Las asociaciones de Memoria Histórica de Castilla y León se rebelan contra las amenazas de Vox al decreto autonómico

Siete kilómetros y un abismo ideológico separan los futuros despachos de Vox en las Cortes de Castilla y León de las exhumaciones que se realizan en el cementerio del Carmen de Valladolid. La asociación de Memoria Histórica de esta ciudad trabaja desde años para investigar y desenterrar a decenas de represaliados de la Guerra Civil apilados bajo el suelo del camposanto. Para ello cuentan con decenas de voluntarios y el aval de un decreto autonómico, suscrito por el PP, que subvenciona y apoya estas labores de recuperación. El partido ultra, próximo inquilino de la Junta como socio del PP en el Gobierno, insta a eliminar el respaldo a estos colectivos y derogar una orden que protege a estas asociaciones, que temen que el sello de Vox pronto se note en esas labores de descubrimiento e identificación de víctimas franquistas.

Las amenazas de Santiago Abascal —que este martes prometió hacer “todo lo posible por derogar la legislación ideológica izquierdista sobre Memoria Histórica”— escaman en las plataformas que llevan años analizando la historia de la comunidad en busca de asesinados no identificados. Una de las voces más críticas la representa el expresidente del Consejo Asesor de la Memoria Histórica y Democrática, Ángel Hernández, que tras las elecciones aseguró su renuncia al cargo si el PP se aliaba con la extrema derecha. Hernández, que dimitió al fraguarse el pacto, avisaba de “la incompatibilidad ética y democrática” de que el dirigente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, se una a Vox.

Hernández recuerda hoy que el decreto que rige actualmente se firmó por el antecesor de Mañueco en la Junta, Juan Vicente Herrera, en 2018, también por parte de un PP que entonces mandaba en solitario, y que la irrupción ultra compromete esa ayuda económica y asesora que se pone a disposición de estos colectivos en una comunidad con más de 500 fosas registradas. Mañueco ha insistido estas semanas en que este decreto 9/2018 “no se va a tocar”, pero las asociaciones de Memoria Histórica siguen expectantes a que comience a andar la coalición.

Las palabras de Vox y de su candidato autonómico y futuro vicepresidente, Juan García-Gallardo, han movilizado a los sindicatos, que han clamado contra estas intenciones. El secretario general de Comisiones Obreras de Castilla y León, Vicente Andrés, comparecerá este jueves en Valladolid para denunciar las intenciones del nuevo socio del Ejecutivo, que remplaza a Ciudadanos, una formación que defendió la colaboración de la Junta con esta búsqueda de asesinados franquistas. Andrés señala que esta comunidad cayó “al primer día” por su afinidad con el bando sublevado, pero que igualmente se dio una gran represión en el ámbito rural contra quienes habían mostrado afinidad por la República o rechazo al dictador Francisco Franco.

Esta controversia ha cogido a Julio del Olmo, presidente de la asociación de Memoria Histórica de Valladolid, visitando el cementerio del Carmen de Valladolid, donde confía en hallar decenas de cuerpos sepultados durante la Guerra Civil o en los años posteriores. Del Olmo, que junto a su equipo ha localizado ya nueve víctimas en apenas unos días de prospecciones, recuerda que sus labores comenzaron en 2002 “sin cobertura legal” y que han podido identificar mediante distintos registros a unos 10.500 represaliados y al menos a 2.700 asesinados en las fosas repartidas por el territorio.

El arqueólogo espera que la mano de Vox no llegará a notarse en este ámbito, pues en el PP “hay mucha sensibilidad con este tema y nunca nos han puesto problema”, pero cree que si los ultras logran introducir sus políticas en esta materia podrían perder la financiación. Los voluntarios que colaboran permitirán suplir esos fondos, que sí admite Del Olmo como necesarios para agilizar los procesos y reducir en semanas o meses la duración del hallazgo, identificación y exhumación de los restos. “Si volvemos a quedarnos sin dinero, seguiremos igual”, apunta el especialista, que lanza un mensaje: “No nos lo va a impedir nadie”. La única forma de detenerlos, ironiza, es que la Guardia Civil se presente en los cementerios, cunetas o eriales para impedir su acción: “Nosotros no tenemos la fuerza”.