Consumo se lanza contra las grandes gestoras que alquilan pisos turísticos haciéndose pasar por particulares

Cerco del Gobierno a las empresas con centenares de viviendas turísticas bajo gestión. La Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha iniciado una línea de investigación en diversas comunidades autónomas en busca de prácticas comerciales desleales que constituyan infracciones de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

La norma define como práctica engañosa, en su artículo quinto, “cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aún siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico”. El mismo texto contempla, en el artículo 27, supuestos como afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario.

La investigación se inicia a partir de las denuncias elevadas por varios particulares que alquilaron pisos turísticos pensando que el propietario también era un particular cuando en realidad era una empresa, lo que constituye una práctica engañosa definida en el título quinto de la citada norma. Entre los beneficios que también pueden obtener las empresas por ocultar su verdadera identidad se encuentra, en primer lugar, el de esquivar la obligación legal de contar con un servicio de atención al cliente para atender posibles reclamaciones. También está el de sortear el rechazo de una gran parte de la demanda de alquiler turístico a los grandes gestores y propietarios de pisos, puesto que no casan con los principios de la economía colaborativa sobre los que nacieron empresas como Airbnb. Esta plataforma se defiende argumentando que el 80% de sus caseros solo alquila una vivienda y que obtienen una media de 4.700 euros al año en ingresos, equivalentes a dos meses del salario medio en España. “Los anfitriones en España dependen de los ingresos obtenidos a través del uso compartido de la vivienda para llegar a fin de mes, ahorrar para la jubilación o financiar mejoras en sus hogares”.

El bum en el alquiler de viviendas de uso turístico, tanto de propietarios particulares como de gestores profesionales, tiene su origen en la mayor rentabilidad frente al alquiler de largo plazo, lo que ha provocado la salida de miles de viviendas del mercado del alquiler tradicional. Los últimos datos de La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), un lobby que representa a 29 de las empresas más grandes del sector turístico, reflejan que las viviendas de uso turístico en las 20 ciudades que más pernoctaciones registran en España crecieron un 23% anual hasta superar los 80.000 anuncios en el primer trimestre de 2023. Una tendencia que no se ha frenado en los últimos trimestres y que ha provocado la salida en tromba de ciudadanos en Canarias, Baleares, Barcelona o Málaga para manifestarse contra el turismo masivo y el impacto negativo que tiene en la falta de vivienda y en su elevado precio.

La investigación lanzada esta mañana por el ministerio que lidera Pablo Bustinduy es la tercera que está relacionada con las viviendas de uso turístico. La primera arrancó en junio para indagar sobre los anuncios detectados en algunas plataformas de alojamientos que no disponían de licencia para operar, lo que constituye una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. En octubre también se abrió un expediente de investigación tratando de encontrar irregularidades entre diversas agencias inmobiliarias que habrían llevado a cabo hasta tres supuestas prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler: obligar al pago de una comisión por la gestión del arrendamiento; la de firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad, y la aceptación de cláusulas que contravienen la normativa. Los contratos temporales constituyen una práctica irregular utilizada por muchos propietarios de viviendas en zonas de gran afluencia turística para alquilarlos a largo plazo de octubre a junio y como vivienda turística de julio a septiembre.

En numerosas declaraciones públicas, Bustinduy ha fijado como prioritaria la lucha desde su departamento para atajar la crisis de la vivienda. “Hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”. Además de exigir que se ponga freno a la especulación en torno a la vivienda, Pablo Bustinduy ha solicitado a todas las administraciones públicas que tomen todas las medidas necesarias para abordar este problema, especialmente apreciable entre las personas más jóvenes y con menos recursos económicos. Un informe publicado este martes por la plataforma Talento para el Futuro sostiene que la vivienda es una de las principales preocupaciones para el 63% de las personas con edades de 18 a 30 años. En España, los jóvenes deben destinar, de media, hasta el 94% de su sueldo para poder emanciparse, y ese momento no llega hasta cumplidos los 30 años.