruto de una dictadura militar que cercenó las libertades durante cuarenta años y que utilizó métodos propios de la dictadura", explicó Zapatero. Además, el presidente confió en que la polémica sea limitada: "Este es un país donde somos todos ya hermanos políticos y de convivencia, que con 30 ejemplares años de democracia ha demostrado que nada del pasado le puede perjudicar ni afectar".

En esta parte de las víctimas sólo habrá reconocimiento moral, pero hay otras que tendrán compensaciones: son las de los últimos años del franquismo y la Transición. La ley de víctimas del terrorismo, que cubre desde 1968, cuando ETA comenzó sus actividades, dejó fuera a varias decenas de muertos a manos de la policía o extremistas en toda esa época convulsa. Es el caso de estudiantes y obreros asesinados por la policía en huelgas y protestas, como los cinco trabajadores muertos en Vitoria en 1976, o los dos carlistas fallecidos por los disparos de militantes de la extrema derecha en Montejurra (Navarra). Una ley cubrirá este hueco.

La comisión ha realizado también un intenso trabajo para garantizar la recuperación de todos los archivos con datos de la represión franquista. Además, se prepara un protocolo para la reapertura de fosas comunes, hasta ahora realizada sin apenas control ni apoyo público. "No pretendemos resucitar muertos, sino hacer que personas que tuvieron muertos tengan la posibilidad de saber dónde han estado", explicó Zapatero. Además, en el Valle de los Caídos se instalará una exposición permanente sobre la represión.

Las asociaciones reclaman muchas más cosas, como la anulación de los juicios sumarísimos o la eliminación de los nombres franquistas de calles y plazas y las placas falangistas de las puertas de las iglesias. El Gobierno, sin embargo, quiere limitar la polémica y sobre todo evitar el mensaje del PP, que le acusa de "dividir a los españoles". De momento, el Ejecutivo ya ha aprobado la mayoría de las peticiones de subvención de los colectivos de víctimas que luchan por recuperar la memoria histórica. Hasta tres millones de euros ha repartido entre asociaciones, la mayoría de ellas muy pequeñas, para distintos proyectos, una manera evidente de reconocer su trabajo y el interés del Gobierno por apoyarlo.