Consumo abre expediente sancionador a una plataforma de pisos turísticos al no retirar “miles” de anuncios sin licencia

La Dirección General de Consumo vuelve a poner la lupa sobre las grandes plataformas que alojan anuncios de alquiler de pisos turísticos. El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha incoado un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de pisos turísticos, a la que no identifica, tras advertir a la empresa, sin éxito y de forma reiterada, de la necesidad de retirar “de forma inminente” miles de anuncios sobre pisos turísticos que contenían publicidad ilícita.

La investigación de Consumo arrancó en junio con la petición de información a diversas plataformas sobre las viviendas anunciadas en sus respectivos dominios y la solicitud específica y reiterada a una de ellas por la que se le instó a retirar “de forma inminente” miles de anuncios de viviendas turísticas alojados en su dominio que no ofrecían su número de licencia, entre otros posibles incumplimientos de lo recogido en el artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Seis meses desde el inicio de la investigación y tras comprobar que los anuncios no habían sido retirados, la Dirección General de Consumo ha incoado expediente sancionador a esta plataforma por no dar solución al problema detectado.

Asimismo recuerda que los anuncios, al estar comercializados en varias comunidades autónomas al mismo tiempo, “podrían estar incurriendo en lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada”. Todas esas infracciones graves a la citada norma podrían acarrear multas desde 100.000 euros hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. Desde la Dirección General de Consumo se recalca, no obstante, “que la apertura de este expediente no prejuzga el resultado final del mismo” y que el incoamiento del expediente abre ahora un período para la instrucción del expediente definitivo y la consecuente resolución por parte de Consumo.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo mantiene abiertas otras dos investigaciones relacionadas con los pisos turísticos. En octubre empezó a rastrear irregularidades entre diversas agencias inmobiliarias que habrían llevado a cabo hasta tres supuestas prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión de esos alquileres temporales: obligar al pago de una comisión por la gestión del arrendamiento; firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad e imponer cláusulas que contravienen la normativa que los regula. Y hace tan solo una semana lanzó una investigación contra las grandes gestoras que se hacen pasar en las citadas plataformas por clientes particulares para esquivar obligaciones legales como la de contar con un servicio de atención al cliente y la estigmatización que los grandes tenedores tienen entre una parte relevante de los inquilinos.

Desde la Dirección General de Consumo se recuerda que todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España, una cuestión que consideran como uno de los principales problemas que tiene nuestro país. “Hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares. Ninguna empresa en España, por grande o pequeña que sea, puede estar por encima de la ley”, señaló recientemente Bustinduy.

La doble pinza sobre las plataformas como Booking o Airbnb está en marcha. A las sanciones desde la Administración central se han unido los planes municipales de dos grandes ciudades, que concentran una parte importante de su negocio, para sacarlas fuera de los centros históricos y así acallar el descontento ciudadano por un crecimiento descontrolado que ha reducido la oferta de vivienda en alquiler y ha disparado los precios. Madrid es la pionera, con el Plan Reside aprobado hace un mes, que prevé vetar en el centro de la ciudad a partir de agosto de 2025 cualquier piso turístico en un edificio donde comparta espacio con vecinos, con la excepción de si cuenta con un acceso independiente a la calle (algo que solo cumplen una mínima parte). Barcelona está dispuesta a hacer lo mismo, aunque la norma no entrará en vigor hasta 2028.