Protestas de los socios del PSOE

El Gobierno siempre ha contado con el apoyo de IU-ICV y ERC para la Ley de Memoria Histórica. Pero ayer estas formaciones amenazaron con retirarlo si la ley es demasiado suave y sobre todo si renuncia a anular los juicios sumarísimos del franquismo.

El Ejecutivo se decanta por un reconocimiento moral sin valor jurídico. De hecho, todos sus movimientos en los últimos meses han apuntado en ese sentido, coincidente con la opinión del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, y del presidente de la Sala de Lo Militar del Tribunal Supremo, Fernando Herrero-Tejedor. Esta sala ha rechazado una tras otra todas las reclamaciones de los últimos años de revisión de sentencias sumarias del franquismo.

"Hemos esperado dos años y esto no se puede quedar en nada. No es aceptable la equidistancia, ni reconocer la impunidad del franquismo. No se puede reproducir la imagen de un miembro de la división azul y un republicano desfilando juntos. Hay que dejar claro dónde estaba la legalidad, y anular los juicios franquistas por ilegales", señala Gaspar Llamazares, líder de Izquierda Unida.

Otra opción que se maneja en el Ejecutivo, según fuentes socialistas, consiste en mandar al Congreso un texto suave para que sea allí, con las reclamaciones y enmiendas de IU-ICV y ERC, donde se incorporen algunas cuestiones más polémicas.

Lo cierto es que los socios están enfadados, tanto por el retraso como por la certeza de que la ley no cubrirá sus expectativas.

Joan Herrera, diputado de ICV, sostiene que el Ejecutivo está demostrando "tener miedo del PP" por los sucesivos retrasos "injustificados" de la Ley de Memoria Histórica.

Joan Tardà, de ERC, se muestra tajante: "Nunca daremos apoyo a esta ley si no anula todas las causas sumarísimas del franquismo, especialmente la de Lluís Companys, que fue fusilado por ser presidente de la Generalitat. No permitiremos más retrasos y ni mucho menos un reconocimiento aguado de las víctimas del franquismo".