PP y Vox impulsan una “ley de concordia” en Castilla y León que no habla de dictadura ni de franquismo

El PP y Vox de Castilla y León han anunciado una proposición de ley para impulsar en la comunidad una normativa de “concordia” contra lo que consideran una “visión sesgada y sectaria” de la historia. Los socios de la Junta, con Alfonso Fernández Mañueco (PP) sustentado por Juan García-Gallardo (Vox), acordaron esta medida en el guion de legislatura establecido en abril de 2022, cuando Mañueco revalidó el cargo gracias a la extrema derecha tras desprenderse de Ciudadanos. La tardanza había inquietado a Vox, que ve así cumplida una de sus principales consignas ideológicas. El portavoz del PP, Raúl de la Hoz, ha insistido en que no se comparan la II República, la Guerra Civil y la dictadura franquista, sino que la nueva ley alude por igual “a todas las víctimas”; el de Vox, Carlos Menéndez, ha defendido un “tratamiento objetivo a todas las víctimas políticas desde 1931 a 1978″. El texto no menciona la dictadura ni alude al franquismo más allá de afirmar que “nunca ha habido un relato consensuado sobre la II República, la Guerra Civil y el franquismo”. Es el mismo movimiento llevado a cabo por el PP y Vox en Valencia, donde los dos partidos también son aliados y socios y cuya ley de concordia se remonta a 1931 e incluye “a las víctimas de la violencia del Frente Popular”.

La comparecencia se ha producido en plena Semana Santa, con escaso foco informativo entre las vacaciones y las celebraciones religiosas. Ambos representantes han acudido a una sala de prensa de las Cortes de Castilla y León, en Valladolid, para presentar la nueva ley, que remplaza al decreto de memoria histórica y democrática aprobado en 2018 por el PP de Juan Vicente Herrera. Menéndez ha proclamado que la nueva normativa “no tiene ideologías, no divide, respeta a todas las víctimas sin distinguirlas por sus victimarios, dando el mismo trato. Se termina con una visión sesgada y sectaria de la historia, impropia de un régimen democrático, sino de un régimen totalitario”.

El político del partido de extrema derecha ha insistido en que la historia “debe quedar para estudio e interpretación de los historiadores” y debe darse un “tratamiento objetivo a todas las víctimas políticas del periodo desde 1931″. Pese a ello, ha considerado que la Guerra Civil y la dictadura se encuentran “interrelacionadas historiográficamente”, no “históricamente”, con la II República. El periodo que abarca la legislación autonómica, de previsible aprobación gracias a la mayoría PP-Vox, comienza en los inicios de la II República y concluye con la Constitución de 1978, mientras que el decreto de 2018 daba cobertura desde el principio de la Guerra Civil, en 1936.

De la Hoz ha recalcado: “No estamos comparando la dictadura y república”. Y ha abogado por dar un “tratamiento igualitario a las víctimas sin valorar ese periodo”. Asimismo, ha defendido el nuevo texto por su adaptación “competencial y orgánica” a la legislación nacional, a la que ha tachado de “ley frentista contraria a la reconciliación” que ambos partidos persiguen con esta idea de concordia. El contenido establece la propuesta como “un testimonio de compromiso para honrar y proteger la historia de España desde 1931 hasta 1978, un periodo que ha sido testigo de profundas transformaciones políticas, sociales y culturales y que han marcado el devenir e identidad de España, reconociendo así a quienes padecieron persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales”.

De la Hoz, ante preguntas de los periodistas sobre por qué no se menciona la palabra “dictadura” en las 13 páginas de la proposición, ha respondido que se considera “implícito”. Su compañero de comparecencia, al planteársele la aparente contradicción entre defender la concordia “para mirar al futuro desde el respeto a la dignidad humana” mientras su líder, Santiago Abascal, afirma que este es el peor Gobierno en 80 años, incluyendo el franquismo, ha ratificado estas palabras con ataques al Ejecutivo: “Es un Gobierno sectario con decisiones recortando derechos y libertades”. Además, ha considerado que la ley de amnistía para los catalanes encausados por el procés causa división entre los españoles.

Menéndez no se ha expresado con tanta contundencia respecto a la Guerra Civil y la dictadura, que prefieren no valorar, mientras De la Hoz ha admitido que “especialmente a partir de 1939, nadie estaba legitimado para imponer un régimen contrario a la libertad y dignidad, reconocemos la deuda con las víctimas de la violencia política y especialmente con los de la Guerra Civil y la dictadura franquista”. El representante de Vox ha reconocido que en las negociaciones siempre hay “matices” que no se incorporan al resultado definitivo, pero igualmente ha ensalzado el contenido de la proposición de ley.

“Vergüenza histórica”

El expresidente del Consejo de la Memoria Histórica de Castilla y León, Ángel Hernández, a preguntas de EL PAÍS, ha renegado de la iniciativa legislativa: “Poner a los golpistas y asesinos de la dictadura al mismo nivel de las víctimas es una vergüenza histórica, al PP de Mañueco debería sonrojarle impugnar la totalidad de las políticas del PP de Juan Vicente Herrera”. Hernández, quien dimitió cuando se confirmó el pacto entre Mañueco y Gallardo, critica también la nueva estructura de las comisiones de exhumación, integradas por cargos públicos o técnicos, por “no dar participación a la sociedad civil” como anteriormente. De la Hoz ha asegurado que se mantendrá la financiación para las exhumaciones y ha explicado que los cambios en la constitución de las comisiones responden a la “capacidad resolutiva” del ente y posibles “conflictos de intereses”.

El anuncio se produce tras casi dos años de negociación entre el PP y Vox, con ocasionales críticas del socio de Mañueco por la tardanza en ejecutarse. El presidente dio a conocer este proyecto el día de su investidura apoyado por los votos del grupo comandado por Juan García-Gallardo. Entonces prometió “una normativa en materia de concordia que integrará toda la regulación en la materia” con objeto de servir “como elemento de reconciliación y evitar la utilización de la historia para dividir a los españoles”, mensajes habituales en el discurso de su aliado parlamentario. Poco antes había asegurado que ese decreto previo “no se va a tocar”.

Gallardo insistió desde el principio en su proyecto ideológico: “Vamos a dejar de utilizar la historia para dividir a los españoles. Ese decreto no contribuye a hacerlo y se va a sustituir por un decreto de concordia. No podemos hurtar a las personas su memoria. No puede haber un decreto de concordia que trate a todos por igual y un decreto de memoria histórica que habla solo de una de las partes”. Estas palabras se pronunciaron en 2022, en el principio de las frecuentes ocasiones en las que el PP ha tenido que rebajar las bravatas de su socio. En aquella ocasión, el portavoz de los conservadores en las Cortes, Raúl de la Hoz, insistió en que el nuevo precepto “no va a limitar derechos a nadie respecto a los contenidos del decreto”, en una región con más de 500 fosas comunes localizadas con más de 7.000 víctimas. Los meses sin novedades en la tramitación del decreto habían escamado al grupo de extrema derecha, con varios mensajes instando a su socio a agilizar el proceso. Gallardo afirmó hace pocos días que próximamente habría novedades.