Consumo abre expediente sancionador a Airbnb al no retirar “miles” de anuncios de pisos turísticos sin licencia

La Dirección General de Consumo vuelve a poner la lupa sobre las grandes plataformas que alojan anuncios de alquiler de pisos turísticos. El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha incoado un expediente sancionador a Airbnb tras advertir a la empresa, sin éxito y de forma reiterada, de la necesidad de retirar “de forma inminente” miles de anuncios sobre pisos turísticos que contenían publicidad ilícita. En un primer momento, el departamento dirigido por Pablo Bustinduy no difundió el nombre de la plataforma investigada, pero la empresa ha enviado esta tarde un comunicado en el que asegura que está “profundamente en desacuerdo” con la decisión y anuncia que la apelará.

La investigación de Consumo arrancó en junio con la petición de información a diversas plataformas sobre las viviendas anunciadas en sus respectivos dominios y la solicitud específica y reiterada a una de ellas, Airbnb, por la que se le instó a retirar “de forma inminente” miles de anuncios de viviendas turísticas alojados en su dominio que no ofrecían su número de licencia, entre otros posibles incumplimientos de lo recogido en el artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Seis meses desde el inicio de la investigación y tras comprobar que los anuncios no habían sido retirados, la Dirección General de Consumo ha incoado expediente sancionador a la plataforma por no dar solución al problema detectado.

Asimismo, recuerda que los anuncios, al estar comercializados en varias comunidades autónomas al mismo tiempo, “podrían estar incurriendo en lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada”. Todas esas infracciones graves a la citada norma podrían acarrear multas desde 100.000 euros hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. Desde la Dirección General de Consumo se recalca, no obstante, “que la apertura de este expediente no prejuzga el resultado final del mismo” y que el incoamiento del expediente abre ahora un período para la instrucción del expediente definitivo y la consecuente resolución por parte de Consumo.

Airbnb, por su parte, asegura que siempre pide a los anfitriones que confirmen que disponen de los permisos necesarios y que cumplen con las regulaciones locales, sostiene que el ministerio se extralimita en sus acciones y que ha “eludido los procesos legales y ha proporcionado un listado de anuncios desarrollado utilizando una metodología indiscriminada”. “El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 no sólo se extralimita — ya que no es competente para hacer cumplir las regulaciones en materia de alojamientos turísticos— también ha ignorado de manera deliberada las resoluciones del Tribunal Supremo de España y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han dejado claro que no todos los anuncios en Airbnb requieren un número de licencia y que Airbnb no es un proveedor de servicios de alojamiento, sino un proveedor de servicios de internet, por lo que se aplican diferentes reglas que Airbnb cumple plenamente”, afirma en un comunicado.

La plataforma hace hincapié en que está sujeta a la Ley de Servicios Digitales y que no tiene obligaciones de supervisión. En este sentido, esgrime un dictamen de 2019 de la justicia europea que resolvió que Airbnb es un servicio de la sociedad de la información y no un agente inmobiliario, y otro del Supremo, de 2022, que concluyó que la información de los anuncios es responsabilidad del prestador del servicio turístico final y no de la plataforma.

Agencias inmobiliarias

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo mantiene abiertas otras dos investigaciones relacionadas con los pisos turísticos. En octubre empezó a rastrear irregularidades entre diversas agencias inmobiliarias que habrían llevado a cabo hasta tres supuestas prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión de esos alquileres temporales: obligar al pago de una comisión por la gestión del arrendamiento; firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad e imponer cláusulas que contravienen la normativa que los regula. Y hace tan solo una semana lanzó una investigación contra las grandes gestoras que se hacen pasar en las citadas plataformas por clientes particulares para esquivar obligaciones legales como la de contar con un servicio de atención al cliente y la estigmatización que los grandes tenedores tienen entre una parte relevante de los inquilinos.

Desde la Dirección General de Consumo se recuerda que todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España, una cuestión que consideran como uno de los principales problemas que tiene nuestro país. “Hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares. Ninguna empresa en España, por grande o pequeña que sea, puede estar por encima de la ley”, señaló recientemente Bustinduy.

La doble pinza sobre las plataformas como Booking o Airbnb está en marcha. A las sanciones desde la Administración central se han unido los planes municipales de dos grandes ciudades, que concentran una parte importante de su negocio, para sacarlas fuera de los centros históricos y así acallar el descontento ciudadano por un crecimiento descontrolado que ha reducido la oferta de vivienda en alquiler y ha disparado los precios. Madrid es la pionera, con el Plan Reside aprobado hace un mes, que prevé vetar en el centro de la ciudad a partir de agosto de 2025 cualquier piso turístico en un edificio donde comparta espacio con vecinos, con la excepción de si cuenta con un acceso independiente a la calle (algo que solo cumplen una mínima parte). Barcelona está dispuesta a hacer lo mismo, aunque la norma no entrará en vigor hasta 2028.